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Un artículo publicitario hecho por The New York Times y titulado “Casas de $550,000 en Nicaragua” ubica al país como un destino idóneo para comprar propiedades lujosas a buen precio, sin embargo, analistas critican que no se advierte de los riesgos que pueden exponerse los compradores por la falta de garantías jurídicas en el país.
“Que digan que una casa vale medio millón de dólares en Nicaragua, se están enfocando en el precio, pero no necesariamente en el enorme riesgo que implica comprar esa propiedad”, advierte el economista y opositor, Juan Sebastián Chamorro.
Por su parte, el especialista en temas de inmigración, Rommel López, señala que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ya han confiscado universidades, medios de comunicación, oenegés, propiedades privadas y hasta bienes de la Iglesia católica. “Podrían hacer lo mismo con inversiones extranjeras si lo considera conveniente. Hoy permite ciertas operaciones, pero no hay ninguna garantía de que las respete en el futuro”, detalla.
La publicación de The New York Times destaca tres propiedades ubicadas en las playas de Rivas, las que son frecuentadas por turistas extranjeros. Una de ellas está ubicada en Playa Majagual, que según el rotativo estadounidense “es uno de los destinos de playa más bonitos de Nicaragua. La zona atrae a visitantes extranjeros, entre ellos numerosos surfistas”.
En esa playa promociona una propiedad de cuatro dormitorios con vistas al oceáno por 525,000 dólares. También muestra otra en La Joya, un sitio que describe como “parte de un amplio barrio privado llamado Pacific Marlin, ubicado en un acantilado con impresionantes vistas del pueblo. El barrio se encuentra bajo una estatua del Cristo de la Misericordia, una de las representaciones de Jesucristo más grandes del mundo, con vistas a la bahía de San Juan del Sur”.
Ambas propiedades son ofrecidas por una empresa de bienes raíces llamada The Agency, y cuyo contacto en Nicaragua es Joao Mucciolo, según publica el periódico neoyorquino.
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Asimismo, muestra otra propiedad ubicada en la urbanización Pelican Eyes, la cual “se extiende en las colinas sobre San Juan del Sur” y “ofrecen vistas de la media luna de la playa y de la imponente estatua del Cristo de la Misericordia que domina la bahía”.
El precio de esa propiedad está en 549,000 dólares y es ofrecida por RE/MAX Coastal Properties, una agencia fundada en San Juan del Sur en 2011 por Jesse Pedro Resau y Gabriela Castillo de Resau.
No hay garantías
Pese a la atractiva publicidad, ni The New York Times ni las inmobiliarias advierten a sus clientes de los riesgos que supone comprar una propiedad en Nicaragua, consideran los expertos consultados.
“Muchos turistas e inversionistas no comprenden que están adquiriendo propiedades en un país bajo un régimen autoritario, sin transparencia judicial, sin instituciones independientes y con antecedentes comprobables de confiscación arbitraria”, critica Rommel López.
Juan Sebastián Chamorro, por su parte, recuerda que los derechos de la propiedad se violentan en Nicaragua. Él mismo lo ha vivido en carne propia. En 2024, el régimen de Ortega y Murillo le confiscó la isleta La Zompopera, en Granada, que heredó su padre Xavier Chamorro Cardenal.
La dictadura, además de arrebatarle su propiedad, se la traspasó al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). “Es un robo descarado y documentado”, valoró Chamorro en ese entonces.
Con el anuncio hecho por The New York Times, Chamorro recuerda que “los derechos de la propiedad se violentan y no se respetan a través de confiscaciones arbitrarias”.
También explica que el mismo ambiente de inseguridad ha provocado que los mercados inmobiliarios se resientan por la ausencia del Estado de derecho. “Eso se expresa en precios bajos de las propiedades porque el riesgo y el no tener claramente definido el derecho sobre esas propiedades, se castiga con el precio. No quieren tomar el riesgo de comprar una casa y no poder trasladarla a un tercero cuando quiera venderla, que es algo que está ocurriendo”, detalla Chamorro.
Además, el economista señala que esta zona de San Juan del Sur es conocida por el tráfico de propiedades y la corrupción que existe en este negocio y que ha hecho caer a varios jueces, abogados y funcionarios judiciales.
“Pelican Eyes es un buen ejemplo de un proyecto inconcluso, aparentemente por problemas financieros del desarrollador, pero que también involucró intervención pública, intereses creados. Hay una corrupción ahí bien conocida desde hace ya décadas operando en las costas de Tola, Rivas y esa zona”, comenta Chamorro.
Por su parte, López señala que este tipo de artículos, “aunque puedan parecer inofensivos corren el riesgo de ser utilizados por el régimen como propaganda para proyectar una imagen de normalidad y apertura que no existe”.
Falsa normalidad
A un exdiplomático nicaragüense que solicita anonimato le llama la atención que la publicación The New York Times fue hecha después de que una funcionaria del Gobierno de Estados Unidos dijera que Nicaragua es un “destino turístico mundial”.
“Obviamente estos publirreportajes son pagados, pero también hay que tener cuidado en no promover cosas que hagan pensar que las cosas en Nicaragua están bien. En Nicaragua hay una dictadura, no es un paraíso como dijeron”, resalta.
El pasado 8 de julio, la administración de Donald Trump canceló el TPS para más de 2,000 nicaragüenses que llegaron a Estados Unidos a finales de los noventa y que se vieron afectados por los estragos del huracán Mitch. El argumento que utilizó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, es que Nicaragua es un “destino turístico mundial” y que ha avanzado económicamente.
El exdiplomático cree que estas afirmaciones “obedecen al interés de la administración Trump de deshacerse de todos los migrantes que están en Estados Unidos”. El experto en inmigración, Rommel López, coincide en que “parece una señal clara de que hay un interés político en reducir el número de inmigrantes protegidos, aun cuando eso implique exponer a miles de personas a situaciones de riesgo al ser forzadas a regresar a un país donde aún hay represión, cárcel y persecución”.
Juan Sebastián Chamorro también considera que las palabras de Noem “adolecen de una investigación a fondo sobre Nicaragua, tanto en lo económico como en lo social, lo político y presenta una visión muy poco informada de lo que está pasando”.
A Chamorro le pareció poco serio que Noem citara una publicación en inglés poco conocida llamada El Magnate en donde se hace referencia sobre Nicaragua en un artículo sin autor y que pareciera un reportaje publicitario. “No luce que una instancia del gobierno federal se apoye de una publicación tan desconocida”, valora Chamorro.
El economista comenta que él y otros opositores han enviado comunicaciones al departamento de Estado advirtiendo de la necesidad de estar mejor informados sobre la realidad de lo que sucede en Nicaragua, “y no hacer un diagnóstico demasiado alegre”.
También señala que es cierto que en el país ha habido crecimiento desde lo ocurrido con el huracán Mitch, pero eso no quiere decir que Nicaragua sea un destino seguro porque la actual dictadura es “un enorme riesgo para la ciudadanía nicaragüense y para los extranjeros también”.
Contradicción de la administración Trump
A criterio de Rommel López, “lo que estamos viendo es una contradicción alarmante” por parte del Gobierno de Estados Unidos. Por un lado, reconoce que Nicaragua es una dictadura, advirtiendo a sus ciudadanos de no visitar el país, y por el otro dice que es un lugar seguro para retornar.
“El Departamento de Estados advierte a los ciudadanos estadounidenses que reconsideren viajar a Nicaragua. ¡Ningunas vacaciones valen el precio de la libertad!”, dijo a través de X, el enviado presidencial especial para Asuntos de Rehenes, el pasado 17 de junio.
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“Si Nicaragua es un paraíso turístico, ¿por qué hay miles de exiliados? ¿Por qué siguen saliendo personas cada semana? ¿Y por qué tantos opositores, periodistas y defensores de derechos humanos no pueden volver sin temor a represalias? Lo que necesitamos es coherencia en la política exterior y migratoria. No se puede llamar dictadura a un régimen y al mismo tiempo declarar que es un lugar seguro para retornar”, señala López.
