La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EE. UU.), Kristi Noem, informó oficialmente este lunes 7 de julio que su gobierno ha cancelado definitivamente el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Nicaragua y Honduras.
El TPS era un programa migratorio humanitario de EE. UU. para favorecer a muchos inmigrantes nicaragüenses, hondureños y de otros países. Según estimaciones del Gobierno estadounidense, aproximadamente unas 3 mil personas nicaragüenses, pero más de 72 mil hondureñas, viven hasta ahora en ese país al amparo del TPS. Pero a partir de ahora tienen 60 días para salir voluntariamente de EE. UU., de lo contrario serán perseguidas, encarceladas y deportadas.
El TPS fue aprobado por Estados Unidos (EE. UU.) en1999 para acoger a gente de Nicaragua y Honduras damnificada por el huracán Mitch. El programa era para un tiempo determinado, pero fue prorrogado en varias ocasiones. Hasta ahora que el gobierno de Trump lo ha liquidado.
Sin duda que la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU. tiene razón al decir que después de un cuarto de siglo ya no existen las condiciones que originaron el TPS. Ciertamente, en los 25 años transcurridos hubo muchos cambios en estos países y el Mitch es solo un lejano y mal recuerdo.
Sin embargo, la situación socioeconómica y política de Nicaragua sigue siendo desastrosa, por la existencia de una dictadura cruel y despiadada que ha arrasado las libertades y derechos de los nicaragüenses y causado una catástrofe de derechos humanos. Por eso es que según organismos de derechos humanos desde 2018 más de 850 mil nicaragüenses se han ido del país.
A pesar de eso no es sorprendente la decisión del Gobierno de EE. UU. de deportar a los migrantes protegidos hasta ahora por el TPS, que ya se esperaba. Lo que sorprende es el argumento oficial para justificar la liquidación del TPS para los nicaragüenses.
«Nicaragua —dice la secretaria Kristi Noem en su comunicación oficial—, ahora es un país líder en crecimiento en turismo, ecoturismo, agricultura y energías renovables… Proyectos de décadas de duración han mejorado la administración y gestión de tierras, y otros proyectos de inversión han contribuido a la vivienda, la inseguridad alimentaria y la restauración del sector salud…”
Agrega la funcionaria estadounidense que “Nicaragua… se ha convertido en un destino turístico mundial, a la vez que promueve la sostenibilidad y revitaliza las comunidades locales. La innovación tecnológica está empoderando a los agricultores y pescadores locales, haciendo que la industria agrícola sea más competitiva y rentable… Además, Nicaragua ha aceptado regularmente el regreso de sus ciudadanos con órdenes de expulsión definitivas durante los últimos cinco años…»
Pero la secretaria Noem no debe de haber inventado esa información fantástica sobre Nicaragua, tiene que ser la que reporta la Embajada de EE. UU. en Managua. Y la explicación posible es que, como dicen algunos expertos, tiene que haber una negociación secreta entre el gobierno de Trump y la dictadura de Ortega y Murillo.
Precisamente el recién pasado fin de semana la revista nicaragüense en línea, Confidencial, transmitió una entrevista con el director del Instituto de Políticas Migratorias de Estados Unidos, Andrew Selee, quien aseguró que “hay una negociación entre Ortega y Trump para recibir los vuelos de deportados nicas”. Y agregó: “No sabemos qué se da a cambio de eso, de parte de Estados Unidos, si Estados Unidos ejerce algún tipo de presión, si quita algún tipo de presión que habría hecho de otra forma. Pero, obviamente, no está recibiendo los aviones de gratis el régimen Ortega-Murillo”.
Lo dicho por Selee podría ser también la explicación de que Daniel Ortega se cuida mucho de no atacar al presidente Trump, a pesar de que siempre ha sido un furibundo antimperialista yanqui. Y la explicación también de que salvo algunas expresiones aisladas del secretario de Estado, Marco Rubio, sobre la dictadura de Nicaragua, lo que esta hace contra su propio pueblo de adentro y fuera del país no parece importarle mayor cosa al gobierno estadounidense.
