El Tribunal Superior de Bogotá emitió una orden de captura contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia (Dapre), y presuntamente refugiado en Nicaragua. Sin embargo, analistas colombianos dudan de la efectividad de la orden, dado que el exfuncionario estaría bajo la protección del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
A González se le señala por su presunta participación en un millonario escándalo de corrupción vinculado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), entidad encargada de administrar recursos públicos destinados a emergencias y desastres naturales. Durante la audiencia judicial, el magistrado Leonel Rogeles tomó la decisión tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía colombiana, que imputó a González los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
Lea también: Dictadura habría otorgado refugio a exfuncionario colombiano buscado por corrupción a cambio de Ricardo Martinelli
«Para proteger a la comunidad del actuar criminal desplegado por este ciudadano, es preciso imponerle medida restrictiva de la libertad», indicó el juez Rogeles, al señalar la gravedad de los hechos y la presunta vinculación de González con una red de corrupción dentro del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Señalado argumenta que es una «persecución política»
Durante la audiencia realizada en línea, el exfuncionario acusado participó y respondió a la orden de captura argumentando que el caso en su contra es «por ser amigo del presidente, por haber sido guerrillero (…) a mí sí me asusta, se supone que somos un sistema democrático».
También aprovechó para recordar que hace 25 años vivió lo mismo. «Me montaron un proceso, pura persecución política, tres años de mi vida pérdida», aseveró.
Jorge Restrepo, experto en relaciones internacionales y profesor de la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, dijo a LA PRENSA que «la afirmación que hace el señor González de que es un perseguido político lo hace simplemente para recolectar pruebas o una documentación de respaldo que le pueda servir como una solicitud de amparo en el país donde esté, es una afirmación a mi juicio falsa, ofensiva e indigna que ha ocupado diversas ocupaciones de gobierno».
Insistió que los delitos que se le imputan «no son políticos, ni demuestran persecución política sino de crímenes comunes que hace la organización criminal de la que se le acusa al señor que ha sido responsable».
Dado a las declaraciones del exfuncionario, otro experto en relaciones internacionales de Colombia, quien pidió ser citado bajo anonimato, apuntó que las declaraciones de González evidencian que «permanecerá en Nicaragua y no saldrá de allí, aunque se emita una circular roja para ser enviado a Colombia».
Agregó que de girarse una orden de captura internacional contra González, la posibilidad de que se convierta en realidad «es difícil o nula debido a que la condición de ‘protegido’ del régimen Ortega le garantiza seguridad durante su estadía en ese país, y lo afirmo porque conocemos antecedentes, por mencionar los casos de expresidentes de El Salvador, que a pesar de tener órdenes de captura viven libres en suelo nicaragüense como prófugos de la justicia, cualidad que ahora tiene González».
Sobre la orden de captura, Restrepo dijo que «es con fines de prisión, es decir, de prisión preventiva, para que no intervenga, no pueda llegar a afectar la etapa de juzgamiento después de todas las pruebas que ha hecho la fiscalía por los delitos por los que se le acusa. La orden tiene cabida y aunque él está en derecho de pedir asilo, el país que le conceda debe tomar ese criterio en cuenta, los delitos son comunes no políticos».
Medida de aseguramiento y orden de captura
La Fiscalía sostiene que González, desde su cargo como director del Dapre, habría ordenado al entonces director de la Ungrd, Olmedo López, el pago de sobornos a congresistas para asegurar la aprobación de proyectos presentados por el Ejecutivo. Dichos pagos habrían salido de fondos públicos asignados para la atención de desastres naturales.
«Existen elementos probatorios que indican que González Merchán fue quien acudió a los congresistas para gestionar los sobornos», detalló el magistrado durante la lectura del auto judicial.
Durante la audiencia, el magistrado resolvió abstener y decretar medida de aseguramiento contra el exfuncionario de Petro por los delitos antes mencionados. Asimismo, emitió una orden en su contra «para cumplir con la medida de aseguramiento».
El documento establece que, una vez se materialice la detención de González, deberá ser trasladado al establecimiento de reclusión que el Inpec determine.
«Informar a las autoridades competentes a través de la secretaría del tribunal, de la determinación adoptada, para que una vez se haga efectiva la captura del imputado, se le traslade al establecimiento de reclusión que el Inpec considere pertinente, para la correspondiente reseña, verificación y custodia del cumplimiento de la medida», dijo el magistrado.
Lea además: Israel denuncia hostigamiento a sus ciudadanos en Nicaragua y recomienda no visitar el país
Durante la lectura del fallo, el magistrado Rogeles indicó que por «su constante ingreso y salida de territorio colombiano, es probable que se ausente del país para evitar el ejercicio de la acción penal adelantada en su contra, entre otros motivos, dadas las penas tan altas a las que se podría enfrentar, en caso de ser vencido en juicio».
Exfuncionario podría estar en Nicaragua
El Tiempo de Colombia reveló en junio pasado que González está oculto en Nicaragua bajo la protección de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, después de que habría sido recibido en Managua como parte de un presunto canje político a cambio del expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien el 10 de mayo pasado fue trasladado desde la embajada de Nicaragua en Panamá hacia Bogotá, donde recibió asilo.
De hecho la Fiscalía General de Colombia rastreó la ubicación del celular del exfuncionario, encontrando que la dirección IP del aparato se ubicó en Nicaragua. Lo último que se conocía de González es que había salido del país el 2 de noviembre de 2024 rumbo a San José, Costa Rica.
En medio de la audiencia, la fiscal del caso María Cristina Patiño mencionó que «es altamente probable que Carlos Ramón González no tenga la intención de someterse a la investigación, a la persecución penal ni al cumplimiento de una eventual pena».
Puede interesarle: Extranjeros prófugos de la justicia encuentran «seguridad» en Nicaragua, lo contrario a los propios nicaragüenses
Bajo la dictadura orteguista, Nicaragua se ha convertido en un refugio para extranjeros prófugos de la justicia. Aunque los casos de extranjeros prófugos de la justicia conocidos son los expresidentes de El Salvador, Mauricio Funes (q.e.p.d) y Salvador Sánchez Cerén y toda su familia; también la dictadura alberga en el país a funcionarios como el exfiscal hondureño, Óscar Fernando Chinchilla, Ebal Díaz Lupián y Ricardo Cardona López, exfuncionarios de la Administración del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico, que fueron nacionalizados en 2022.
«No se trata sólo de que les abra las puerta de Nicaragua, sino que lamentablemente sabemos que les dan la facilidad de obtener la ciudadanía nicaragüense», reprochó el experto colombiano.
