Que Nicaragua sea un país donde no se permite la extradición a los nacionales es lo que estaría atrayendo a extranjeros prófugos de la justicia, según la opinión de un experto en relaciones internacionales, pero también este beneficio que otorga la Constitución Política se habría convertido en un negocio para la dictadura de Daniel Ortega, según la misma fuente.
La Carta Magna establece en el artículo 43 que “los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional”, por lo que convenientemente familias enteras de expresidentes extranjeros, acusados de corrupción, han solicitado ser nacionalizados nicaragüenses.
El experto, que pidió no revelar su identidad por temor a represalias, dijo que no es una coincidencia que “muchos extranjeros nacionalizados tienen causas judiciales pendientes en sus países de origen”, sino que como en Nicaragua “no existe la figura de extradición, se sienten seguros” en este país, pero no duda que ofrezcan algo a cambio de la nacionalidad.
“Hay toda una trama ilegal y corrupta en el funcionamiento del Gobierno. Puede ser el pago de dinero, propiedades, transacciones ilícitas, como medidas para conseguir la nacionalidad”, manifestó el experto.
El experto valoró que no tiene nada malo que un país nacionalice a extranjeros si estos cumplen con todos los requisitos, pero en Nicaragua hay que pagar una cuota si es un extranjero perseguido.
Otro exfuncionario hondureño en Nicaragua
Este domingo 3 de septiembre se conoció que el exfiscal hondureño, Óscar Fernando Chinchilla, se sumó a la lista de extranjeros que se refugian en Nicaragua tras ser señalados de corrupción en sus países.
Ebal Díaz Lupián y Ricardo Cardona López, exfuncionarios de la Administración del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, extraditado a Estados Unidos por delitos de narcotráfico, fueron nacionalizados en 2022.
Medios de comunicación hondureños informaron que Díaz y Cardona salieron con más de 4 millones de lempiras en sus cuentas bancarias, equivalentes a 162,338.26 dólares.
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Aún más conocidos son los casos de los expresidentes de El Salvador. El exmandatario salvadoreño Mauricio Funes, acusado de enriquecimiento ilícito durante su gestión, fue nacionalizado nicaragüense junto con su esposa y dos hijos en 2019. Y el expresidente Salvador Sánchez Cerén y 11 personas de su núcleo familiar fueron nacionalizados en 2021, entre ellos, su esposa, sus hijos, yernos, nietos y bisnietos. Sánchez también es acusado de cometer actos de corrupción durante su Administración y tiene orden de captura.
Particularmente el expresidente Funes y uno de sus hijos son asesores de la Presidencia de Nicaragua, con onerosos salarios, otro patrón de beneficios que el régimen orteguista concede a los extranjeros.
El negocio no tiene ideología
Sin embargo, lo que llama particularmente la atención al experto es que el régimen de Ortega no discrimina la ideología de sus “huéspedes”, porque en el caso de Honduras, recibe a exfuncionarios perseguidos por el actual gobierno de Xiomara Castro, aunque Ortega es su aliado, lo que confirma que hay un negocio detrás de eso.
La fuente cree que con estos gobiernos hay un acuerdo para ofrecerles asilo en el futuro, en el caso de que les pase lo mismo cuando salgan del poder.
“La ideología queda de lado totalmente, porque para el acto de la toma de posesión de Ortega, Juan Orlando Hernández (presidente anterior de Honduras) vino y también vino una delegación de Libre (partido de Xiomara Castro). Hay un delicado equilibrio de simpatía, para los funcionarios anteriores de Juan Orlando y para Xiomara Castro, porque no hay ningún enfrentamiento verbal entre Ortega y ella, porque ideológicamente son iguales, son de izquierda, pero creo que más allá lo económico les da esa oportunidad de dejar atrás la izquierda, para hacer negocios”, observó el experto.
Nicaragua, “escape para delincuentes”
La politóloga Carmen Chamorro manifestó que la entrada del exfiscal hondureño no debe sorprender, porque ya son incontables los casos de corrupción que la dictadura ha apañado y protegido, incluso dijo que “podemos esperar más nacionalizaciones de personajes como este, en un contexto de creciente autoritarismo en la región centroamericana, donde la mayoría de gobernantes se han abstenido a criticar a la dictadura Ortega Murillo”.
Chamorro confirmó que “Nicaragua se ha convertido en un paraíso de escape para delincuentes, políticos corruptos y perseguidos por la justicia”.
“No solamente se les otorga entrada sino que obtienen ciudadanía nicaragüense con mucha facilidad. Lamentablemente este trato desigual solo beneficia a allegados al régimen que buscan refugio de la persecución, cuando muchas personas que están en el país legalmente luchan por renovar su residencia legal y se les es negado año tras año. Incluso, muchos de estos ´refugiados´ del régimen se ven beneficiados con residencias en las zonas más privilegiadas del país y cuentan con protección y libertad para hacer lo que quieran en Nicaragua”, dijo Chamorro.
La politóloga señaló además el caso del sobrino del fallecido dictador libio Muammar Gadafi, Mohamed Lashtar, quien es embajador de Nicaragua en numerosos países, asesor de Ortega y representante ante organismos internacionales.
“Esto no es nada nuevo, Ortega ha sostenido estrechas relaciones con dictadores e incluso líderes terroristas desde los 80 y ha fortalecido esas relaciones recibiendo a quienes huyen del poder en nuestro país”, valoró Chamorro.
Otro ejemplo que trajó Chamorro es el del italiano Alessio Casimirri, a quien la Eurocámara ha solicitado que se extradite desde hace varios años, por los crímenes que tiene pendientes en su país.
“Y así incontables otros casos. Probablemente el régimen no otorga semejantes beneficios por ‘solidaridad’, sabemos que algunos aliados han facilitado recursos financieros, entrenamientos militares y tácticos e incluso apoyo a nivel internacional a la dictadura para sostenerse en el poder”.
Para Chamorro, “a nivel internacional esto es percibido como una amenaza de seguridad sobre todo para países como Estados Unidos que lo han expresado como preocupación, por ejemplo en los papeles del Pentágono o investigaciones sobre colaboraciones con organizaciones terroristas e involucramientos en ataques que atentan con la seguridad de su país, como fue el caso del ataque a las Torres Gemelas donde se encontraron pasaportes nicaragüenses”.
El opositor nicaragüense desnacionalizado, Héctor Mairena, también señaló el contraste de nacionalizar a “corruptos extranjeros”, mientras le quita la nacionalidad a opositores nicaragüenses, lo que para él significa que para Ortega el Estado de Nicaragua es como que fuera su finca.