Carlos Ramón González, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia y figura clave en un escándalo de corrupción que sacude al gobierno de Gustavo Petro, está oculto en Nicaragua bajo la protección de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, reveló El Tiempo de Colombia.
González —según confiaron fuentes diplomáticas nicaragüenses al medio colombiano— habría sido recibido en Managua como parte de un presunto canje político a cambio del expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien el 10 de mayo pasado fue trasladado desde la embajada de Nicaragua en Panamá hacia Bogotá, donde recibió asilo.
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El exfuncionario colombiano habría ingresado a Nicaragua a mediados de mayo pasado y está imputado por los delitos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos. Es señalado de liderar un esquema de sobornos para favorecer al gobierno de Petro en el Congreso dentro del escándalo de corrupción de la UNGRD.
La Fiscalía de Colombia lo señala como el «determinador» del multimillonario saqueo que se desató en la UNGRD, en primera instancia para comprar por tres mil millones de pesos al expresidente del Senado y hoy detenido Iván Name, y con otros mil millones al expresidente de la Cámara, Andrés Calle, también bajo detención.
Fiscalía lo rastreó por medio de su celular
La Fiscalía General de Colombia rastreó la ubicación del celular del exfuncionario, encontrando que la dirección IP del aparato se ubicó en Nicaragua. Lo último que se conocía de González es que había salido del país el 2 de noviembre de 2024 rumbo a San José, Costa Rica.
En medio de la solicitud de prisión preventiva para González el viernes 6 de junio, la fiscal del caso, María Cristina Patiño, aseguró que en la audiencia del pasado 21 de mayo se identificó a «un usuario anónimo, con conexión desde las 9:28 con duración de una hora y 29 minutos, tiempo que corresponde con la presencia virtual del imputado en la audiencia, conectado desde un celular ubicado en la ciudad de Managua, Nicaragua, país fronterizo con Costa Rica».
La Fiscalía basó su investigación en los rastreos de las celdas telefónicas y la dirección IP del dispositivo de González, lo que permitió ubicarlo en la capital nicaragüense.
La fiscal Patiño solicitó al magistrado Leonel Rogeles que se imponga una medida de aseguramiento intramural contra, argumentando que su comportamiento evidencia una intención de evadir a la justicia.
«El procesado, sabiendo de la existencia de esta investigación, de su importancia, y de la gravedad de sus consecuencias negativas, se abstuvo de informar a la Fiscalía de su salida del país y mucho menos de su regreso. Y si bien frente a este argumento podría oponerse que González no tiene restricción de salir del país, su comportamiento es indicativo de que no quiere que la administración de justicia tenga conocimiento de su ubicación material. González hoy tiene un arraigo aparente y no real», apuntó.
Ante la solicitud de medida de aseguramiento intramural, la Fiscalía no descarta solicitar a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) una circular azul para la localización de González, sin embargo, la efectividad de esta medida podría verse limitada por la protección que le brinda la dictadura nicaragüense.
¿Canje por Martinelli?
De acuerdo con el periódico El Tiempo, las fuentes diplomáticas nicaragüenses señalaron que hasta abril pasado a la persona que iban a recibir en Nicaragua era al expresidente panameño Martinelli —condenado en su país a diez años y ocho meses de cárcel por blanqueo de dinero— quien permaneció por más de un año asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá.
El 10 de mayo, la Cancillería de Panamá informó que el exmandatario había recibido asilo por parte de Colombia, por lo que viajaría ese país.
«El Gobierno de la República de Colombia, mediante nota formal dirigida por el señor presidente de la República de Colombia, su excelencia Gustavo Petro Urrego, al señor presidente de la República de Panamá, su excelencia José Raúl Mulino Quintero, ha otorgado asilo al ciudadano panameño Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, expresidente de la República de Panamá, y quien hasta la fecha se encontraba asilado en la Embajada de la República de Nicaragua en la ciudad de Panamá», informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.
Pero previo a que Colombia le otorgó asilo, Martinelli ya contaba con un salvoconducto para viajar a Nicaragua. El 4 de abril, Martinelli afirmó que no viajó a Nicaragua porque, según él, lo querían matar, refiriéndose a las autoridades panameñas.
«Era una vil trampa la que me estaban tratando de hacer. Por un lado me estaban dando una supuesta salida y, por otro, me querían joder inventándome una serie de cosas. Con esta gente no se puede confiar. Como no tienen palabra, tampoco son leales. Son gente que te la hace a la entrada o a la salida. Lo que me querían hacer era matarme», dijo Martinelli.
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El 31 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua emitió un comunicado en el que aseguró que las autoridades judiciales de Panamá habían emitido una alerta roja de Interpol contra Martinelli, luego de que el poder ejecutivo panameño le otorgó el salvoconducto. Por esta razón, el régimen nicaragüense sostuvo que mientras esa situación no se resolviera, no podría aceptar el traslado del exmandatario, y calificó el hecho como «una emboscada».
No obstante, el gobierno panameño aseguró que la orden de Interpol no afectaba el salvoconducto. Además, la Policía Nacional panameña informó esa misma mañana que había descartado incluir a Martinelli en una alerta de Interpol.
