El exmagistrado y exministro de Seguridad de Costa Rica, Celso Gamboa Sánchez, arrestado en el país vecino del sur por ser requerido por Estados Unidos, colaboró con dos narcotraficantes nicaragüenses, uno de ellos preso en Costa Rica, para trasladar cargamentos de cocaína presuntamente proveniente de la organización narcotraficante Clan del Golfo. La droga ingresaba a Costa Rica a través de la provincia de Limón, desde donde continuaba su ruta hacia Estados Unidos.
Según la orden de captura, la detención provisional con fines de extradición e impedimento de salida del país, emitida por el Poder Judicial de Costa Rica y a la que tuvo acceso LA PRENSA, los narcotraficantes nicaragüenses Alexander Zacarías Herrera Hernández y Guillermo Gilberto Herrera Hernández pagaban entre 200 mil y 500 mil dólares a Gamboa por el transporte de los cargamentos de cocaína. De acuerdo con testigos citados en la documentación oficial, los intercambios entre Gamboa y los narcotraficantes nicaragüenses ocurrieron entre 2020 y 2022.
Gamboa y tres sospechosos más de narcotráfico son los primeros costarricenses en enfrentar un proceso de posible extradición de su país a solicitud de Estados Unidos, luego de que entrara en vigor una reforma constitucional que permite la extradición de nacionales.
Gamboa ocupó el cargo de viceministro de Seguridad Pública entre 2011 y 2013, cuando la expresidenta Laura Chinchilla le dio la tarea de asumir la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS). Posteriormente fue designado por el expresidente Luis Guillermo Solís como ministro de Seguridad en 2014, pero renunció a los pocos días. En 2016 logró el aval de legisladores para convertirse en magistrado propietario de la Sala de Casación Penal (Sala Tercera) del poder Judicial.
Droga del Clan del Golfo
Uno de los testigos y excolaboradores de Gamboa, citado en la solicitud de extradición de Estados Unidos, mencionó que entre julio y agosto de 2021 recibió en Honduras, de parte de Alexander Herrera y del propio exmagistrado, alrededor de 3,000 kilogramos de cocaína, presuntamente entregada a Herrera por la organización narcotraficante Clan del Golfo.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron al exmagistrado el lunes 23 de junio de 2025 en una vivienda en Escazú, San José. Un tribunal federal de Dallas, Texas, solicitó la orden de arresto provisional con el objetivo de extraditarlo a Estados Unidos por cargos de tráfico internacional de drogas y conspiración. Las autoridades lo vinculan con una organización criminal que operaba desde al menos 2020 y colaboraba con el Clan del Golfo y el Cártel de Sinaloa.
El documento oficial del Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José señala que Gamboa colaboró presuntamente con la Guardia Costera y con autoridades policiales de Costa Rica para garantizar el tránsito seguro de cargamentos de cocaína y evitar que las autoridades costarricenses investigaran o procesaran a los miembros de la red criminal.
También se menciona que Gamboa dijo a excolaboradores que él garantizaba el tráfico de drogas en Costa Rica, a la vez que Estados Unidos confirmó su participación en el envío de un cargamento de 328 kilogramos de cocaína que las autoridades costarricenses incautaron el 21 de julio de 2016 en San José.
En mayo de 2025, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó por unanimidad una reforma al artículo 32 de la Constitución. El presidente Rodrigo Chaves la firmó el 28 de ese mes y el Gobierno la publicó de inmediato en La Gaceta, lo que permitió su entrada en vigor. La reforma autoriza la extradición de ciudadanos costarricenses únicamente en casos relacionados con narcotráfico internacional o terrorismo, siempre que un tribunal lo apruebe y se respeten los derechos fundamentales.
Los Herrera Hernández
En noviembre de 2022, la Fuerza Pública de Costa Rica capturó en Limón al nicaragüense Alexander Herrera Hernández, quien conducía a exceso de velocidad. Interpol lo buscaba con alerta roja desde 2012 por sus presuntos vínculos con una organización criminal relacionada con homicidios en Nicaragua.
Herrera, nacido en Bluefields en 1975, vivió durante muchos años en Limón, Costa Rica, donde utilizaba cédulas de residencia costarricense con los nombres falsos de David Antonio Sambola Wilson y Luis Martínez Lumbí, con las que lograba evadir a la justicia costarricense.
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En 2022, las autoridades informaron que Alexander y su hermano Elías almacenaban drogas y combustible para abastecer pangas rápidas que continuaban su ruta hacia Honduras. Elías pertenecía a una banda criminal conocida como los Tarzanes y también fue condenado en Costa Rica por tráfico de drogas.
Según reportes periodísticos, Guillermo Gilberto Herrera Hernández fue capturado en Costa Rica el 25 de julio de 2018, junto a otras 14 personas, por ser sospechoso de legitimación de capitales y supuesto narcotráfico, tras un allanamiento en Moín, Limón.
No obstante, Guillermo Herrera participó en el tráfico de drogas coordinado por Gamboa entre 2020 y 2022.
«Pecho de Rata» colaboró con Gamboa
Otro de los costarricenses requeridos por Estados Unidos y en prisión preventiva en Costa Rica es Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata, señalado de lavar dinero junto con Gamboa Sánchez, además de coordinar el envío de cargamentos de cocaína desde Colombia —donde se produce en laboratorios clandestinos— hacia Costa Rica a través de Limón.
Fuentes confidenciales informaron a las autoridades estadounidenses que Pecho de Rata, junto con Gamboa Sánchez, recibían cargamentos de un traficante de cocaína con sede en Colombia, conocido como Buty.
Según la criminóloga costarricense Tania Molina, los traficantes suelen ingresar la droga desde Colombia por zonas fronterizas con Panamá, como Sixaola o el Caribe sur, y luego la trasladan por vía marítima o terrestre hacia Centroamérica, México y, finalmente, Estados Unidos.
«También puede enviarse directamente a través de exportaciones desde puertos costarricenses. Es importante recalcar que las organizaciones costarricenses no operan en territorio mexicano: su papel se limita a facilitar el movimiento de la droga dentro del país y hacia el norte», señaló.
Nicaragua fue un puente en dos de los casos
La Embajada de Estados Unidos en Costa Rica identificó que al menos dos de los cuatro costarricenses que enfrentan una solicitud de extradición traficaron drogas a través de Nicaragua.
Los casos documentados en el expediente judicial, que establecen que Nicaragua sirvió como puente para el tráfico y comercialización de cocaína, contradicen la narrativa del régimen de Ortega y Murillo que sostiene que el país es un «muro de contención» contra el narcotráfico.
«No se puede decir que sea un ‘muro de contención’ contra el narcotráfico. Ojalá que la DEA logre identificar con nombres y apellidos a quienes facilitan el tráfico de drogas en Nicaragua, si los hay. Pero eso está fuera del alcance de las autoridades costarricenses, ya que se trata de otro país», señaló Molina.
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El Informe de la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes 2025, Volumen 1, del Departamento de Estado de Estados Unidos, publicado en marzo de este año, señaló que Estados Unidos terminará sus operaciones de la DEA en Nicaragua en 2025, debido a que la dictadura de Ortega y Murillo no colabora, ha rechazado reuniones con funcionarios estadounidenses, ha impedido el trabajo conjunto y la última cooperación significativa ocurrió en 2017.
Robo entre narcos en Nicaragua
Las autoridades señalan a Alexander Leudo Nieves, también conocido como “alias Justo”, costarricense por naturalización y de origen colombiano, como integrante de una organización de tráfico de drogas que opera en Centroamérica, Colombia, Ecuador, México y otros países. Esta red mantiene vínculos con el Clan del Golfo y el Cártel de Sinaloa para traficar drogas hacia Estados Unidos.
Según la solicitud de extradición, Leudo Nieves coordina la recepción de cargamentos entregados en Costa Rica por proveedores colombianos y panameños, y luego los distribuye en Costa Rica, Guatemala, México, Estados Unidos y Europa.
Un testigo citado por EE.UU. (CW3) relató que en 2015 un traficante guatemalteco lo contactó en nombre de Leudo Nieves para transportar aproximadamente 43 kilogramos de cocaína desde Costa Rica hacia Guatemala, a través de Nicaragua. La documentación oficial señala que el testigo recibió la cocaína en Costa Rica y la entregó a un socio para ingresarla a Nicaragua, pero este la robó.
Esto provocó que en febrero de 2023 Leudo Nieves y uno de sus socios llegaran armados al negocio de CW3 en Costa Rica para «recuperar» los 43 kilogramos perdidos. Además, robaron uno de sus camiones y exigieron saldar la deuda restante con dinero en efectivo o cocaína.
El 12 de junio, el Tribunal del Distrito Este de Texas emitió una orden de captura contra Leudo Nieves. Sin embargo, el subdirector de OIJ, Michael Soto, dijo el lunes al costarricense Diario Extra que no hay rastros de Leudo Nieves y que «una de las hipótesis más fuertes es que este hombre estaría fallecido».
“Aparentemente está fallecido (…) No lo hemos visto desde hace mucho tiempo y en algún momento se generó una información que no la hemos logrado corroborar, de que lo habían matado en Colombia“, dijo Soto Rojas, aunque de momento no hay registros de fallecimiento en territorio costarricense.
Costarricense señalado de garantizar tráfico en Centroamérica
La solicitud de extradición también identifica a Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro como presunto autor de una conspiración para fabricar y distribuir cinco o más kilogramos de una mezcla o sustancia que contiene cocaína. Según el documento, Álvarez forma parte de una organización dedicada al tráfico de drogas que opera en todo el continente americano, especialmente en Centroamérica, y que importa grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos.
El documento detalla que la red a la que pertenece Álvarez Alfaro opera en Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y otros países, con vínculos con el Clan del Golfo en Colombia y el Cártel de Sinaloa en México.
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«Su función dentro de la organización de tráfico de drogas incluye recibir, almacenar, transportar y distribuir grandes cargamentos de cocaína en Costa Rica y otros países, así como coordinar el movimiento de cocaína hacia y a través de Nicaragua, El Salvador y Guatemala para su posterior distribución», señala la solicitud de extradición.
Según uno de sus colaboradores, en 2017 dos asociados participaron en un envío de 300 kilogramos de cocaína. Estos entregaron el cargamento a Álvarez en San José, quien luego lo trasladó a un contacto en Guanacaste, provincia que limita con Nicaragua.
Álvarez enfrenta una causa abierta desde el 12 de mayo de 2021 ante el Tribunal del Distrito Este de Texas. El 20 de junio, la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica solicitó su extradición a las autoridades costarricenses, y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo detuvo el 25 de junio de este mismo año.
Extradición de costarricenses busca reducir criminalidad
Molina señaló que la reforma constitucional que permite la extradición de costarricenses facilitará la persecución del crimen transnacional, aunque advirtió que es necesario ampliar el catálogo de delitos que deben ser susceptibles de extradición.
«Es fundamental que se permita la extradición también por delitos como el lavado de dinero, la trata y tráfico de personas, o el tráfico ilegal de fauna, especialmente cuando los implicados son ciudadanos o nacionalizados que han aprovechado la laxitud de las leyes costarricenses. No se trata de crear más leyes, sino de aplicar eficazmente las que ya existen», señaló Molina.
