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En febrero de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la creación de una nueva “Sección de Desnaturalización” dedicada exclusivamente a investigar y revocar ciudadanías obtenidas mediante fraude u omisión de información durante el proceso de naturalización.
Esta semana volvió a ser noticia esta oficina, porque durante la administración del expresidente Joe Biden, esta sección estuvo bajo suspensión. Pero recientemente la administración del presidente Donald Trump, la habría reactivado.
La noticia, inicialmente reportada por The New York Times, generó alarma entre defensores de los derechos civiles, inmigrantes naturalizados y juristas.
¿Qué es la desnaturalización?
La desnaturalización es el proceso legal mediante el cual se revoca la ciudadanía estadounidense de una persona naturalizada. Esto ocurre cuando el gobierno prueba que dicha ciudadanía fue obtenida de forma fraudulenta, con ocultación de hechos relevantes o mediante declaraciones falsas. Legalmente, se sustenta en el Título 8 del Código de los EE. UU., sección 1451.
¿Qué función cumple esta nueva oficina?
La sección, integrada dentro de la Oficina de Litigación de Inmigración (OIL), fue establecida bajo la primera administración de Donald Trump y tiene como objetivo formal «investigar y litigar casos contra terroristas, criminales de guerra, abusadores sexuales y otros que hayan defraudado el sistema migratorio para obtener la ciudadanía».
Según el propio Departamento de Justicia, la creación de esta oficina busca consolidar recursos, aumentar la eficiencia en el manejo de estos casos y “preservar la integridad del sistema de inmigración”.
El proceso
Consultado por LA PRENSA, un abogado especialista en temas migratorios —que accedió a hablar bajo condición de anonimato— explicó cómo funciona el procedimiento en la práctica:
“En realidad, los agentes de migración refieren esos casos al FBI, que es el que informa al Departamento de Justicia. El expediente lo completa el FBI. Y el proceso judicial lo abre el Departamento de Justicia. Obviamente, se presume que todo procesado tendrá debido proceso y derechos constitucionales a la defensa ante un juez”.
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El especialista remarcó que, si bien se espera un respeto a las garantías, la efectividad de este marco legal dependerá de la conducta de las autoridades:
“Es de esperar que se respeten las garantías procesales y los derechos constitucionales de todos los procesados, y que tanto los investigadores como los fiscales observen y apliquen los estándares éticos más altos en su labor”.
¿A quiénes afectará?
Aunque el Departamento de Justicia sostiene que la medida se dirige a casos extremos como terrorismo o crímenes de guerra, el abogado advierte que la revisión podría extenderse a otros perfiles menos graves. Por ejemplo: “Se dice que revisarán casos de personas que obtuvieron residencia y posteriormente nacionalidad por asilo político, aunque posteriormente viajaron a sus países de origen sin consecuencias, por ejemplo, cubanos y afganos”.
Ante la pregunta sobre si esto podría afectar a nicaragüenses que llegaron a EE. UU. en los años 80, el abogado señala:
“Quizás los de los 80, no, pero algunos que hayan llegado en los últimos tiempos, sí”.
Este señalamiento refuerza la preocupación de que el alcance de esta oficina pueda ampliarse con el tiempo, afectando a personas que no encajan en los perfiles originalmente mencionados por el Departamento de Justicia. Aunque el mismo abogado señala que “sería prudente esperar a que exista un primer caso”.
Un cambio histórico
Históricamente, la desnaturalización era una herramienta legal reservada para casos extremadamente graves, como el de criminales de la Segunda Guerra Mundial, que ocultaron su pasado: “Hasta ahora estos procesos eran sumamente raros y extraordinarios, reservados a nazis que habían ocultado su condición y trayectoria. Generalmente, para acusados de delitos de lesa humanidad”, explicó el abogado.
Sin embargo, en los últimos años, el número de casos ha aumentado significativamente. Solo entre 2017 y 2020, el Departamento de Justicia inició 94 procedimientos, en comparación con los menos de 150 registrados entre 1968 y 2013.
Costo y duración
La reactivación de esta sección también implicará un significativo aumento en el presupuesto. Aunque no se ha anunciado contratación de nuevo personal, se espera una reasignación de recursos dentro del Departamento de Justicia y el FBI.
“Por supuesto, tiene impacto fiscal, aunque eso no parece preocupar a la administración. Aunque, se cree que simplemente asignarán a agentes del FBI y fiscales a esas tareas. Así mismo representaría un alto costo monetario en defensa para las personas que sean investigadas por esta sección”, advirtió el abogado.
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Respecto a los tiempos procesales, advierte que pueden ser largos: “Eso es bastante difícil de predecir. En los casos con exnazis, han sido procesos de muchos años, en parte porque ellos han tenido recursos para defensa y apelaciones. En esta nueva fase, no se sabe”.
La activación de esta sección dentro del Departamento de Justicia representa un giro notable en la política migratoria de EE. UU. Si bien tiene bases legales y se presenta como una defensa de la legalidad, su aplicación práctica genera temores de que pueda convertirse en un mecanismo de exclusión más que de justicia.
La posibilidad de la inclusión de perfiles más amplios, la opacidad en los criterios de selección de casos, y la historia de abuso de medidas migratorias en contextos políticos hacen que muchos expertos y defensores de derechos humanos permanezcan alerta.
