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La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que autoriza la solicitud de la Administración del presidente Donald Trump de revocar el programa del parole humanitario, pone en riesgo la condición migratoria de más de 500 mil personas de origen nicaragüense, haitiano, venezolano y cubano, que llegaron de forma regular a territorio estadounidense gracias a ese programa.
La abogada Cindy Blandón, experta en temas de inmigración en Estados Unidos, explicó a LA PRENSA que la decisión de la Corte Suprema, que se conoció este viernes 30 de mayo, tiene implicaciones que, a corto plazo, significan que “las personas a las que todavía no se les ha expirado el estatus de lo que es el parole humanitario, de los dos años, eso quiere decir que el Gobierno les puede terminar el estatus de parole de forma inmediata y se quedan sin un permiso de trabajo”.
Explicó que las personas que decidieron quedarse dentro de Estados Unidos bajo otras figuras migratorias, como solicitudes de asilo pendientes, aplicaciones de residencia por ajuste cubano o peticiones personales, “si ya tienen su nuevo permiso de trabajo aprobado, no tienen por qué preocuparse”.
La letrada apuntó que, lamentablemente desde enero, “a pesar de que muchos han solicitado un nuevo permiso de trabajo, ya sea por categoría de asilo pendiente o residencia pendiente, estas personas simplemente por haber entrado con parole humanitario no les han aprobado el permiso de trabajo. Entonces, yo sé que hace dos días se quitó la pausa administrativa, pero la verdad es que nadie ha visto una aprobación de estos casos”.
Expulsiones de «extranjeros ilegales»
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a inicios de este mes presentó ante la Corte Suprema de Estados Unidos la “solicitud de emergencia” de la Administración Trump, en la que se urgía el fin del programa que fue promovido durante el gobierno del presidente Joe Biden.
La revocación del programa se mantenía suspendida gracias a la sentencia de la jueza de distrito de Massachusetts, Indira Talwani, que había determinado que la Administración Trump no podía eliminar el beneficio de miles de personas sin revisar caso por caso.
El Departamento de Seguridad Interior advirtió que el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos le permite «empezar de nuevo a expulsar a extranjeros ilegales».
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La abogada Blandón recordó que los «tribunales inferiores a la Corte Suprema han sido claros en que la terminación global es ilegal, pero fueron muy claros en que, si el Gobierno de Estados Unidos toma la decisión de hacer revocación del parole humanitario caso por caso, bien lo pueden hacer. Así que no hay ningún problema. Hay que esperar la publicación de USCIS al respecto».
Deportaciones deben cumplir un proceso
Ronmell López, asistente legal y especialista en temas migratorios de Estados Unidos, afirmó que la decisión de la Corte «genera una gran incertidumbre para quienes ya se encuentran en el país con este permiso».
Además, concuerda en que, a corto plazo «los beneficiarios del parole enfrentan el riesgo de perder su estatus legal y quedar expuestos a procesos de deportación, incluso si han cumplido con todos los requisitos establecidos por el programa».
Blandón aclaró que las personas afectadas por la revocación de este programa no deberían poder ser enviadas de una vez a sus países de origen, explicando que «primeramente estas personas deben ser detenidas y, si llevan menos de dos años dentro de Estados Unidos, pueden ser puestas en un procedimiento de deportación expedita. Eso significa que, uno: si la persona tiene miedo de regresar al país de origen, puede expresar miedo y exigir una entrevista de miedo creíble, y si la pasa, es referido y puede seguir y continuar su caso de asilo ante un juez de migración. Si ya después un oficial de ICE quiere liberarlo, ya sea bajo un parole, también lo puede hacer. Es un protocolo».
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López apuntó que los casos que continúan en apelación, con la decisión de la Corte Suprema, permiten al Gobierno proceder con la revocación del programa mientras se resuelven los litigios pendientes. «Aunque las batallas legales continúan, el fallo actual debilita significativamente las protecciones que ofrecía el parole humanitario», resaltó.
«Es fundamental que las personas afectadas busquen asesoría legal especializada para explorar posibles vías de regularización y entender las implicaciones de esta decisión en su situación particular», recomendó.
