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Un grupo de periodistas nicaragüenses exiliados ha solicitado formalmente la nacionalidad española, denunciando ante la comunidad internacional que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo los ha dejado en una situación de “apatridia de facto”, al negarles el acceso a sus documentos de identidad, la renovación del pasaporte y restringir su retorno al país.
A través de un comunicado emitido este 28 de mayo de 2025, los comunicadores alertaron sobre una escalada represiva del Estado nicaragüense contra el periodismo independiente, una persecución que se intensificó a partir de abril de 2018, cuando estallaron las protestas sociales.
Desde entonces, cientos de periodistas han sufrido agresiones físicas, amenazas de detención, acoso sistemático, así como la confiscación o retención arbitraria de pasaportes y cédulas, lo que los ha dejado sin acceso a servicios esenciales como salud, educación y empleo formal.
“Muerte civil”
Los periodistas son: Carmen Lucía Navas, Tania López Rodríguez, Óscar Navarrete, Gerall Chávez, Donaldo Hernández, Luis Eduardo Martínez, Nayel Martínez y Reyna Vallecillo Tapia.
Hay que destacar que esta es una “lista visible”, porque según los comunicadores, la solicitud oficial estaría compuesta por al menos 20 periodistas.
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“Desde agosto de 2023 solicité la renovación de mi pasaporte en el Consulado de Nicaragua en Costa Rica. Me han dicho que no me lo pueden dar porque sabemos lo que puede suceder, que es la cárcel o la muerte”, explicó el periodista Gerall Chávez a LA PRENSA.
La situación, señalan, constituye una “muerte civil” y una violación flagrante a sus derechos humanos. Organizaciones como el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y la asociación de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN) han documentado decenas de estos casos, calificando esta práctica como una forma de represión transnacional.
Ataques directos de Murillo
La retórica oficial del régimen también alimenta la hostilidad. Rosario Murillo ha descalificado públicamente a los periodistas tildándolos de “terroristas de la comunicación”, mientras el jefe del Ejército, Julio César Avilés, los ha llamado “mercenarios de la información”, en un contexto en que el Gobierno ha promovido leyes dirigidas a criminalizar su labor incluso fuera del país.
“Solicitamos no sólo la solidaridad internacional, sino acciones concretas de estos países democráticos comprometidos con la libertad de prensa y la democracia para que contribuyan a la protección de estos periodistas nicaragüenses exiliados”, dice el texto que fue leído hoy desde San José, Costa Rica.
Instan a otros países a actuar
Según cifras de organizaciones independientes, al menos 290 periodistas nicaragüenses se encuentran en el exilio y más de 60 medios de comunicación han sido cerrados, confiscados o destruidos. Uno de los casos más emblemáticos es el del periodista Ángel Gahona, asesinado el 21 de abril de 2018 mientras cubría manifestaciones en Bluefields.
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Ante esta situación, los firmantes del comunicado han instado a organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas, Reporteros Sin Fronteras y la Red Centroamericana de Periodistas a pronunciarse públicamente y a interceder ante gobiernos democráticos para que estos brinden protección efectiva y restituyan los derechos fundamentales de quienes han sido despojados de su nacionalidad por ejercer su labor informativa.
En este contexto, los periodistas han agradecido a la Asociación de Prensa de Madrid por su solidaridad, luego de que esta se pronunciara en apoyo a su situación. Asimismo, solicitaron a los gobiernos de Argentina, Chile y México considerar la concesión de nacionalidad a quienes hoy viven en un limbo legal, enfrentando la represión de un régimen que no sólo los persigue dentro de sus fronteras, sino también más allá de ellas.
