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El anuncio de la vocera de la dictadura, Rosario Murillo, el pasado 15 de mayo sobre la creación de un Consejo Nacional de Rectores Universitarios (CNRU), que remplazó al Consejo Nacional de Universidades (CNU), según críticos, representa la evidencia del desmantelamiento absoluto de la autonomía universitaria y la calidad de la educación superior en el país, al estar completamente subordinada a los designios de la pareja de dictadores, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«Estos movimientos reflejan la irresponsabilidad y la falta de claridad sobre cómo manejar la educación superior. Lo que vemos es que están dando bandazos y toman decisiones que a los pocos meses las invalidan. A la vez, muestran un desprecio total de los funcionarios, porque quitan y ponen rectores y ponen al frente de las universidades a personas con poca trayectoria», consideró el académico Ernesto Medina, en declaraciones a LA PRENSA.
Si bien la anulación del CNU, una institución con 35 años y la instauración del CNU, pese a que no ha sido oficializado en La Gaceta, diario oficial, constituye el más reciente eslabón de la dictadura por controlar y destruir la educación superior en el país, ha sido un camino que le ha llevado varios años a la dictadura, según los académicos consultados.
Es decir que esta medida es el resultado de imposiciones anteriores de la dictadura para consolidar su control, en gran parte, gracias a la expresidenta de esta instancia, Ramona Rodríguez, quien este mes fue defenestrada de su cargo.
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El Consejo de Rectores ya existía y la dictadura lo canceló
El Consejo Nacional de Universidades (CNU) de Nicaragua fue fundado el 5 de abril de 1990 como resultado de la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior (Ley No. 89) promulgada en esa fecha. Su creación respondió a la necesidad de restituir la autonomía universitaria y reorganizar la educación superior, tras una década de control estatal directo durante el régimen sandinista de los años 80.
El Consejo Nacional de Rectores (CNR) existía como parte del CNU hasta que en marzo de 2022, pero a través de las reformas a la Ley de Reforma a la Ley número 582, Ley General de Educación y de Reforma y Adición a la Ley número 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, el régimen lo eliminó, avanzando hacia la eliminación de la autonomía universitaria.
«Al eliminarse el Consejo Nacional de Rectores se perdió la oportunidad de diálogo entre los rectores de las universidades del país», dijo Medina.
El CNR fue blanco del régimen
El rector de la Universidad Paulo Freire, confiscada por la dictadura en 2022, Adrián Meza, señaló que a partir de 2007, con el retorno del dictador Daniel Ortega al poder, hubo tensiones con el régimen sandinista y que el expresidente del CNU, Telémaco Talavera —quien a la vez era vocero del proyecto del Canal Interoceánico— trataba de mediar con la dictadura para reducir las tensiones.
«Durante la campaña del Canal Interoceánico, el Consejo de Rectores fue convocado y llegó Paul Oquist —el fallecido exsecretario de la Presidencia— a presentar sobre el canal, con la intención de que el Consejo sacara una declaración de apoyo. Eso no ocurrió. Al contrario, se le cuestionó fuertemente por las consecuencias ambientales», recordó.
Meza señaló que Ortega estaba claro que el Consejo de Rectores no lo apoyaría y que, por lo tanto, en la deriva autoritaria del régimen, su desaparición sería inminente.
Con las reformas de 2022, el CNU también asumió un absoluto control sobre las universidades del país, convirtiéndose en un órgano que aprobaba los planes de estudios y la designación de directores. A la vez, el artículo 58 daba la potestad al CNU y al Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) de intervenir a las instituciones de educación superior.
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La reforma de 2023: «El acta de defunción del cadáver de la autonomía universitaria»
El 1 de diciembre de 2023, la Asamblea Nacional, controlada por la dictadura, reformó la Ley 89 y la Ley 582 y, según especialistas, esta reforma constituyó «el acta defunción de la autonomía universitaria en el país».
Las reformas transformaron al CNU y lo subordinaron a la Presidencia, contemplando que exista un consejo directivo nombrado por los dictadores. A la vez, en la reforma a la Ley 89 se suprimió la figura de los decanos, se eliminan las facultades universitarios y los consejos de facultad, creándose en su lugar, direcciones por áreas de conocimiento.
Además, con las reformas, las universidades perdieron autonomía financiera, ya que se trasladó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la distribución del 6 por ciento del Presupuesto General de la República.
Además, en 2024, la reforma al artículo 55 de la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior (Ley 89), aprobada por la Asamblea Nacional el 25 septiembre de ese año, le quitó la exención del pago de los servicios públicos —agua, electricidad y teléfono— a las universidades.
CNU no pudo empatizar a estudiantes con el régimen
Meza consideró que la disolución del CNU y la destitución de Rodríguez obedece a que no logró crear una nueva generación de estudiantes que sintiera empatía por el régimen o que simpatizara con la dictadura.
«El problema no es quién dirige el modelo educativo, ni si lo hace el CNU o el CNR. El problema está en la naturaleza del modelo: no tiene calidad, es rechazado por estudiantes y familias», dijo Meza, quien refirió que la misión del régimen «es imposible».
Las cifras oficiales reflejan que los estudiantes cada vez prefieren menos el sistema de educación superior de Nicaragua, aunque también, está influenciado por la migración.
En el informe presentado por la dictadura de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se afirmó que la educación está en auge y que la matrícula universitaria en el país creció un 20 por ciento entre 2019 y 2023. Sin embargo, una revisión de LA PRENSA a los anuarios estadísticos del CNU muestra que en 2017 —un año antes del estallido de la crisis sociopolítica—, había 241,113 estudiantes matriculados. En 2024, según la presidenta del CNU, Ramona Rodríguez, esa cifra se ha reducido a 180,220 estudiantes.
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Esto significa que en 2024 había 61,893 estudiantes menos en las universidades. La disminución de la matrícula comenzó en 2018, año en que estalló la crisis sociopolítica, con un total de 194,876 estudiantes matriculados, es decir, 47,237 menos en comparación con lo contabilizado en 2017.
Las cifras reflejan que las medidas implementadas por el régimen, como la eliminación de los exámenes de admisión en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua y UNAN-León) en 2020 y la aplicación de esta misma medida en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en diciembre de 2023, no han logrado aumentar las matrículas.
