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La Coalición Inmigrante de Florida (FLIC, en inglés) y la Asociación Campesina de Florida (FWAF) acusan de desacato al fiscal general del estado, James Uthmeier, por decirle a los policías que pueden arrestar a indocumentados que entren al estado, bajo la polémica ley SB 4-C, pese a la orden judicial la suspende.
La jueza Kathleen M. Williams, del Distrito de Sur de Florida, realizará una audiencia el próximo jueves para definir si el fiscal está en desacato por desobedecer un fallo que suspendió de forma temporal la aplicación de la SB 4-C, que convierte en delito grave la entrada al estado de migrantes indocumentados.
Los demandantes argumentaron en una carta, con algunos extractos publicados este viernes por el diario Sun Sentinel, que Uthmeier desobedeció la orden judicial del 4 de abril al enviar una carta el 23 de abril a policías en la que señalaba que el fallo no se aplicaba para ellos, por lo que podían seguir arrestando migrantes.
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«Simplemente no es aceptable que, a pesar de la orden de la corte y sus deberes éticos, el fiscal general fomentó arrestos que él completamente entendía que estaban específicamente prohibidos», escribieron los abogados de estas dos asociaciones y otros dos demandantes individuales.
Un fallo temporal contra la SB 4-C, una de las leyes estatales más restrictivas contra los migrantes de Estados Unidos e impulsada por el gobierno del republicano Ron DeSantis, señaló en abril que «es probablemente inconstitucional», por lo que concedió una orden judicial preliminar mientras continúa el proceso legal.
La ley permitía el arresto y encarcelamiento de personas en Florida por ingresar al país sin inspección, incluso si habían regularizado su estatus migratorio y no habían cometido ningún otro delito, además de obligar a mantenerlas en prisión preventiva sin considerar sus circunstancias particulares.
Pero Uthmeier y sus aliados han negado estar en desacato al cuestionar a la jueza en vísperas de la audiencia, clave para el futuro de esta legislación.
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Uno de cada cinco residentes es inmigrante en Florida, donde hay unos 5 millones de personas nacidas en el extranjero, según la organización American Immigration Council.
Pero este estado ha sido líder en la aplicación de la política migratoria del presidente Donald Trump, pues DeSantis ha aprobado leyes estatales que prohíben las ciudades santuario, imponen multas de hasta 5,000 dólares y suspenden o destituyen a funcionarios que incumplan estas disposiciones.
