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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a la Policía orteguista imponer restricciones a las actividades religiosas de Semana Santa en todas las parroquias de la Diócesis de Granada, a cargo de monseñor Jorge Solórzano. Las directrices giradas establecen que cualquier actividad debe finalizar antes de las 6:00 p.m., confiaron fuentes eclesiásticas a LA PRENSA.
Desde la semana pasada los sacerdotes de las diferentes parroquias pertenecientes a la Diócesis de Granada recibieron la visita de policías, quienes les habrían ordenado que las misas y procesiones deben «finalizar a las 6:00 p.m., sí o sí, de lo contrario el sacerdote puede ir preso».
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Las fuentes revelaron que la orden es que «todas las iglesias en Granada deben estar cerradas a las 6:00 p.m.». Este Diario corroboró que en las páginas de Facebook de las parroquias de la Diócesis de Granada tienen en sus itinerarios de actividades que la última se realiza a las 5:00 p.m.
Por su parte, el excarcelado político, Yubrank Suazo, denunció que la arremetida del régimen contra la Diócesis. «Prohibiendo que se efectúe cualquier acto litúrgico por las noches de Semana Santa, lo cual a obligado a cancelar las adoraciones de Jueves Santo en los monumentos y cambiar el horario de la Vigilia Pascual del Sábado Santo», denunció.
Y agregó que también la dictadura «amenaza a los sacerdotes de la Diócesis de Granada con cancelar la Vigilia Pascual del Sábado Santo».
Esta nueva restricción se suma a una serie de medidas represivas que el régimen ha venido aplicando contra la Iglesia católica, limitando no solo su labor pastoral, sino también su presencia en espacios públicos, dado a que este año tampoco se realizaron procesiones masivas como se realizaban en el pasado.
La abogada y autora del Informe: Nicaragua ¿Una Iglesia Perseguida?, Martha Patricia Molina, calificó la restricción de la dictadura como una actitud «aberrante y satánica» y agregó que en algunas parroquias de la Diócesis de Granada se han visto «obligadas a cambiar y reducir los horarios de las celebraciones de hoy para evitar que los fieles anden en las calles en la noche e impedir la completa adoración Eucarística».
En Masaya, policía revisa lista de intenciones
Fuentes eclesiásticas de la zona de Masaya también dijeron a LA PRENSA que las restricciones se extendieron a esa jurisdicción, perteneciente a la Arquidiócesis de Managua, al punto de que los sacerdotes debían pasar la lista de intenciones, que son leídas durante la misa.
«Desde inicios de la Semana Santa la policía a través de los jefes de sectores les pidieron a los sacerdotes la lista de intenciones de las misas, especialmente las del Jueves Santo, debían enviarla antes del martes», indicó la fuente.
Una vez que enviaran las intenciones, «los policías la revisaban y devolvían, porque si en la intención iba por una persona que haya fallecido en 2018 en Masaya, no iban a permitir que se mencionara en la misa».
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Es importante mencionar que esta Semana Santa, coincide con la fecha del séptimo aniversario del inicio de las manifestaciones civiles de abril de 2018 en Nicaragua. La organización benéfica Christian Solidarity Worldwide (CSW), denunció recientemente, que los sacerdotes en Nicaragua se ven obligados a presentarse semanalmente ante la Policía y solicitar aprobación para el contenido de sus servicios, una medida que la organización describe como «severa».
Entre los reportes se deben incluir las eucaristías, actividades de misión, reuniones con directivos de pastorales, solicitud de permisos si salen de su «jurisdicción», entre otras. Más de 50 sacerdotes y obispos permanecen desterrados y bajo los ataques verbales casi a diario de la vicepresidenta y vocera de la dictadura, Murillo.
En 2024, las actividades de la Semana Santa se realizaron a puerta cerrada en los templos, bajo un fuerte asedio policial en los alrededores de las iglesias principales del país, en un contexto de sacerdotes encarcelados y perseguidos.
971 ataques contra la Iglesia católica entre 2018 y 2024
El régimen Ortega-Murillo ha consumado la confiscación de al menos 19 edificios propiedad de la Iglesia católica entre 2019 y diciembre de 2024, según la sexta entrega del informe Nicaragua, ¿una Iglesia perseguida?, de la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, presentado en diciembre de 2024.
Según el informe, el régimen ha cerrado cuatro universidades, dos institutos, 24 medios de comunicación y 44 organizaciones sin fines de lucro —todas vinculadas a la Iglesia— desde el estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018.
En la sexta entrega del informe se registraron 971 ataques contra la Iglesia católica de forma acumulada desde abril de 2018 hasta diciembre de 2024.
Del total de hostilidades, 321 se registraron en el 2023 y 177 en 2024. Molina señaló que la disminución de ataques registrados este año se debe al temor de los religiosos y laicos a denunciar.
