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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció recientemente con entusiasmo que el Censo Nacional Nutricional 2025 ha alcanzado un 81 por ciento de avance, evaluando a más de 1.2 millones de niñas, niños y adolescentes entre los 0 y 14 años.
Según el discurso oficial, este esfuerzo busca fortalecer políticas de salud, educación y bienestar para la niñez, como parte de su «modelo cristiano, socialista y solidario».
Sin embargo, pese al despliegue logístico y mediático, el censo no ha revelado cifras concretas sobre el estado nutricional de la niñez nicaragüense, dejando en el aire interrogantes claves: ¿Cuántos niños padecen desnutrición? ¿Qué tan profunda es la crisis alimentaria en el país?
El informe de la FAO
Estas preguntas cobran aún más peso al contrastar con el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que ofrece una radiografía alarmante: el 19.6 % de la población nicaragüense —cerca de 1.3 millones de personas— sufre de hambre.
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Además, el 27.3 % no puede costear una dieta saludable, lo que impacta especialmente a niños y mujeres.
Según el mismo informe, el 14.9 % de los menores de 5 años presentan retraso en el crecimiento por desnutrición crónica, y el 15.7 % de las mujeres entre 15 y 49 años padecen de anemia, reflejo directo de una alimentación inadecuada.
Reacción del régimen
Lejos de asumir estos datos con responsabilidad y buscar soluciones, el régimen de Daniel Ortega optó por la negación y el enfrentamiento: acusó a la FAO de mentir, y ordenó el cierre de su oficina en el país, calificando el informe de «tendencioso» y «falso».
La medida fue comunicada públicamente el 4 de febrero de 2025, cuando el canciller Valdrack Jaentschke anunció la expulsión de la FAO y el cierre de sus oficinas en el país.
Esta reacción sigue un patrón: en años recientes, Nicaragua también ha expulsado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y se ha retirado de la OEA.
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El contraste entre el discurso oficial —que celebra operativos de medición sin resultados concretos— y la evidencia internacional sobre el hambre y la desnutrición revela una desconexión preocupante entre la propaganda estatal y la realidad que viven millones de nicaragüenses.
En lugar de enfrentar la crisis alimentaria con transparencia y colaboración, el régimen decide cerrar puertas y silenciar voces. Mientras tanto, la anemia, el hambre y la desnutrición continúan ganando terreno en Nicaragua.
