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Una jueza federal resolvió este lunes que la administración de Trump no tiene facultades para poner fin de manera absoluta, a finales de este mes, a las protecciones contra la deportación otorgadas a inmigrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua que se encuentran bajo un programa de ayuda humanitaria.
Este programa ha beneficiado a más de 500,000 migrantes provenientes de estos países. Estos migrantes ingresaron a Estados Unidos bajo políticas implementadas durante la presidencia de Joe Biden, que les otorgaban permisos temporales de residencia y trabajo por dos años.
Con esta medida los permisos de trabajo seguirían vigentes y los migrantes que entraron a Estados Unidos con este programa, podrían seguir trabajando con estos permisos. Además, las fechas de finalización del parole de cada beneficiario se mantendrían, también las personas podrían optar a solicitar un cambio de estatus, ya sea por solicitud de asilo político o matrimonio, por ejemplo.
Carece de justificación
La decisión de la jueza Talwani surge en respuesta a una demanda que cuestiona la legalidad de la revocación del programa por parte del gobierno actual. La jueza criticó la interpretación legal de la administración Trump, señalando que carece de una justificación razonada y podría violar acuerdos existentes. Además, destacó que muchos de los beneficiarios del programa cumplieron con los requisitos legales y contribuyen económicamente al país.
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La administración Trump había anunciado que el programa finalizaría el 24 de abril de 2025, lo que implicaría la pérdida de permisos de trabajo y la posibilidad de deportación para los beneficiarios que no obtuvieran otro estatus migratorio. Sin embargo, la medida cautelar de la jueza Talwani ofrece una pausa temporal en la implementación de esta política, mientras continúa el proceso legal.
Apelarán
LA PRENSA consultó al abogado experto derecho internacional, Harold Rocha, quien afirmó que es posible que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ), recurran esta decisión.
«Se espera que esta orden sea recurrida por ambas agencias y eso puede cambiar las cosas. Hay que esperar y estar atentos. Está sumamente bien fundamentada y la juez aborda varios aspectos técnicos que cuestionan no solo la potestad de la secretaria de DHS para cancelar el programa, sino también la aseveración de que esa decisión está exenta de escrutinio judicial, como asevera el DHS», dijo.
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A este respecto, el especialista señala que es difícil saber cuáles serán los siguientes pasos en este caso, y que principalmente dependerá de los argumentos jurídicos que sustenten la apelación. Pero que se asume que todas las partes están preparadas para litigar intensivamente.
Organizaciones de derechos humanos y algunos legisladores han expresado su apoyo a la decisión judicial, argumentando que el programa de ‘parole’ ha sido una herramienta efectiva para reducir la migración irregular y brindar protección a personas que huyen de situaciones difíciles en sus países de origen.
La resolución final del caso podría tener implicaciones significativas para la política migratoria de Estados Unidos y el futuro de miles de migrantes en el país
