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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio un paso atrás en su intento de intervenir en el caso que Sudáfrica presentó contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el que se acusa al Estado israelí de cometer actos de genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza. El anuncio fue hecho público este 3 de abril mediante un comunicado de prensa del tribunal con sede en La Haya, aunque el régimen notificó su retiro de la intervención el pasado martes 1 de abril.
Según el artículo 62 del Estatuto de la Corte, otros países pueden solicitar intervenir si consideran que tienen un interés legal que podría verse afectado por el resultado del caso. Varios países ya han pedido intervenir, como Palestina, Colombia, España, México, Turquía, Chile, Cuba, Irlanda, entre otros. El 23 de enero de 2024, el régimen sandinista solicitó a la CIJ ser parte de la demanda.
No expone motivos, pero no se descarta temor político
A consideración de un especialista en relaciones internacionales consultado bajo anonimato, que Nicaragua haya decidido no seguir participando puede ser significativo políticamente, ya que antes se había mostrado interesada en este caso de gran impacto internacional. En la nota de prensa de la CIJ no se detallan las razones del retiro, pero el comunicado deja claro que fue una decisión oficial tomada por Nicaragua.
«Se retiran del proceso iniciado por Sudáfrica probablemente motivados por la resolución del presidente Trump de represalias contra países que usen a la CIJ para atacar a los Estados Unidos o a sus principales aliados. Seguramente analizaron, ya tienen suficientes diferentes problemas con la nueva administración norteamericana y no desean agregar un conflicto más por Israel, en una demanda donde no tienen nada que ganar», dijo el especialista consultado por LA PRENSA.
La demanda
El 29 de diciembre de 2023, Sudáfrica llevó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya una acusación formal contra Israel, a quien señala por ejecutar acciones «de carácter genocida porque pretenden provocar la destrucción de una parte sustancial» de la población palestina en Gaza.
En el caso se detallan como actos genocidas el asesinato de palestinos, la generación de daños físicos y mentales graves, así como la imposición deliberada de condiciones que buscan «provocar su destrucción física como grupo». Además, el documento de 84 páginas presentado por Sudáfrica sostiene que funcionarios israelíes han emitido declaraciones que reflejan intenciones genocidas.
El 6 de marzo de 2024, Sudáfrica presentó una solicitud para la indicación de medidas provisionales adicionales y/o la modificación de la orden del 26 de enero. El 28 de marzo de 2024, la Corte indicó medidas provisionales adicionales.
Lea también: Ortega pide a la Corte Internacional de Justicia ser parte de la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio
El 10 de mayo de 2024, Sudáfrica presentó otra solicitud de modificación e indicación de medidas provisionales. Por medio de una orden del 24 de mayo de 2024, la Corte reafirmó las medidas provisionales anteriores e indicó nuevas medidas.
Ortega «aplaudió» la demanda
El régimen de Daniel Ortega inicialmente «saludó» esta acción judicial emprendida por Sudáfrica y, posteriormente, lanzó una advertencia a Israel, afirmando que adoptaría “todas las medidas” necesarias para que ese país detuviera sus operaciones militares en Gaza, entre ellas acudir a la Corte Internacional.
En un comunicado emitido ese día, la dictadura afirmó que «Nicaragua, al igual que la comunidad internacional, considera que las acciones emprendidas por Israel constituyen claras violaciones de la Convención contra el Genocidio, y las mismas han sido acompañadas de declaraciones de las más altas autoridades de Israel que revelan claramente la intención genocida y la deshumanización de la que ha sido objeto el pueblo palestino».
El documento también aclara que la solicitud de Nicaragua para intervenir en el proceso «no debe retrasar los procedimientos y deliberaciones de la Corte relacionados con la solicitud urgente de medidas provisionales que se espera sea decidido pronto».
