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El Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el marco de su 353 reunión, celebrada en Ginebra del 10 al 20 de marzo, estableció una Comisión de Encuesta, que examinará las alegaciones de la queja presentada en 2023 contra el Gobierno de Nicaragua, señalado de incumplir los Convenios 87, 98, 111 y 144 del organismo.
Esta es una gran noticia especialmente por el lugar donde se origina, ya que la OIT es la única agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que aglutina a gobiernos, empleadores y trabajadores; es la casa del tripartismo y ahí la dictadura ya no engaña a nadie. La decisión fue respaldada por los gobiernos, la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y los trabajadores, por lo que no es de extrañar que el régimen Ortega Murillo abandonara la OIT.
La Comisión de Encuesta es el procedimiento de investigación de más alto nivel de la OIT y generalmente se crea cuando un Estado miembro está acusado de cometer violaciones graves y persistentes, y se niega repetidamente a abordarlas.
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Durante sus más de 100 años de existencia solo ha establecido 14 Comisiones de Encuesta y Nicaragua es el primer país al que le han creado dos; tampoco es coincidencia que al mismo Gobierno que continúa escribiendo en las páginas negras de la historia de la OIT.
La primera queja
En junio de 1987 delegados de la OIE presentaron una queja contra el gobierno revolucionario presidido por Daniel Ortega, que desde 1981 violaba los convenios 87, 98 y 144. En noviembre de 1989 el Consejo de Administración creó una Comisión de Encuesta para dar seguimiento al caso, pero al año siguiente, la victoria electoral de doña Violeta Barrios de Chamorro sobre Ortega revirtió el proceso.
Ahora, desde 2022 nuevamente los empresarios aglutinados en la OIE denuncian las violaciones que comete y en 2023 presentaron una queja que sigue su curso en la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y en la Comisión de Aplicación de Normas de la Conferencia. Ambas presentaron sus análisis al Consejo de Administración.
La queja es por el incumplimiento de los Convenios, 87 de 1948, sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de Sindicación; 98 de 1949, sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva; 111 de 1958, sobre la Discriminación (Empleo y Ocupación); y 144 de 1977, sobre la Consulta Tripartita (Normas Internacionales del Trabajo). Irónicamente, Nicaragua ratificó el Convenio 111 en 1981 y entró en vigor en 1982 durante el gobierno de Ortega que hoy lo viola.
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Algunos temas que incluye la denuncia son: el persistente clima de intimidación y acoso a las organizaciones de trabajadores y empleadores independientes; el encarcelamiento y destierro de dirigentes empresariales; el cierre de las organizaciones empresariales; el clima de violencia, inseguridad e intimidación que propicia actos de discriminación en el empleo basados en la opinión política; y se tomó nota de las detenciones arbitrarias y continuas denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos, incluida la discriminación por motivo de género.
Caso puede llegar a la CIJ
Actualmente Nicaragua es el único país, entre los 187 miembros de la OIT que no cuenta con representación de los empleadores. En las últimas conferencias para demostrar respeto al tripartismo, llevó a una asociación de empresarios sandinistas creada para suplantar al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y a otra organización afín, pero la maniobra no funcionó. Luego, en medio de la cancelación masiva de personerías jurídicas a las organizaciones empresariales independientes también anuló la de sus simpatizantes.
Durante los últimos tres años el Órgano de Gobierno de la OIT hizo una serie de recomendaciones a las que el régimen Ortega Murillo no respondió ni implementó; y aunque recientemente anunció su retiro, la organización dejó claro que sigue vinculada a través de los Convenios que ha ratificado y las obligaciones que se derivan de ellos. Además, cuando un país miembro denuncia al organismo queda sujeto a todas las obligaciones durante dos años.
En la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) consideramos que el establecimiento de la Comisión de Encuesta es una decisión trascendental que se suma a otras iniciativas que la Comunidad Internacional promueve para frenar los abusos de los Ortega Murillo, entre ellos, la Investigación de la Sección 301 del Departamento de Comercio de Estados Unidos, las recomendaciones del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), la resolución del Parlamento Europeo y el abordaje de la crisis en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Es importante señalar que las recomendaciones que genere la Comisión de Encuesta se presentarán a Nicaragua y si no las acepta, quedará abierto el camino para llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
*Este artículo se publicó originalmente en: www.cdnicaraguense.com
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