“Le quiero decir a Rosario Murillo que LA PRENSA llegará a los cien años (de existencia)”, dijo en enero de 2019 el entonces director del periódico, Jaime Chamorro Cardenal, hoy ya fallecido.
La advertencia de Chamorro Cardenal a la vicepresidenta se produjo en un momento en que ella y su esposo, el dictador Daniel Ortega, intentaban desaparecer al periódico reteniéndole en Aduana los insumos para imprimirlo, como tinta, papel, planchas y otros.
Fueron 575 días de embargo que terminaron en febrero de 2020, recuerda el ahora gerente general del Diario, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, durante los cuales la dictadura Ortega Murillo intentó ahogar económicamente a LA PRENSA, pues las pérdidas ocasionadas fueron enormes.
Durante ese embargo, además de que se tuvo que comprar papel inapropiado en librerías escolares, el doble de caro que el importado, el periódico tenía que estar pagando a los almacenes en los que se encontraba el material retenido por decisión arbitraria de los dictadores.
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La retención también impedía la generación de recursos al Diario porque, al escasear el papel y los demás materiales, se redujo el paginaje del periódico, lo que a su vez implicó menos anuncios publicitarios.
“Todo eso te golpea fuertemente. Y eso es lo que ellos buscaban”, indica Holmann Chamorro.
El actual gerente general tiene claro que, desde antes de que Ortega regresara al poder en 2007, los ahora dictadores tenían el deseo de eliminar al Diario. “Con LA PRENSA tienen una inquina especial, especialmente ella”, expresa.
Holmann Chamorro explica que en los años ochenta del siglo pasado, durante el primer régimen sandinista en el que Ortega también era presidente, cerraban el periódico por un periodo corto de tiempo, que podían ser días o semanas, pero luego permitían que circulara de nuevo, porque los sandinistas no querían asumir «el costo político» que significaba cerrarlo definitivamente.
Para esos años, en los que había una guerra civil entre sandinistas y contras, los sandinistas usaban a LA PRENSA como «una ficha de negociación», recuerda Holmann Chamorro, porque cuando dentro o fuera del país se les cuestionaba la falta de libertad de expresión en el país, ellos alegaban: «¿Cómo que no hay? Pero si ahí está LA PRENSA y vean todo lo que dice LA PRENSA». Sin embargo, se trataba de una falsa libertad de expresión.
Los sandinistas sí cerraron definitivamente LA PRENSA en esos años, pero lo hicieron hasta en 1986, un día después de que el Congreso de los Estados Unidos aprobó una ayuda de 100 millones de dólares a los contras, para que siguieran haciendo la guerra a los sandinistas y estos últimos consideraron que ya no tenían algo que negociar con Estados Unidos.
LA PRENSA circuló de nuevo en 1987, pero pasó cerrada más de un año, indica Holmann Chamorro.
En la actualidad, tras las protestas de abril de 2018, Ortega y Murillo tampoco se decidían a cerrar definitivamente el Diario porque no querían “pagar el costo político” de hacerlo y trataron de que, ahogándolo económicamente, LA PRENSA se autocerrara.
Tampoco se trataba de agresiones nuevas porque, desde 2007, los Ortega Murillo han realizado una serie de ataques al periódico que van desde negarles información a los periodistas hasta encarcelamiento y acusaciones judiciales a sus directivos.
Por eso, en aquel enero de 2019, Jaime Chamorro Cardenal le vaticinó a Murillo que LA PRENSA llegará a los 100 años de existencia y este domingo 2 de marzo está arribando a los 99 y entrando a los 100.
Chamorro Cardenal falleció el 29 de julio de 2021 por una enfermedad y, 15 días después, la Policía de la dictadura se tomó las instalaciones de LA PRENSA y detuvo a Holmann Chamorro, quien fue preso político entre agosto de 2021 y febrero de 2023.
Un año después, en julio de 2022, la Policía secuestró a dos conductores del periódico y allanó las viviendas de periodistas y personal del Diario, obligando a que todo el personal saliera al exilio.
Sin embargo, a pesar de los ataques de los Ortega Murillo, y de lo difícil de hacer periodismo desde afuera del país, LA PRENSA sigue informando desde su plataforma digital. Desde este lunes 3 de marzo, se encamina a cumplir los 100 años de existencia.
Las primeras agresiones
En marzo de 2007, dos meses después de haber regresado al poder, Daniel Ortega destituyó a la recién nombrada directora del Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), Margine Gutiérrez, un día después de que LA PRENSA publicó una entrevista con ella, en la que Gutiérrez externó su desacuerdo con que Ortega le haya regalado unos manuscritos del poeta Rubén Darío al presidente venezolano Hugo Chávez.
Cinco meses después, Ortega también removió del cargo de embajador en Francia al sociólogo Óscar René Vargas igualmente por haber brindado una entrevista a LA PRENSA, a pesar de que solo habló sobre su vida personal y su obra literaria, nada de política, y de que ambos se conocieron desde jóvenes y fueron compañeros de lucha contra la dictadura somocista dentro del Frente Sandinista (FSLN).
Ortega —indica Holmann Chamorro— había dejado claro su política de comunicación desde antes de asumir la Presidencia, nombrando como la vocera de su gobierno a su esposa Rosario Murillo, la única que podía brindar información, y ese fue el primer signo de cómo se comportaría con el periodismo nacional, especialmente con LA PRENSA.
La segunda señal sería quitar la pauta publicitaria del Gobierno a los medios de comunicación independientes, empezando por el Diario LA PRENSA.
“Vimos dos formas de ataque a la libertad de expresión. Una es manipular la información, que solo pueda ser expresada por una persona. Y después viene con un ataque desde el punto de vista financiero, económico, a minar a los medios de comunicación independiente. Era como un arma para censurar y para hacer a la gente que hablara o que se plegaran a la narrativa que ellos querían implantar. A LA PRENSA le afectó, obviamente, pero tenía un portafolio de clientes bien amplio”, manifestó Holmann Chamorro.
Acusaciones contra Chamorro y Enríquez
A mediados de 2007 entró en vigencia un nuevo Código Penal y los Ortega Murillo lo estrenaron usándolo como arma política en contra del director de LA PRENSA, Jaime Chamorro Cardenal y su jefe de Redacción, Eduardo Enríquez.
La primera vez que lo usaron fue en diciembre de 2007, cuando cinco mujeres integrantes de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), brazo represor de los dictadores en los barrios, denunciaron a Chamorro Cardenal y a Enríquez por sentirse supuestamente perjudicadas por una información publicada el 20 de ese mes, titulada “CPC con licencia para dar golpizas”.
La noticia fue publicada cuando al entonces reportero de LA PRENSA, Jorge Loáisiga, en la noche del 19 de diciembre fue agredido por agentes de la seguridad presidencial, en un acto público realizado en Managua, en el que se encontraban Ortega y varios embajadores.
Loáisiga intentaba obtener declaraciones del embajador de Estados Unidos, cuando fue detenido violentamente por los llamados “camisas azules”, quienes luego lo entregaron a la Policía. El periodista fue esposado y conducido en calidad de detenido, pero fue liberado posteriormente gracias a las protestas de otros periodistas y pobladores.
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La denuncia fue por presuntas calumnias, porque según las cinco querellantes la publicación les había causado daños a su honorabilidad, pues desde entonces sus vecinos las llamaban pandilleras. Sin embargo, ninguna de ellas había sido mencionada en el reporte.
En el juicio, al que Chamorro Cardenal calificó como “absurdo”, ambos funcionarios del periódico fueron condenados por injurias.
En noviembre de 2008, los Ortega Murillo nuevamente usaron al poder judicial para reprimir a Chamorro Cardenal, a través de una querella presentada por la directora de la estatal Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), Ruth Herrera Montoya y sus hijos.
LA PRENSA había publicado meses antes, tras una investigación periodística, que Herrera y sus hijos usaban vehículos de Enacal con fines particulares.
Mientras transcurría este segundo juicio, todos a cargo de jueces orteguistas, los medios de comunicación afines a los Ortega Murillo realizaron una campaña de desprestigio contra Chamorro Cardenal, acusándolo sin fundamentos de enriquecerse ilícitamente con millones de dólares después que el Banco Central emitiera Certificados Negociables de Inversión (Cenis) para cubrir la quiebra de seis bancos privados durante el gobierno de Arnoldo Alemán.
A la vez, personas identificadas como de los CPC copaban las entradas a la sala de juicios para acosar al director de LA PRENSA.
Chamorro siempre expuso que la acusación era infundada, arbitraria e injusta, porque él nunca fue dueño de ningún banco que haya quebrado, ni banquero quebrador de alguna institución financiera, menos funcionario público para que se le imputaran delitos de fraude y tráfico de influencias.
Lo que los Ortega Murillo querían, aseguró Chamorro Cardenal, era desprestigiarlo a él y a LA PRENSA.
Acoso constante
Entre 2009 y abril de 2018, los Ortega Murillo nunca dejaron de acosar y reprimir a LA PRENSA, aunque Jaime Chamorro Cardenal y su hermana Anita Chamorro de Holmann, codueños del periódico, admitieron que se trató de una “presión diferente” a los ataques violentos.
“Ahora LA PRENSA recibe una presión diferente de este gobierno (de los Ortega Murillo). Por ejemplo, el papel está muy difícil de conseguir y cobran muchos impuestos. Y también ellos no dan ningún anuncio aquí a LA PRENSA. Vos has visto que cierran las puertas para cualquier licitación o cualquier noticia. No permiten que LA PRENSA entre a ver la situación y el Gobierno cómo anda. Ellos están detrás de uno para cerrarle, para impedirle la libertad y la conciencia que uno quiere despertar en la gente”, dijo Anita Chamorro en julio de 2017.
Por su parte, cuando en septiembre de 2018 se le consultó a Jaime Chamorro Cardenal si LA PRENSA había sufrido censura en ese momento y anteriormente, reconoció que “no directamente”, pero sí había habido presión, especialmente agresiones a los periodistas tanto de Managua como a los corresponsales de los departamentos, así como robos de cámaras y otras formas de violencia.
“Lo que ha habido siempre es que el Gobierno no informa, ni siquiera invita a los medios independientes a una inauguración o a los actos de las Fiestas Patrias. No hay un funcionario que le dé una entrevista o una declaración a LA PRENSA. Además, absolutamente ni un anuncio de ninguna clase y hay presión en los periodistas, como te dije, principalmente en los que son más vulnerables”, señaló entonces.
Las últimas agresiones
La represión que desató la dictadura Ortega Murillo tras las protestas de abril de 2018, empeoró la violencia contra LA PRENSA, al igual que contra los demás medios independientes.
A como ocurrió con todos los demás, hubo agresiones contra los periodistas y hasta contra las instalaciones del Diario.
El bloqueo publicitario y la retención de los insumos para imprimir el periódico que realizaba la dictadura Ortega Murillo obligaron a sus directivos a buscar alternativas a través de la edición digital, fortaleciendo la página web del periódico.
Sin embargo, también hubo desafíos en esa opción, por lo que se decidió lanzar un “muro de pago”, es decir, cobrar por suscripción.
“Los periódicos, originalmente, en el siglo XIX, comenzaron vendiendo contenido. Muchos de ellos daban la lista de los barcos que llegaban a los puertos con pasajeros y mercadería y la gente compraba para ver noticias así. Y cuando fueron circulando mucho empezaron a anunciarse los comerciantes. Eso fue creciendo. Llegó un momento en que los anuncios eran la base del sustento para poder hacer el contenido, pero la venta del periódico no pagaba, era una cosa muy pequeña y todo se basaba en los anuncios. Ahora es similar a lo que ocurría en el siglo XIX. El contenido, que es caro producirlo, lo tiene que pagar el lector, no el anunciante”, justificó en su momento Jaime Chamorro Cardenal.
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Después de febrero de 2020, cuando el régimen Ortega Murillo destrabó los insumos para imprimir, tras más de 500 días de embargo, posteriormente reanudó la retención y para los dueños del periódico ya fue difícil mantener la edición impresa.
“Tomamos la decisión de suspender la edición impresa. No fue terminarla, sino suspenderla hasta que tuviéramos nuevamente insumos para la edición impresa. En eso se acabó también el Hoy (también propiedad de la familia Chamorro), que era un periódico que cumplía una labor en un segmento diferente de LA PRENSA”, indicó Juan Lorenzo Holmann Chamorro.
Sin embargo, después de ello fue que la dictadura se tomó las instalaciones del periódico, apresó a Holmann Chamorro y, un año después, toda la Redacción salió al exilio.
Actualmente, LA PRENSA sigue informando en condiciones “duras”, señala el gerente general, porque todos los colaboradores y periodistas “tuvieron que comenzar de cero” su vida fuera de Nicaragua.
“Es bien duro, bien caro vivir afuera. Además, la parte emocional, la parte psicológica. Hay mucho peso emocional y psicológico detrás de eso. El otro lado es la parte económica, pues dar un salario digno en Nicaragua es más bajo que un salario digno en Costa Rica o en otros lugares. Eso acrecienta el costo de producir el medio de comunicación”, manifestó Holmann Chamorro.
Todo ello sin obviar, agrega el gerente, que es difícil estar lejos físicamente también de la audiencia nicaragüense. “Nosotros le servimos a Nicaragua”, afirmó.
A pesar de todas las agresiones de la dictadura Ortega Murillo —destacó Holmann Chamorro— LA PRENSA sigue informando. Este 2 de marzo cumple 99 años de existencia y va camino de los 100 años que Jaime Chamorro Cardenal le advirtió a Rosario Murillo.
