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La zozobra, el miedo y la incertidumbre se han apoderado de decenas de vecinos que por años ha tenido la familia de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el reparto El Carmen, en Managua, luego que funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), acompañados de oficiales de la Policía, les notificaron que tienen que desalojar sus viviendas, de lo contrario serán sacados por la fuerza.
Los pobladores afectados tienen sus propiedades en el perímetro de seguridad del búnker del régimen, que ha sido ampliado desde el estallido social de 2018, y que abarca varias manzanas a la redonda, convertida en una zona blindada e impenetrable, rodeada por murallas, retenes, garitas, perros rastreadores de explosivos, puestos de control y patrullada por oficiales y civiles armados.
LA PRENSA supo que existe una zona de exclusión interna de aproximadamente 200 metros alrededor de la residencia de Ortega y Murillo y es de allí que van a mover a quienes no sean de confianza de la pareja dictatorial. Además hay una zona de exclusión externa de protección adicional.
Entre las familias perjudicadas por esta decisión de los Ortega y Murillo hay de todo: militantes sandinistas, funcionarios del Estado, opositores, indiferentes, pobladores con más de 50 años viviendo en el sector, y otros llegados en los años 80, cuando se apoderaron de viviendas confiscadas.
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Según las denuncias, el desalojo es general, sin indemnización y sin importarles si los habitantes poseen o no escrituras de sus viviendas. Y están empezando con las casas que por alguna razón sus propietarios las dejaron abandonadas.
“Mucha gente ya se fue, otras tienen sus cosas empacadas en cajas esperando la orden del desalojo. La zona está llena de policías, con camiones de la Alcaldía de Managua entrando y saliendo con las pertenencias de las familias. Esto que está pasando es doloroso, porque hay muchos que no tienen dónde irse a vivir”, dijo un poblador, bajo condición de anonimato.
Las denuncias están llegando desde diferentes sectores que rodean la residencia de la familia en el poder, que posee una inmensa propiedad de dos manzanas de terreno. Los desalojos ordenados van desde la Estatua de Montoya hacia el sur, pasando por Lugo Renta Car, la Prolar, Colegio María Mazzarello, todas las viviendas construidas cerca del cauce, las casas frente al parque El Carmen y hasta propiedades bien cercanas al Restaurante El Eskimo.
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Permiso de desmantelar las casas
“A las familias les están permitiendo que se lleven todo, incluso tienen permiso de desmantelar sus casas. Están desarmando ventanas, baños, puertas. Hay casas de todos los tamaños y de todos los precios. Lamentablemente sus dueños las están desocupando, porque los están forzando a eso. Hay propiedades recién remodeladas y otras que estaban alquiladas”, relató otro ciudadano.
Desde su retorno al poder, la familia Ortega y Murillo ordenó sellar los alrededores de su residencia, transformada desde 2007 en la “Casa Presidencial”. Con los años se “tragaron” todo el reparto, afectando la vida de sus vecinos; muchos se vieron forzados a vender e irse. Desde abril de 2018, cuando extremaron las medidas de seguridad para la familia de la pareja dictadora, se arreció la vigilancia, las personas que vivían ahí tenían que pedir permiso para salir y entrar, y todos los negocios quebraron.
En el búnker de El Carmen vive Daniel Ortega y la Rosario Murillo, los hijos de ambos con sus respectivas familias, también están las instalaciones de Canal 13 y Canal 4, y de otros negocios de la pareja dictadora. Ahora no quieren a ningún desconocido viviendo cerca, ni siquiera a aquellos militantes bulliciosos que en busca de congraciarse viven poniendo música revolucionaria a todo volumen.
“A la gente no le están dando nada, no serán reubicados en ningún lado ni están recibiendo dinero o algún tipo de compensación. He visto gente llorar, sin saber qué hacer y he visto llevarse detenidos a otros por el simple hecho de reclamar. Aquí nadie puede hacer fotos como evidencia de lo que está ocurriendo, porque en los postes de energía tienen instaladas cámaras de vigilancia”, lamentó otro ciudadano.
La propietaria de una de las viviendas afectadas, que pidió omitir su nombre, explicó que «nos dieron 24 horas para sacar todo y abandonar la propiedad que está valorada en 90 mil dólares. La casa que nos están quitando la compramos en los años 90, no fue regalada ni producto de ninguna piñata. La adquirimos y la mejoramos con mucho esfuerzo. Tenemos todos los papeles en regla. Somos vecinos cercanos a los Ortega y Murillo. Admito que nuestra familia antes era sandinista, pero nos alejamos del partido desde hace varios años”.
En los últimos años, la dictadura ha ordenado confiscar las casas abandonadas por sus dueños, ya sea porque se fueron del país o que se cansaron de vivir bajo vigilancia, sin tener una vida normal. En los terrenos de esas casas confiscadas y de otras compradas a sus dueños, la familia en el poder las transformó en amplios espacios de parqueo para los vehículos de los funcionarios del régimen o personal que labora en los canales de televisión y de los otros negocios controlados por los hijos Ortega Murillo.
Supuestos detenidos
Vecinos indicaron que hay varias personas detenidas por oponerse a la orden de desalojo, pero que “también a algunos los tenían fichados y les han sacado publicaciones viejas en redes sociales, en contra del régimen”, agregan.
“Yo alquilaba una casa cerca del parque, me vine a los Estados Unidos, ahora sabemos que ya le cayeron a la vivienda. Hace unos días fue tomada por policías”, comentó una de las personas.
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Se contabilizan más de 50 casas que a sus dueños los expulsaron del reparto. “Pero también hay gente que no está hablando por miedo. Yo tengo 51 años, toda mi vida la he pasado ahí mismo, conozco a toda la gente, y te puedo garantizar que están desalojando a personas, que incluso, el mismo Daniel Ortega les había regalado la propiedad donde vivían”, expresó otro ciudadano.
Nadie sabe con exactitud qué va a pasar con todas las propiedades que están quedando desocupadas. Unos pobladores han escuchado que construirán una base militar y otros, que esas serán ocupadas por paramilitares que se convertirán en un anillo de protección de la pareja dictadora.
