El paramilitarismo en otros países de la región ha sido experiencias de violencia política, abuso de poder y masacres civiles que desde ya se pueden comparar con los eventos de 2018 en Nicaragua, cuando el régimen de Daniel Ortega comenzó a armar a civiles a gran escala, para detener las masivas protestas ciudadanas.
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Guatemala y Perú comparten pasados en los que el Estado armó a civiles para vigilar, perseguir y eliminar a sus rivales políticos o grupos extremistas, en lo que significó la historia más oscura de la política de esos países.
2018, origen de los paramilitares en Nicaragua
La dictadura de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, en Nicaragua, ante la incapacidad de la Policía de combatir sola las masivas protestas civiles de 2018, armó a militares veteranos y fanáticos sandinistas para que acompañaran a los uniformados en la represión contra los manifestantes, lo que dejo más de 300 muertos, según reportes de organismos internacionales de derechos humanos.
Siete años después de los eventos de 2018, la dictadura Ortega Murillo ha concretado la creación oficial de un ejército paramilitar bajo la denominación de «policías voluntarios», conformado por 50 mil miembros, según declaró el inspector general de la Policía, Jaime Vanegas, en entrevista con uno de los medios oficiales. Vanegas dejó entrever que el número de «policías voluntarios» seguirá creciendo y motivó a la ciudadanía nicaragüense a integrarse a este grupo.
Los actos de juramentación de los «policías voluntarios» duraron un poco más de un mes —desde el pasado 15 de enero hasta este 20 de febrero—. Se realizaron en los 15 departamentos y dos regiones autónomas del país, lo que significa que la organización paramilitar nicaragüense tiene una cobertura nacional.
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Los paramilitares fueron juramentados ocultando su identidad con pasamontañas, pero se sabe que la mayoría son fanáticos sandinistas, trabajadores públicos, miembros de la Juventud Sandinista, miembros del Consejo del Poder Ciudadano (CPC), entre otros radicales del régimen orteguista. También se sabe que su entrenamiento militar fue de al menos tres años en diferentes campos militares del país.
Debido a que por ley la «Policía Voluntaria» únicamente realiza tareas de «apoyo en labores de prevención para vigilancia, patrullaje, regulación de tránsito y desastres naturales», en teoría no requieren armas. Sin embargo, el mismo dictador Ortega reconoció en 2018 que los grupos armados que trabajaban en coordinación con la Policía, para reprimir las protestas civiles, eran «policías voluntarios», lo que para los críticos significa que en el momento requerido serán armados.
El abogado y opositor Yader Morazán manifestó que la investidura oficial de «policías voluntarios» no significa que dejen de ser paramilitares.
«No es el nombre que le asignen en la nueva Constitución Política impuesta por los co-dictadores a sus grupos criminales lo que determinará la responsabilidad penal individual de los pobres (engañados) del mundo, sino sus acciones. Por ello, da igual que en el texto legal le llamen arcángeles, paramilitares, paraestatales, reservistas o policías voluntarios. ¡Delincuente es delincuente y es delito el sólo hecho de pertenecer a una organización delictiva!», expresó Morazán.
Qué es el paramilitarismo
Los conceptos más generales describen el paramilitarismo como «organizaciones civiles o particulares que tienen una estructura similar a la de un ejército, pero no están formalmente integrados en las fuerzas militares de un Estado».
Sin embargo, hay amplios estudios que profundizan sobre las diferentes experiencias de paramilitarismo en la región latinoamericana y en el mundo.
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Un análisis teórico sobre el paramilitarismo, realizado por los académicos y expertos en seguridad Stathis Kalyvas y Ana Arjona, hace una tipología de los grupos paramilitares, clasificándolos según su dimensión territorial (local o supralocal) y su tamaño (pequeño o grande). Según este estudio, «de esta tipología se derivan cuatro tipos de paramilitarismo: vigilantes, escuadrones de la muerte, guardianes y milicias y ejércitos de paramilitarismo».
El estudio de Kalyvas y Arjona recoge que en Perú el término paramilitar hace referencia a «escuadrones de la muerte, justicia privada, grupos de autodefensa, ‘operaciones limpieza’ (en contra de prostitutas, indigentes, homosexuales, etc.), o simplemente (se refiere) al incremento de la represión oficial por parte del Estado en contra de civiles denominado guerra sucia».
Otras definición recogida en el mismo estudio los describe como «organizaciones clandestinas y usualmente irregulares, con frecuencia de naturaleza paramilitar, las cuales llevan a cabo ejecuciones extrajudiciales y otros actos violentos (tortura, violaciones, incendios intencionados, bombardeos, etc.) en contra de personas o grupos de personas específicos».
«Los grupos paramilitares tienden a estar ligados al Estado»
Los expertos valoraron en el estudio que en medio de la variedad de paramilitarismo se pueden encontrar los siguientes denominadores comunes.
«Los grupos paramilitares tienden a estar ligados al Estado y su actividad central es la producción de violencia. Por lo tanto, proponemos la siguiente definición: los paramilitares son grupos armados que están directa o indirectamente con el Estado y sus agentes locales, conformados por el Estado o tolerados por este, pero que se encuentran por fuera de su estructura formal».
Los escenarios del paramilitarismo también varían, según el análisis Kalyvas y Arjona. «Algunos regímenes autoritarios han usado los escuadrones de la muerte para suprimir cualquier tipo de oposición. Las numerosas desapariciones y asesinatos en Argentina y Chile ilustran hasta qué punto estos grupos fueron usados por estas dictaduras en América Latina. Sin embargo, la mayoría de regímenes autoritarios dejan estas actividades en manos de su policía secreta en lugar de usar escuadrones de la muerte», indica el estudio.
Paramilitarismo de Guatemala
Un buen ejemplo de cobertura nacional de paramilitarismo como la que está poniendo en práctica la dictadura Ortega Murillo en Nicaragua, es la experiencia pasada de Guatemala. Bajo la dictadura de 17 meses del general Efraín Ríos Montt en los años ochenta, el Estado creó una gran red de patrullas de autodefensa civil (denominadas PAC), que actuaban como paramilitares para identificar y eliminar a guerrilleros comunistas.
Los PAC señalaron a los territorios indígenas de acoger a las guerrillas, lo que significó la destrucción de sus comunidades y la masacre a sus poblaciones, además de provocar el desplazamiento forzado de miles de familias indígenas. Se estima que más de 10 mil personas fueron asesinadas en las zonas donde habitaban los indígenas y 440 pueblos fueron arrasados.
Kalyvas y Arjona confirman en su estudio que Guatemala es un caso donde un porcentaje significativo de la población se involucró en varios tipos de actividades paramilitares. Según los datos recogidos por los expertos, se estima que para el año 1985 había un millón de habitantes rurales que estaban involucrados en actividades de patrullaje en sus comunidades.
«En Guatemala el objetivo principal de las patrullas civiles, conocidas como milicias, fue informar acerca de los simpatizantes de la guerrilla dentro de las comunidades», refiere el estudio.
«El principal propósito de las milicias es el control de la población»
Kalyvas y Arjona también profundizan sobre las llamadas «milicias de autodefensa local o guardianes», otro tipo de paramilitarismo que se puede comparar con el proyecto en marcha en Nicaragua y la idea que la dictadura Ortega Murillo quiere venderle al pueblo de estos grupos paralelos a la policías.
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Las milicias de autodefensa local o guardianes normalmente son coordinadas por el Ejército o la Policía, aunque forman parte de una red mucho más extensa, según explica el estudio.
«Son instituciones que operan a tiempo parcial. Por lo general se conforman a nivel local (involucrando sólo a personas del mismo pueblo) y están compuestos por hombres de la localidad y algunas mujeres a veces, cuyas actividades están fuertemente ligadas a su comunidad. Son parte de una estrategia local del gobierno y de construcción del Estado. El principal propósito de las milicias es el control de la población», manifiestan los expertos.
Los grandes riesgos
Una advertencia del estudio es que cuando estos grupos son conscientes del poder local que tienen, generalmente afecta las dinámicas locales «de manera que pueden atraer nuevos reclutas, tales como personas que desean más respeto por parte de sus vecinos o los que comienzan a creer en la causa».
«En nuestras investigación sobre los paramilitares colombianos desmovilizados encontramos motivaciones heterogéneas que incluyen la venganza, la ideología, la necesidad de protección, la superación de condiciones difíciles, intereses económicos y de deseo de prestigio», apunta el documento.
Otra de las conclusiones peligrosas del análisis es que «una vez las guerras civiles terminan, estos grupos pueden sobrevivir por algún tiempo como milicias locales o degenerar en grupos de vigilancia o simplemente en organizaciones criminales».
