Las inversiones extranjeras son un elemento clave de la economía nacional en los países en desarrollo, como Nicaragua, para los cuales los recursos externos son indispensables.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) define la Inversión Extranjera Directa (IED) como “un pilar fundamental de la política de desarrollo económico, ya que tiene impacto directo e indirecto en diversas áreas de la economía y la productividad local y en ingresos fiscales. De hecho la IED es una de las principales fuentes de financiación externa para las economías en desarrollo”.
A tenor del concepto definitorio del BID, los economistas explican que la inversión extranjera genera empleos de calidad; contribuye al desarrollo tecnológico y de las prácticas empresariales más eficientes; impulsa y fortalece la productividad y la competitividad empresarial nacional; incrementa los ingresos fiscales y la disponibilidad de recursos financieros para impulsar los proyectos públicos; fortalece la participación del país en el comercio internacional; contribuye al desarrollo sostenible nacional; etc.
Es por eso que los gobiernos procuran poner al frente de las instituciones relacionadas con la inversión extranjera, así como de la ejecución de las leyes y reglamentos que las regulan, a las personas más capacitadas y expertas de las que se puede disponer en el servicio público. Y en no pocas ocasiones sonsacan de la empresa privada cuadros de primer nivel.
Pero en Nicaragua, por las características de su régimen político, autocrático, familiar y dinástico practicante del nepotismo, ponen al frente de esa delicada responsabilidad pública a un miembro de la familia gobernante. Decimos esto a la luz de la información publicada por LA PRENSA el lunes 17 de febrero corriente, acerca de que la nueva Ley de Inversiones que está aprobando el régimen concede la función de dirigir las políticas nacionales de inversión extranjera a Laureano Ortega Murillo, el hijo evidentemente predilecto de la pareja presidencial; a quien al parecer están preparando para que asuma el poder cuando ellos ya no puedan estar allí.
Eso no sería posible si Nicaragua hubiera podido seguir siendo un país democrático, porque el gobierno familiar y dinástico es antagónico a la democracia, porque no es transparente y promueve la más grosera corrupción gubernamental.
En un país democrático un familiar cercano del gobernante puede ser muy inteligente, talentoso y experimentado, pero su parentesco lo inhabilita para ocupar un cargo en el Estado, sobre todo si es de mucha responsabilidad. Tiene que buscar sitio en la empresa privada y si es capaz seguro que lo encuentra.
No fue por casualidad que la reforma democrática constitucional de 1997, aprobada durante el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, incluyó un artículo en la Constitución que había sido aprobada en 1987 por el sandinismo, el 130, que prohibió categóricamente esa forma de nepotismo y corrupción que consiste en nombrar en cargos importantes e influyentes a familiares cercanos del gobernante y de los altos funcionarios públicos.
La razón de eso es muy clara. El ejercicio del poder tiende por sí mismo a corromper a las personas. Por eso es indispensable establecer en la ley, y cumplirlas, rigurosas disposiciones prohibitivas. “El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”, sentenció un sabio político británico del siglo 19, llamado John Emerich Acton, conocido como Lord Acton. Pero esa tendencia o tentación inevitable de la corrupción es peor cuando el poder se concentra principalmente en las manos de una familia, como es el caso de Nicaragua.
En realidad, el retroceso político de este país es impresionante. Ahora se ha puesto en la Constitución sandinista normas totalitarias, absolutistas y alentadoras de la corrupción, que no se atrevieron a poner en la de 1987.
Pero una discusión jurídica sobre esas diferencias constitucionales es irrelevante. La nueva constitución sandinista y todas las leyes y nombramientos de funcionarios que de ella se deriven tendrán que ser derogadas y cancelados por el gobierno democrático que sustituya a la actual dictadura familiar y dinástica.
O sea cuando haya en Nicaragua una nueva democracia que —ojalá— sea más sólida, defendible y duradera que la del período de 1990 a 2006.
