El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue encarcelando periodistas en Nicaragua. Actualmente, cuatro comunicadores permanecen bajo arresto, tres de ellos capturados el año pasado. Entre los detenidos, dos son adultos mayores que ya se habían retirado del ejercicio periodístico.
En 2024, al menos 52 periodistas abandonaron la profesión, según el informe Prensa Independiente Nicaragua 2024: Resiliencia y Valentía ante la Represión Estatal, de la Fundación por la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED).
Guillermo Medrano, de FLED, explicó que esta tendencia responde a múltiples factores: “la falta de empleo, los salarios precarios, la peligrosidad inherente al periodismo y el cierre de medios han obligado a muchos profesionales a buscar otras formas de subsistencia”.
Detención de periodistas jubilados evidencia represión extrema
Entre los cuatro periodistas arrestados, dos son adultos mayores, lo que refleja el nivel extremo de represión en el país, según Medrano.
“En Nicaragua se ha alcanzado un nivel de insensibilidad alarmante. Ni siquiera la jubilación o el retiro garantizan tranquilidad. Cualquier persona que haya ejercido el periodismo en el pasado puede convertirse en blanco de acoso e intimidación”, afirmó.
Uno de los casos más recientes es el de Irving Guerrero, detenido el 9 de febrero de 2024 en la ciudad de León. La Policía lo acusó de supuesta tenencia ilegal de armas, pero la organización Alertas Libertad de Prensa Nicaragua denunció que su arresto fue una represalia por su labor periodística.
Otro caso relevante es el del periodista Leo Catalino Cárcamo, capturado violentamente el 22 de noviembre de 2024. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó el 2 de enero de 2025 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ampliar las medidas provisionales en el caso Juan Sebastián Chamorro y otros vs. Nicaragua, a favor de Cárcamo, por considerar que su vida y derechos fundamentales corren grave riesgo.
Cárcamo nació el 22 de abril de 1963 en La Paz Centro, departamento de León. Con gran esfuerzo estudió periodismo y comenzó a trabajar en una emisora local. Durante años, viajó diariamente en autobús los 36 kilómetros que separan La Paz Centro de León para ejercer su labor.
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A mediados de la década del 2000, su salud se deterioró debido a la diabetes y la hipertensión. También padecía cataratas, lo que le dificultaba la lectura. Tras la crisis sociopolítica de 2018 y el constante hostigamiento, decidió retirarse del periodismo. En los últimos tres años, se mantuvo alejado de la actividad pública en su vivienda en La Paz Centro.
“Es importante recordar que el Estado de Nicaragua, mediante el Acuerdo Presidencial 390, publicado en La Gaceta en mayo de 1990, reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con carácter general y por un plazo indefinido. Hasta la fecha, no ha emitido ninguna comunicación oficial indicando su retiro de la Corte o el desconocimiento de su jurisprudencia”, destacó Medrano.
Régimen no tolera la menor crítica
El 27 de octubre de 2024, la Policía detuvo al periodista Elsbeth D’Anda, supuestamente por permitir en su programa de televisión una llamada en la que un ciudadano se quejaba del alto costo de la canasta básica.
Según denunció el abogado José Antonio López, al menos 20 agentes policiales llegaron a la casa del periodista en cinco patrullas para efectuar el arresto.
Otro caso es el de Fabiola Tercero, detenida el 12 de julio de 2024. La organización Reporteros Sin Fronteras denunció el 18 de septiembre que, desde su arresto, no se ha tenido ninguna noticia sobre su paradero.
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En 2017, Tercero fundó El Rincón de Fabi, un proyecto para fomentar la lectura y la cultura entre jóvenes nicaragüenses. Su iniciativa comenzó en redes sociales con transmisiones en vivo, en las que regalaba libros a quienes respondieran trivias sobre historia, cultura y literatura.
Autocensura y disminución de la prensa independiente
En 2024, la organización FLED documentó 81 casos de violaciones a la libertad de prensa. Aunque la cifra parece menor en comparación con los 86 casos reportados en 2023, en realidad refleja un preocupante incremento en la autocensura.
Según Medrano, muchos periodistas evitan denunciar agresiones por temor a represalias personales y profesionales. Incluso en condiciones de anonimato, el miedo impide conocer la verdadera magnitud de los ataques.
Del total de casos documentados, 57 afectaron a periodistas y trabajadores de medios, mientras que 24 se dirigieron contra entidades jurídicas, como medios de comunicación y organizaciones gremiales.
Uno de los hallazgos más alarmantes de FLED es la expansión de las zonas sin cobertura periodística independiente. En 2024, cinco nuevos departamentos —Granada, Madriz, Nueva Segovia, León y Río San Juan— quedaron sin periodistas independientes, elevando a 10 el número de regiones bajo control exclusivo de medios oficialistas.
