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La propiedad en la que funcionaban las oficinas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) amaneció este miércoles 5 de febrero completamente cerrada, en acato a la orden girada por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, que horas antes exigió a la organización cerrar “a lo inmediato” su “representación y oficinas” en Nicaragua.
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El 4 de febrero, en horas de la tarde, el orteguismo divulgó una misiva que envió a QU Dongyu, director general de la FAO, en la que le informa la salida del Estado de Nicaragua de esa organización y el rechazo al reciente informe “Panorama regional de la seguridad alimentaria y la nutrición para América Latina y el Caribe 2024”, elaborado y divulgado por la FAO, en el que la organización señala que 1.4 millones de nicaragüenses están subalimentados.
A diferencia de lo ocurrido hace dos años con la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Managua, donde el orteguismo ordenó montar el Museo de la Infamia y, meses después, cambió la orden para que este se convirtiera en el Centro de Estudios del Desarrollo Miguel D’Escoto Brockmann, la dictadura no ordenó imponer patrullas policiales en las afueras de la sede de la FAO en Managua.
Sin embargo, es importante mencionar que la vigilancia a esa organización es continua, dado que está ubicada junto al Ministerio Agropecuario (Mag), el cual también está controlado por la dictadura Ortega-Murillo.
Una nueva expulsión de representaciones de la ONU
La expulsión de la representación de la FAO se convierte en la segunda ocasión que el régimen arremete contra representaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En agosto de 2018, el orteguismo también ordenó la salida de la representación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), que había instalado desde el 27 de junio de 2018 una misión para confirmar los hechos de violencia ocurridos desde abril de ese año.
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En esa ocasión, el régimen argumentó que la expulsión de esa representación ocurría porque habían cesado «las razones, causas y condiciones» por las que esa misión permanecía en el país. Sin embargo, la decisión fue interpretada por diferentes organizaciones nacionales e internacionales como una acción en respuesta a que dos días antes, el 30 de agosto de 2018, dicha misión de Oacnudh había presentado el informe «Violaciones a los Derechos Humanos y Abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua».
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En dicho documento, Oacnudh concluyó que “la respuesta global de las autoridades de Nicaragua a las protestas», que en ese entonces ya tenían más de cuatro meses de desarrollarse y dejar un saldo de centenares de fallecidos, «no cumplió con los estándares aplicables sobre la gestión adecuada de manifestaciones, en violación del derecho internacional de los derechos humanos”.
La FAO, hasta la publicación de este reporte, no se ha pronunciado en relación con la orden de la dictadura sandinista de cerrar sus oficinas y sacar a lo inmediato a su representación, por lo que se desconoce qué ocurrirá con la propiedad en la que funcionaban sus oficinas en Managua.
