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Aunque los reportes oficiales indican que durante su primer año de vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) que Nicaragua firmó con China no rindió los frutos esperados en el campo de las exportaciones ni de las inversiones, el régimen Ortega Murillo sigue buscado nuevos aliados de papel, ahora para proyectos de desarrollo. A los convenios que ya tiene con Cuba, Rusia, Bielorrusia, Irán, Burkina Faso, Turquía, Kenia, Palestina, Guinea Ecuatorial, Abjasia, Osetia, Kuwait y otros países, ahora se suma la India, país con el que no existen vínculos comerciales ni de cooperación.
Según el texto del convenio publicado en la edición del lunes 27 de enero del diario oficial La Gaceta, con este convenio el régimen Ortega Murillo pretende ayudar a «organismos locales» a desarrollar proyectos de desarrollo, particularmente de infraestructura y proyectos sociales. Es decir, llenar el vacío que dejaron en los territorios las más de cinco mil organizaciones no gubernamentales (ONG) a las que en los últimos años les canceló la personería jurídica y les confiscó sus bienes.
La India ni siquiera tiene embajada en Managua, sino un consulado honorario y un embajador concurrente desde Panamá.
Esta semana entró en vigencia el Acuerdo en Relación con Asistencia de Subvención India para la aplicación de Proyectos de Impacto Rápido (PIR) que el régimen Ortega Murillo firmó con India en diciembre de 2024, para financiar «pequeñas pero eficaces iniciativas de desarrollo» impulsadas por organismos locales a través de proyectos de corta gestación que generen resultados inmediatos.
Detalles del convenio firmado con India
Según la publicación, el acuerdo cubrirá Proyectos de Impacto Rápido (PIR) y la subvención que otorgará el Gobierno de India no superará los 50 mil dólares para cada proyecto y un máximo de cinco proyectos por año.
«Los PIR se destinarán al desarrollo socioeconómico, en particular, aunque no exclusivamente, a la creación o mejora de infraestructuras físicas como carreteras, centros comunitarios locales, etc. y de infraestructuras sociales, por ejemplo, para la educación, la sanidad, el saneamiento y el desarrollo comunitario», dice parte del convenio.
Además, explica que los recursos que entregue el Gobierno de India para financiar estos proyectos los pondrán directamente «a disposición de la Entidad Focal, que puede ser un organismo local a nivel de corregimiento, municipio, distrito; o la unidad local de los departamentos/agencias del Gobierno de Nicaragua o cualquier otra entidad de este tipo».
El acuerdo también establece que las entidades beneficiadas con la subvención presentarán a la Embajada de la India, a más tardar en junio de cada año y a través del Gobierno, las propuestas de los proyectos, cuya ejecución no debe durar más de un año. Cada propuesta deberá incluir la lista de necesidades, disponibilidad de materiales y recursos, y el cálculo detallado de los costos.
Proyectos deben garantizar sostenibilidad
«La propuesta de PIR también debe indicar cómo se mantendrá el proyecto, después de la puesta en marcha, garantizando los máximos beneficios a los beneficiarios previstos con el mínimo tiempo de inactividad», refiere el convenio.
Finalmente el acuerdo establece que el Gobierno de Nicaragua proporcionará la «exención o el reembolso, según el caso, del pago de todos los gravámenes, derechos, impuestos y tasas de cualquier tipo, incluido el IVA, sobre cualquier bien o servicio adquirido localmente o importado para la ejecución del proyecto en virtud del presente Acuerdo. El IVA sobre los bienes y servicios adquiridos localmente para el proyecto, si es pagadero, será abonado por el Organismo de Ejecución y ajustado directamente entre el Organismo de Ejecución y el GDN».
A criterio de especialistas, el régimen Ortega Murillo pretende llenar con estas subvenciones que supuestamente India le entregará el vacío que dejaron en casi todos, si no es que en los 153 municipios que tiene el país, las miles de ONG a las que en los últimos años les canceló la personería jurídica y les confiscó sus bienes.
¿Conseguirá que India financie proyectos?
Por más de tres décadas estas organizaciones trabajaron en muchos casos con los gobiernos locales en construcción, mejora y ampliación de la infraestructura vial y social de las comunidades más empobrecidas del país y para hacerlo manejaban una buena parte de los recursos de la cooperación internacional destinados al país.
Sin embargo, a raíz del estallido social de 2018 las ONG se convirtieron en uno de los objetivos de la represión. Inicialmente los Ortega Murillo cerraron las organizaciones vinculadas a temas de empoderamiento ciudadano y participación política, pero en los últimos dos años cerraron más de cinco mil, es decir, casi todas las que existían, entre las que se incluyen hasta la Cruz Roja, Operación Sonrisa y otras que a nivel mundial ayudan a la población necesitada.
Para los conocedores del tema, este convenio refleja la necesidad del régimen de recuperar el apoyo que otorgaban estas organizaciones a la población. Ahora lo busca a través de cooperación bilateral directa para financiar proyectos que ejecutarán entidades gubernamentales o municipales bajo el control del Gobierno central.
Sin embargo, temen que este se sume a una larga lista de acuerdos similares que desde el estallido de la crisis sociopolítica han firmado y que se han quedado solo en el papel. El régimen firma estos convenios para tratar de llenar el espacio que dejaron la mayoría de los donantes que suspendieron la entrega de recursos, como muestra de repudio a las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad que cometió al régimen Ortega Murillo para sofocar las protestas.
Lista de países con los que han firmado es larga
En los últimos años los Ortega Murillo firmaron convenios de cooperación y acuerdos comerciales con una amplia lista de países, entre ellos: Bielorrusia, Irán, Burkina Faso, Turquía, Kenia, Palestina, Guinea Ecuatorial, Abjasia, Osetia, Kuwait y ahora India. El problema, tal como señalan los especialistas, es que ninguno de estos ha rendido frutos, todos han quedado únicamente en el papel y esto podría pasar también con India y al final las afectadas son las comunidades que no tienen quién apoye sus necesidades.
En el caso de India, la relación ha sido casi inexistente. Ese país no figura entre los socios comerciales, lo que demuestra que si se le vende o compra algún bien es en cantidades mínimas, ya que no aparece en la lista de los principales compradores ni en la de los países donde Nicaragua compra sus productos; y en el caso de la cooperación esta también ha sido prácticamente nula.
El informe de cooperación oficial externa de 2023 (el de 2024 todavía no está disponible) dice que de los 701.2 millones de dólares que durante ese año recibió el sector público, India otorgó 3.9 millones de dólares, esto a criterio de los especialistas puede indicar el futuro que tendrá el nuevo convenio.
Incluso, consideran que ni siquiera la relación política es fuerte ya que India no tiene embajada en Managua. Solamente mantiene un consulado honorario, el embajador Upender Singh Rawat, es concurrente desde Panamá y según las redes sociales esa sede diplomática atiende tres países: Panamá, Costa Rica y Nicaragua.
