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Donald Trump volvió a la Casa Blanca y su promesa de campaña de castigar la migración irregular se volvió realidad. Además de capturar y deportar a los migrantes irregulares, los republicanos pretenden obstaculizar el envío de dinero a sus países. La próxima semana Florida tiene previsto aprobar una ley que impediría a los migrantes irregulares enviar remesas. La decisión impactaría el flujo de estos ingresos que, en Nicaragua el año pasado superaron los 5 mil millones de dólares, más de 4 mil millones procedentes de Estados Unidos, y se consolidaron como uno de los pilares que sostiene la economía.
Los especialistas consideran que esta decisión de Florida y una posible imposición de impuestos a las remesas que están contemplando otros Estados, afectará a millones de familias de todo el mundo, pero especialmente de México y Centroamérica.
Y aunque los migrantes encuentren «mecanismos informales», para hacer llegar el dinero a sus familias, estos son más caros e inseguros; por tanto, reducirían el monto de los envíos. Incluso las empresas que ofrecen estos servicios alzaron su voz ante el gobernador Ron DeSantis, para advertirle que la ley dañará a cientos de empresas, al elevar sus costos y provocar pérdidas, además, consideran que no es su función aplicar la ley de inmigración.
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Tercer Estado con más migrantes irregulares
La legislación que pretende aprobar Florida establece: «prohibir a un licenciatario iniciar una transferencia de remesas extranjeras a menos que el licenciatario haya verificado que el remitente no es un extranjero ilegal» y «establecer sanciones para el licenciatario que no verifique el remitente de una transferencia de remesas extranjeras». Este es parte de la agenda de la sesión legislativa especial que el gobernador DeSantis convocó para el lunes 27 de enero. El objetivo de esa sesión es aprobar acciones para que Florida «ayude a poner fin a la crisis migratoria que enfrenta Estados Unidos».
Florida es uno de los principales destinos de los migrantes, incluidos los irregulares. Según la organización Pew Research Center, es el tercer Estado con más migrantes irregulares. Hasta 2022 tenía 1.2 millones, superado sólo por California con 1.8 millones y Texas con 1.6 millones. Esto significa que de aprobarse esta medida provocaría un fuerte impacto en las economías de de la región.
Para Nicaragua la medida golpearía el crecimiento económico que en los últimos años dependió en gran medida del consumo interno que estimulan las remesas. Esto impactaría a uno de los pocos salvavidas de la economía que sostiene al régimen de Daniel Ortega.
«Las remesas familiares que están llegando desde Estados Unidos principalmente, aunque también hay de Costa Rica, son las que están alimentando el crecimiento económico como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), entonces la medida tendría efecto sobre el consumo, pero también sobre el sector financiero que es el que tranza estas transferencias», dice el economista y exreo político desterrado, Juan Sebastián Chamorro.
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Más de 200 mil no podrían mandar remesas
Chamorro considera que el impacto específico dependerá de la cantidad de gente que no pueda mandar las remesas. «Pero también hay que pensar que la gente encontrará soluciones creativas, por ejemplo ciudadanos legalizados que ofrezcan el servicio, pero obviamente a cambio de una comisión. Entonces es muy difícil determinar cuánto se reducirían las remesas, pero definitivamente que al hacerse más complicado el envío, aumentará el costo y eso irá en detrimento de la familia que reciba la remesa», explica.
Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano calcula que en Florida está alrededor del 30 por ciento de los 800 mil nicaragüenses que viven en Estados Unidos, 475,000 llegaron después del 2018. Además, detalla que antes del 2018 solo alrededor de 60 mil nicaragüenses tenían estatus migratorio regular; y que de los cerca de 300 mil que viven ahora en ese Estado, alrededor de 210 mil están en condición irregular.
«Estas personas serian las afectadas en el envió de dinero, unos 200 mil se verían forzados a recurrir al sistema informal… En el caso de Nicaragua 680 mil transacciones se originan desde Estados Unidos, 280 mil desde Florida. Un efecto de esta legislación seria que una fracción deja de enviar por no tener cómo hacerlo, puede ser el 10 por ciento. Otros decidirían usar a terceros o métodos informales, situación que posiblemente reducirá la cantidad enviada o la frecuencia», explica Orozco.
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Castigar envío de remesas seria devastador
Orozco advierte que el efecto de esta medida sería «devastador» pero no solamente para Nicaragua sino para muchos países, particularmente para Guatemala y Honduras que tienen en Florida al 8 y 14 por ciento, respectivamente, de su comunidad migrante.
Además, menciona que en un escenario peor sería el cierre completo de estos flujos procedentes de Florida, como se especula puede ocurrir con Cuba. Otro escenario es recurrir al método informal, que provocaría una disminución del volumen de los envíos de al menos el 25 por ciento. Es decir, que si la persona mandaba 300 dólares mensuales sólo podría mandar alrededor de 225 dólares.
«Ante el clima anti-inmigratorio que impera en Estados Unidos, el espectro de las deportaciones ya afectaba a más de 20 mil nicaragüenses que envían remesas. Ahora con esa medida el impacto será fulminante ya que el 30 por ciento de la economía del país depende de ellas, lo mismo que alrededor del 40 por ciento de los hogares… SI se aprueba esa legislación, cerrarán la válvula a un tercio de los envíos a Nicaragua», señala Orozco.
Según los reportes del Banco Central de Nicaragua (BCN), entre enero y noviembre de 2024 entraron a Nicaragua 4,758 millones de dólares en concepto de remesas, 3,946.6 millones los enviaron los nicaragüenses que están en Estados Unidos.
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El daño será para Latinoamérica
Pero el daño va más allá de Nicaragua, Orozco calcula que las remesas que mandan los inmigrantes a Latinoamérica rondan los 30 millones de transferencias de persona a persona, originadas en diversas ciudades del territorio en hasta 16 transacciones al año. «Florida puede estar captando más del 15 por ciento del flujo. Aunque acoge al 21 por ciento de la población nacida en el extranjero, sólo la mitad de los cubanos ha enviado dinero históricamente, y menos aún desde la pandemia y las sanciones de Estados Unidos a Fincimex en 2020», detalla.
Además, explica que estos flujos tienen un gran impacto distributivo en América Latina y el Caribe, en la medida en que van directamente a los hogares, sostienen a las familias y ayudan a crear activos que hacen que la migración sea menos probable. «Las personas que formalizan sus remesas en el sistema financiero a través del ahorro tienen menos probabilidades de migrar», asegura Orozco y añade que México, Centroamérica, el Caribe y más recientemente Venezuela, recibieron al menos 135 mil millones de dólares procedentes de Estados Unidos», dice Orozco.
Orozco considera que las medidas impulsadas para desmotivar la migración y expulsar a los migrantes irregulares de Florida tendrá un impacto en la economía del Estado, porque va dirigida a al menos a uno de cada diez trabajadores del Estado, sin tener en cuenta que la migración laboral es consecuencia de factores de atracción y de empuje, ni la demanda de ellos en la construcción, jardinería, trabajo doméstico y otros sectores.
Prohibición contra las remesas afectará a empresas
No solo las economías y las familias de Latinoamérica resultarán afectadas por esta medida. La Asociación de Transacciones Electrónicas (ETA), la Asociación de Empresas de Servicios Monetarios (MSBA) y la Mesa Redonda de Servicios Monetarios (TMSRT), están en contra de que se apruebe esta legislación y advirtieron que afectará a cientos de empresas estadounidenses.
Entre las afectadas figuran agentes y ventanillas que ofrecen este servicio en pequeños negocios propiedad de minorías, que funcionan bajo regulaciones estatales y federales sobre transferencias financieras y la protección del consumidor financiero.
Las organizaciones que representan a estas empresas consideran que la medida perjudicará a los floridanos porque hará que los envíos más difíciles o imposibles de realizar, porque los negocios no están en capacidad de verificar el estatus legal de sus clientes; además, consideran que no es su obligación aplicar la ley de inmigración. Incluso consideran que ni siquiera pueden verificar el de los estadounidenses, ya que no acostumbran portar documentos que certifiquen el estatus legal; también, que cumplir con esta ley significará una carga que elevará sus costos de operación y además los expondrá a multas elevadas.
Además, la ley que pretende aprobar Florida no es la única amenaza que enfrentan las remesas. Durante la campaña electora se mencionó la posibilidad de imponer un impuesto a las remesas; y en diciembre Chuck DeVore, un exasambleísta de California, miembro de un centro de pensamiento con sede en Texas, aseguró que un impuesto del 50 por ciento a las remesas, podría generarle a Estados Unidos más de 23 mil millones de dólares. Monto que calificó como «una pequeña fracción de los 151 mil millones que se invierten en servicios sociales para beneficio de los inmigrantes irregulares».
