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El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam) y la Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua (IPEN) presentaron los resultados de tres investigaciones en las que exponen el impacto del autoritarismo en el desarrollo académico de los jóvenes nicaragüenses y en el acceso a la educación superior que sufren quienes se ven obligados a desplazarse.
Elvira Cuadra, directora de Cetcam, durante la presentación del informe “El comprometido futuro de Nicaragua-Desafíos de la educación de las juventudes”, además de aclarar que el especialista que lo elaboró no participó de la ponencia por la situación de persecución que se sufre en Nicaragua, explicó que este se fundamentó en tres pilares: juventudes, educación y desarrollo, evaluados entre 2018 y 2024 sobre parámetros de inclusión, calidad y funcionamiento educativo.
La investigación arrojó que un estimado de 40 mil jóvenes se quedaron sin educación universitaria libre y de calidad, sobre todo en los últimos dos años, que estuvo vinculada directamente a las confiscaciones y cierres de universidades, ordenadas por el régimen sandinista.
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También, identificaron que el 20 por ciento de los adolescentes no terminarán la primaria y el 45 por ciento no completaría ni la secundaria, y, peor aún, menos del 3 por ciento de la población económicamente activa alcanza el nivel técnico y menos del 5 por ciento el nivel universitario.
Los investigadores de Cetcam comprobaron que en el país todavía existe una tasa estimada del 21 por ciento de la población mayor de 10 años que vive en analfabetismo y analfabetismo funcional y que, a pesar de que los adolescentes entre 13 y 14 años alcanzan la cantidad de años de estudios adecuados para su edad, en realidad después de los 15 años de edad «se extiende una brecha, es decir, interrumpen su proceso educativo».
En cuanto a la calidad que se ofrece en el sistema educativo nicaragüense, Cetcam encontró que, primeramente, en este hay claras desigualdades sociales que influyen en esas brechas de aprendizaje, además apuntó que existe: «Deficiencia del gremio docente, la mayoría no tiene formación universitaria según corresponde a estándares internacionales; y pobre infraestructura y equipamiento de centros escolares, especialmente en áreas rurales».
La investigadora Elvira Cuadra además señaló que en los «centros públicos, los jóvenes casi no asisten a clases, pero son promovidos», apuntando que en varios de los casos dichas inasistencias corresponden a que los estudiantes son obligados a «asistir a actividades proselitistas», afectando su asistencia y desempeño escolar, pero orientando a los docentes a promoverlos.
40 % de los jóvenes en situación de desempleo
El trabajo de Cetcam además cuestionó el funcionamiento del sistema educativo, refiriendo que en este no se prioriza la formación y desarrollo profesional docente y hay «baja inversión en la educación pública, a pesar de que en los últimos años se ha incrementado el presupuesto, ya que eso no necesariamente significa una mejor inversión o de calidad. Nicaragua es todavía el país que menos invierte en Educación en la región centroamericana».
Afirmó que, aunque el país fue el primero de la región en «lograr la autonomía universitaria», fue «el primero en perderla»; y pese a que las juventudes «con mejor educación son las llamadas a los cambios sustanciales en el país, en cambio son conminadas a abandonarlo».
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«El régimen sacrificó la autonomía universitaria para imponer un sistema de control político, generar amenaza y hostigamiento constante en contra de estudiantes y profesores, nadie puede hablar libremente en las aulas y tampoco fuera de ellas», apuntó Cuadra.
Además, mencionó que el trabajo revela que los jóvenes y adolescentes «tienen que trabajar temporalmente para ayudar a la familia; mujeres abandonan sus estudios para cuidar a la familia; en familias migrantes, las mujeres quedan a cargo del hogar; las mujeres con tasas de desempleo y subempleo más altas, acceso a empleos precarios y muchas veces no remunerados; y el 40 % de jóvenes, entre 15 y 29 años, están en situación de desempleo».
Cetcam, a manera de conclusión, resaltó que aunque la «escolaridad de las juventudes ha aumentado respecto a generaciones anteriores», la realidad es que «la calidad de la educación está en su punto más bajo en décadas y más lejana la oferta de empleos de calidad».
Barreras de acceso a la educación para migrantes en Costa Rica
Marco Aurelio Peña, vicepresidente de Iniciativa Puentes por los Estudiantes de Nicaragua (IPEN), presentó los resultados del «Análisis multifactorial de las barreras en el acceso a la educación superior de jóvenes nicaragüenses desplazados a Costa Rica», en el que identificaron que estos grupos enfrentan «obstáculos administrativos, económicos, de estatus migratorio y de información que limitan sus oportunidades académicas».
El trabajo realizado por IPEN refiere que el desplazamiento forzado por la crisis sociopolítica en Nicaragua desde 2018 ha llevado a Costa Rica a una gran cantidad de jóvenes «que se encuentran con una situación de no poder continuar su educación superior».
Detalla que entre 2018 y 2022, en tres centros de educación superior y técnico de Costa Rica solo se admitió el ingreso de 500 nicaragüenses, esto sobre «una población universitaria que supera las 40 mil personas», por lo que apuntan «hay un rezago significativo de acceso a la educación» para la población migrante.
IPEN identificó que «hay una intensión manifiesta de los jóvenes migrantes nicaragüenses de seguir estudiando», y la «mayoría son solicitantes de refugio».
La organización identificó entre las principales barreras administrativas las «vinculadas a trámites de homologación y apostillado, que dificultan el acceso a la educación», por lo que mencionó en su documento que «es necesario reflexionar y simplificar estos procesos».
Además, resaltó que hay «falta de información, el desconocimiento sobre admisión y becas limita el acceso educativo», por lo que valoró que «se debe mejorar la difusión y orientación clara para los jóvenes migrantes».
«La cooperación interinstitucional, la colaboración entre universidades, Gobierno, organizaciones, es fundamental para superar las barreras educativas», concluye IPEN.
