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En 1974, el escritor y disidente soviético Aleksandr Solzhenitsyn fue despojado de su ciudadanía soviética y exiliado a Occidente por denunciar las atrocidades del régimen comunista en su obra monumental Archipiélago Gulag. Solzhenitsyn, quien alguna vez dijo que “la violencia no puede ocultarse detrás de nada excepto la mentira, y la mentira no puede sostenerse sin la violencia», simbolizó la lucha de los apátridas de su época, personas convertidas en parias por tener el coraje de decir la verdad y denunciar la opresión. Medio siglo después, en Nicaragua, el régimen Ortega-Murillo emplea la misma táctica contra quienes defienden los derechos humanos y la libertad, perpetuando una práctica que debería haber quedado en los anales de las dictaduras del siglo XX.
Con la aprobación de un remedo de constitución, la dictadura sandinista ha institucionalizado la apatridia como arma política. Ahora, cualquier persona que Ortega y Murillo definan arbitrariamente como “traidora a la patria” puede ser despojada de su nacionalidad. Fui uno de los primeros 222 nicaragüenses en experimentar esa grave violación a los derechos humanos, en febrero de 2023. Desde entonces, más de 450 personas han sido formalmente declaradas apátridas, y decenas de miles más viven en esta condición de facto.
Sin embargo, el impacto de esta política va más allá de los opositores políticos. Es un ataque directo contra la diáspora nicaragüense, que constituye al menos el 10 por ciento de la población del país. A pesar de estar lejos de su tierra natal, la diáspora es el pilar de la economía nacional, aportando más del 26 por ciento del Producto Interno Bruto a través de remesas. Estas cifras no solo reflejan un sacrificio económico; representan el compromiso y el amor por Nicaragua de quienes, pese a la distancia, no olvidan a sus familias ni su patria.
En lugar de reconocer este esfuerzo, el régimen ha cerrado consulados y negado servicios consulares esenciales, dejando en la incertidumbre a más de un millón de ciudadanos. Sin pasaportes ni documentación básica, estos nicaragüenses enfrentan enormes desafíos legales y personales. Esta desprotección refleja un desprecio absoluto por los derechos humanos y una intención deliberada de marginar a los nicaragüenses en el extranjero.
La nueva constitución no solo legitima la apatridia, sino que consolida el poder absoluto del régimen. Con aberraciones como la eliminación de la independencia de los poderes del Estado, la declaración del Frente Sandinista como partido de Estado y la elevación de su bandera como símbolo patrio, Ortega y Murillo intentan convertir a Nicaragua en su propiedad personal. Ahora, quieren también despojarnos de nuestra identidad.
El uso de la nacionalidad como castigo político no es solo una violación flagrante del derecho internacional, incluidos tratados como la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, sino que también sienta un precedente alarmante en el mundo. Organismos como Freedom House ya han señalado a Nicaragua como uno de los países donde la apatridia se utiliza de manera más extrema como herramienta de represión.
En este contexto, la comunidad internacional no puede limitarse a gestos de solidaridad, aunque importantes, como los de España, que otorgó la ciudadanía a más de 110 nicaragüenses. Es necesario tomar medidas concretas: denunciar al régimen en foros internacionales, implementar sanciones dirigidas y explorar vías judiciales como la Corte Internacional de Justicia para responsabilizar a Ortega y Murillo por sus crímenes contra la humanidad.
Cierro esta reflexión con las palabras de Mario Vargas Llosa, quien en su obra La verdad de las mentiras escribió: “La libertad es, en última instancia, la posibilidad de disentir, de ser diferente, de vivir como uno elige”. Así también, el régimen Ortega-Murillo podrá despojarnos de nuestra nacionalidad y de nuestros documentos, pero nunca podrá arrebatarnos nuestra libertad interior, nuestra identidad ni nuestro derecho a soñar con una Nicaragua libre.
Somos nicaragüenses hoy y siempre.
El autor es académico y activista político nicaragüense.
