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La administración del presidente Joe Biden está a escasos días de llegar a su fin. El próximo lunes 20 al mediodía asumirá el candidato electo en noviembre por la mayoría de los estadounidenses, consumando una nueva transición pacífica del poder ejecutivo en esa gran nación.
La tarde de este lunes 13 durante una intervención ante sus diplomáticos de más alto nivel, el presidente reivindicó la política exterior de su Administración. Destacó el multilateralismo y el cultivo diario de alianzas, como baluartes imprescindibles para un liderazgo mundial como el que ha caracterizado a los Estados Unidos desde finales del siglo XIX. Defendió su legado sobre las complicadas y complejas crisis en Gaza, Ucrania y Afganistán, y aseguró que los Estados Unidos son una vez más un socio fiable y confiable, instando a su antecesor y sucesor a continuar las mismas líneas.
Un aspecto a resaltar respecto a Nicaragua, que corresponde reconocer y agradecer, es su ethos humanitario en varios momentos clave. El 9 de febrero de 2023, funcionarios de la administración Biden condujeron una inédita gesta trasladando 222 nicaragüenses recién liberados a Washington, donde fueron recibidos, atendidos y reubicados. El 5 de septiembre de 2024, la administración Biden repitió con un grupo de 135, trasladándolos a Guatemala y atendiendo solicitudes de reasentamiento bajo el programa de Movilidad Segura.
Ese mismo programa, en vigor desde abril de 2023, ha permitido a muchos connacionales refugiados en Costa Rica y otros países, con apoyo de Acnur y la OIM, llegar a los Estados Unidos legalmente y sin riesgos. Lo mismo ha ocurrido con el programa del Parole Humanitario en vigor desde el 5 de enero de 2023 para cuatro países, entre ellos Nicaragua. Casi 100,000 compatriotas se han beneficiado de permiso temporal de dos años de estancia con autorización para trabajar. Así han evitado exponerse a viajes sumamente peligrosos y sin garantía de admisión al llegar a la frontera.
No obstante, como el presidente Biden decía en sus discursos de campaña, toca terminar la labor (“Let´s finish the job!”). Hay otros 450,000 nicaragüenses en territorio estadounidense con estatus migratorio incierto. Las razones por las que han emigrado son muchas y complejas. Algunos han solicitado asilo político, pero la inmensa mayoría, no, probablemente porque no pueden sustentar con pruebas persecución diferenciada.
Acnur, en un informe publicado en enero de 2023, sobre consideraciones especiales para nicaragüenses desplazados tras la crisis que empezó en 2018, recomienda que en casos en que el asilo político no sea factible, los gobiernos del mundo otorguen toda protección internacional temporal que permitan sus legislaciones internas. En Estados Unidos, eso corresponde al estatus de protección temporal o Temporary Protected Status (TPS), una medida humanitaria creada por el Congreso en 1990 para atender situaciones que surgen de conflictos armados, desastres naturales, u otras circunstancias que dificultan o hacen imposible un retorno seguro al país de origen.
Unos 550,000 nicaragüenses en total, incluyendo 100,000 que irán agotando su permiso o parole humanitario en los próximos meses, necesitan protección temporal. Desde que en 2017 la Administración anterior cancelara el TPS para Nicaragua en vigor desde 1999, se ha trabajado en una campaña amplia solicitando una nueva designación, cuyos fundamentos jurídicos y de políticas públicas con sólidos e irrefutables. Esto cobra mayor urgencia en la actual coyuntura política estadounidense, que contempla grandes cambios en su política migratoria en un futuro inmediato.
El presidente Biden puede despedirse con un último gesto humanitario para los nicaragüenses otorgando una nueva designación de TPS o bien una medida parecida que se fundamenta en la autoridad constitucional para conducir las relaciones internacionales, conocida como salida obligatoria diferida o Deferred Enforced Departure (DED). Y en un gesto hacia su predecesor y sucesor, puede seguir precedente.
El 19 de enero de 2021, en su último día en funciones y a escasas horas de que asumiera una nueva Administración, el expresidente Trump otorgó DED para Venezuela, con un memorándum dirigido a sus secretarios de Estado y de Seguridad Nacional que, salvo en lo que respecta a la nacionalidad de los beneficiados, aplica verbatim a Nicaragua. El tiempo es corto y apremiante, pero es perfectamente posible. Sería una prueba inequívoca del ethos humanitario que ha caracterizado la gestión de la administración Biden hacia Nicaragua, afianzando su legado con buena política interior y exterior.
El autor es presidente de Naldef, Nicaraguan American Legal Defense and Education Fund
