Han pasado casi seis meses de que el régimen arrestó a Chelsea Correa, de 16 años, el pasado 29 de julio, un día después de las elecciones en las que el dictador Nicolás Maduro se reeligió de forma fraudulenta.
Yeilyn Venero rompió el silencio el 6 de diciembre y denunció la situación de su hija a través de sus redes sociales. “Yo no sabía nada. El 3 de agosto me dieron información de ella. Yo tenía la ilusión de que la soltarían”, relata Venero. Cuando logró verla, dice, se dio cuenta de que estaba muy golpeada y había sido víctima de torturas.
“Ella pidió hablar conmigo, pero le ordenaban callarse y la amenazaban con dispararle en la frente. Dejaron de golpearla cuando descubrieron que era menor de edad, que tenía apenas 16 años. Hasta la fecha no he obtenido ninguna respuesta clara sobre su situación”, relata Venero.
El 16 de octubre fue su audiencia inicial, pero se desconoce su situación legal y de salud, puesto que las autoridades venezolanas se han negado a brindarle atención médica. “Le decían que se pudriera”, asegura su madre.
En su mensaje en redes sociales, Venero aseguró que perdió el miedo y que es momento de denunciar la situación de su hija, quien ha expresado intenciones suicidas.
El pasado 5 de enero, la organización venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos confirmó la excarcelación de 110 presos políticos que fueron arrestados después de las protestas por las elecciones. Sin embargo, se desconoce si Correa fue incluida entre los excarcelados.
En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro mantiene a 1,794 presos políticos, según un conteo de la organización Foro Penal hasta el 30 de diciembre de 2024.
Menores de edad no se salvan de los abusos
Venezuela vive un contexto de mucha tensión, puesto que en dos días será la toma de posesión del dictador Nicolás Maduro, mientras que el presidente electo, Edmundo González, asegura que retornará a su país para investirse como presidente del país sudamericano.
El defensor de derechos humanos venezolano, Rigoberto Lobo, señala que, a raíz de las elecciones presidenciales en Venezuela, la represión se incrementó, extendiéndose incluso contra menores de edad.
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“Esto implica exponerlos a un sistema carcelario profundamente corrompido, manejado por mafias con vínculos con el gobierno de Nicolás Maduro, incluyendo ministros responsables del sistema penitenciario. Existe así toda una estructura de negocios basada en la extorsión de personas privadas de libertad”, afirma Lobo.
Temor se apodera de la población
Lobo señala que uno de los elementos más notables tras las elecciones es el aumento del temor en la población. Incluso, para la redacción de este artículo, fue evidente que muchas fuentes que antes opinaban para LA PRENSA sobre temas de Venezuela ahora prefieren no hacerlo, para evitar represalias.
“Luego de la arremetida represiva previa y posterior a las elecciones en Venezuela, es muy difícil conocer la situación real. Lo poco que se sabe es bastante dramático, pero estamos conscientes de que la realidad es aún peor”, asegura Lobo.
No es para menos. El régimen ha divulgado información que genera terror. “Por ejemplo, mujeres detenidas han sido recluidas en cárceles comunes, e incluso mezcladas con hombres, convirtiéndose en víctimas de innumerables abusos y vejaciones”, dice Lobo.
Víctimas de tortura
Ligia Bolívar, defensora de derechos humanos venezolana exiliada en Colombia desde hace dos años, refiere que durante las primeras detenciones en el marco de las elecciones venezolanas era difícil conocer la magnitud de las torturas que implementaban los carceleros contra presos políticos.
No obstante, recientemente, con el inicio de algunas audiencias en tribunales “se ha confirmado que las peores sospechas eran ciertas: los detenidos han sido torturados y forzados a autoincriminarse”. Es decir, se les obliga, mediante torturas, a admitir delitos que no cometieron para justificar su arresto.
“En consecuencia, muchos de ellos aparecen admitiendo delitos. Ha habido algunas excarcelaciones, pero no se trata de verdaderas liberaciones, pues los procesos judiciales por terrorismo siguen su curso. Por supuesto, no ha existido ninguna investigación ni sanción contra los responsables de las detenciones arbitrarias y de las torturas”, detalla Bolívar en declaraciones a LA PRENSA.
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La organización Foro Penal informó el 17 de noviembre que el régimen de Maduro excarceló al menos a 131 presos políticos en el marco de las protestas. En ese momento, a pesar de las excarcelaciones, la organización estimó que en el país quedaban alrededor de 1,700 presos políticos.
Muertos bajo custodia
De los manifestantes presos a raíz de las elecciones, al menos uno ha perdido la vida bajo custodia del régimen de Maduro. El 14 de noviembre se denunció la muerte del opositor Jesús Martínez, de 36 años, quien falleció en un hospital del estado de Anzoátegui por un problema cardiaco.
Martínez era militante del partido Vente Venezuela, de la líder opositora María Corina Machado. “Los propios compañeros que estaban presos le imploraban a los custodios que lo llevaran a un hospital, su mamá pasó días y días rogando que lo trasladaran. Cuando llegó al hospital (…) ya prácticamente estaba sin posibilidad de salvación”, dijo Machado, quien en X responsabilizó a Maduro.
Bolívar señala que Venezuela continúa en una emergencia humanitaria compleja que impide a las personas satisfacer sus necesidades más básicas. “Junto a ello, durante el primer semestre de este año se intensificó el cierre del espacio cívico con una mayor represión a las organizaciones sociales, la aprobación de leyes restrictivas y la imposición de más limitaciones”, agrega.