El FSLN y el desmantelamiento de las elecciones regionales
La resistencia de las comunidades, aunque persistente, enfrenta un futuro incierto frente a un modelo autoritario que sigue controlando los procesos políticos en la Costa Caribe
Las elecciones regionales en la Costa Caribe de Nicaragua han sido, durante años, un escenario de disputa política y social. Sin embargo, en los últimos procesos electorales, la intervención del sandinismo ha intensificado las denuncias sobre la manipulación y el control absoluto del proceso electoral.
Organizaciones de derechos humanos y observadores independientes, como la organización Urnas Abiertas, han denunciado una serie de irregularidades en las elecciones regionales, incluyendo la falta de transparencia en el padrón electoral, intimidación a candidatos de la oposición, uso de recursos estatales para campañas oficialistas y otras tácticas que generan un clima de desconfianza y temor entre los votantes locales, quienes, en muchos casos, optan por no participar en el proceso.
Las elecciones regionales de 2024
En diciembre de 2023, casi tres meses después de la anulación del partido Yatama, el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el régimen Ortega-Murillo, convocó las elecciones regionales, que se celebraron el 3 de marzo de 2024.
A pesar de la narrativa oficial que aseguraba que el proceso electoral se desarrollaría “en paz”, el 29 de septiembre de 2023, la policía secuestró al diputado Brooklyn Rivera, líder de Yatama, y dos días después detuvo a la diputada suplente de este partido, Nancy Henríquez.
Según la organización Urnas Abiertas (UA), en las elecciones regionales de 2024 se registró un 86.72% de abstención electoral y un 13.28% de participación ciudadana.
El FSLN se autoproclamó ganador con un total del 88.95% de los votos, adjudicándose de esta manera la totalidad de los cargos disputados en las elecciones.
UA señaló que estas novenas elecciones regionales se llevaron a cabo bajo un contexto no democrático y plagado de arbitrariedades cometidas por la autoridad electoral.
UA también documentó la entrega de códigos para certificar votos a favor del oficialismo, sumado a las amenazas y presiones sobre trabajadores del Estado y estudiantes universitarios para que votaran. Además, se reportaron prácticas de compra de votos mediante dádivas y promesas de inclusión en los programas asistencialistas del gobierno central.
“En vista de lo anterior, las elecciones de marzo terminaron de consolidar en la Costa Caribe el modelo de control absoluto implementado por el FSLN”, señaló UA.
Elecciones regionales 2024
Juntas Receptoras de Votos
anomalías reportadas
inscritos en el Padrón Electoral
Fuente: Urnas Abiertas
Erosión política y aumento de la abstención
Según un estudio de UA, las condiciones excluyentes de participación política en las elecciones regionales han provocado un “desencanto” entre los votantes de las regiones del Caribe, lo cual se evidencia en los índices de participación desde 1990, año en el que se celebraron los primeros comicios de este tipo.
Los Consejos Regionales han reflejado una representación limitada de las fuerzas políticas locales. Esto ha sido consecuencia de restricciones crecientes a la participación y la competencia política, derivadas de modificaciones en las normas electorales y de acciones coercitivas contra organizaciones y partidos políticos del Caribe nicaragüense, especialmente YATAMA.
Según el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas (GHREN), la injerencia del régimen Ortega-Murillo en la elección de las autoridades indígenas ha aumentado a lo largo de los años, particularmente en los territorios donde el régimen tiene intereses económicos y políticos.
“Cuando los candidatos cercanos al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) no ganaban las elecciones para los gobiernos comunales y territoriales, el Consejo Regional no procedía con la certificación de las autoridades elegidas; al contrario, organizaba asambleas con la participación de personas afines al FSLN para convocar nuevas elecciones o simplemente certificaba el nombramiento de personas dispuestas a actuar según las orientaciones del Frente, en lugar de las personas legítimamente electas”, señala el GHREN.
Esta situación dio lugar a la coexistencia de dos autoridades tradicionales: por un lado, el gobierno reconocido oficialmente por el Consejo Regional y, por ende, por el Estado nicaragüense; y, por otro, el gobierno legítimo, elegido conforme a los procedimientos establecidos por la asamblea indígena o afrodescendiente, tal como lo dispone la Ley núm. 445.
Lo que dicen las leyes sobre el proceso electoral regional
La Constitución Política vigente reconoce los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, quienes gozan de los derechos, deberes y garantías consignados en la Carta Magna. El Estatuto de Autonomía, aprobado en octubre de 1987, es la norma específica que garantiza los derechos de esta población.
Las dos regiones autónomas del Caribe se dividen en municipios, territorios y comunidades indígenas y afrodescendientes. Cada región cuenta con un coordinador y un consejo regional, que es la autoridad superior en cada región. El coordinador regional es elegido por el Consejo entre sus miembros y cubre las funciones ejecutivas en la región correspondiente, además de representar a la presidencia de la república en la región.
También existen los gobiernos comunales, que tienen competencias de administración y gobierno tradicional. Son elegidos en asambleas comunales y conforman los consejos de ancianos, que están compuestos por curanderos, parteras, jueces comunales, entre otros.
Existen además los gobiernos municipales. En las regiones autónomas hay 20 municipios: ocho en el Caribe Norte y 12 en el Caribe Sur. Sin embargo, la zona especial Alto Wangki-Bocay, que alberga tres territorios indígenas, se encuentra dentro del departamento de Jinotega y cuenta con dos municipios.
Los gobiernos municipales tienen la obligación de garantizar y proteger los derechos de propiedad colectiva que poseen los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes sobre sus territorios y los recursos naturales que estos contienen.
Consecuencias para la región
El control sandinista sobre las elecciones en el Caribe no solo perpetúa la falta de representación genuina de las comunidades locales, sino que también profundiza la pobreza, el desplazamiento forzado y la pérdida de identidad cultural.
“Muchos líderes comunitarios han sido forzados al exilio, mientras que otros enfrentan procesos judiciales por oponerse al gobierno”, dijo un comunitario indígena que prefirió no revelar su nombre por temor a represalias.
Ante un escenario de creciente autoritarismo, las perspectivas para elecciones libres y justas en la Costa Caribe parecen cada vez más lejanas. Sin embargo, la resistencia de las comunidades indígenas y afrodescendientes sigue siendo un símbolo de lucha por la autonomía y la justicia.
El principal desafío radica en visibilizar estas problemáticas a nivel internacional y mantener viva la esperanza de una verdadera representación democrática en esta región clave de Nicaragua.
Control político y aumento del tráfico irregular de tierras
Comunitarios consultados por LA PRENSA aseguran que el control político del FSLN en territorios indígenas facilita la venta de tierras, algo que está prohibido en estas zonas.
“Algunos líderes comunales se prestan al tráfico de tierras”, señaló un comunitario que prefirió no revelar su nombre por temor a represalias.
Esto también facilita la invasión de colonos en áreas protegidas. Entre 2018 y 2024, la Organización de Naciones Unidas (ONU) registró 67 ataques de colonos en territorios indígenas, con un saldo de 161 víctimas mortales.
“Las consecuencias de las invasiones de colonos son múltiples. Entre ellas se encuentra el desplazamiento forzado debido a la violencia directa y la inseguridad física que genera la presencia de colonos. Además, las comunidades indígenas son desplazadas de sus zonas productivas, ya que los colonos suelen ocupar áreas de bosque donde tradicionalmente se realizaban actividades agrícolas”, señaló un comunitario bajo condición de anonimato.