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Los dictadores Daniel Ortega, Rosario Murillo y diez de sus secuaces ―funcionarios públicos cómplices de los crímenes que cometieron en el marco de las protestas― tienen una investigación abierta en un tribunal de Argentina, país cuyo sistema de justicia, el 30 de diciembre, los citó a declarar a la vez que emitió una orden de captura internacional para todos ellos.
El caso progresa amparado en el principio de jurisdicción universal, que habilita a los tribunales ―en este caso, los de Argentina― a investigar y enjuiciar crímenes perpetrados en el extranjero. Desde 1994, el artículo 118 de la Constitución argentina reconoce esta potestad, permitiendo a la justicia federal abordar violaciones a los derechos humanos sucedidas en otros países.
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Los crímenes de lesa humanidad
De forma extraoficial se supo que los delitos que le imputan a Ortega, Murillo y a sus cómplices son crímenes de lesa humanidad por los hechos ocurridos durante las protestas de 2018. Estos delitos incluyen asesinatos sistemáticos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violaciones sexuales y persecución por motivos políticos.
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Además, según fuentes conocedoras del tema, los delitos también incluyen tortura contra personas detenidas de forma arbitraria en prisiones y centros clandestinos de tortura, persecución contra opositores, violaciones a los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica; uso desproporcionado de la fuerza y empleo de armas de guerra por parte de la Policía y paramilitares.
Estas denuncias se fundamentan en relatos de víctimas y en informes de organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Inicialmente, el 6 de octubre de 2022, los abogados argentinos Darío Richarte y Diego Pirota presentaron la acusación, pero posteriormente organismos de la sociedad civil presentaron otras denuncias.
Estos son los 12 nicaragüenses acusados por crímenes de lesa humanidad en Argentina y los delitos que públicamente les han señalado:
Francisco Díaz: consuegro de Ortega
Cuatro meses después del inicio de las protestas contra el régimen Ortega Murillo, el 23 de agosto de 2018, lo nombraron director de la Policía. Según su currículum, Francisco Díaz se graduó de abogado y es máster en Derecho Constitucional por la Universidad Centroamericana (UCA), institución que la dictadura confiscó en 2023. Además, es consuegro de los dictadores; y el 5 de julio de 2018, por abusos a los derechos humanos que cometió durante las protestas, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó a través de la Ley Magnitsky.
Estados Unidos lo responsabiliza de las acciones represivas con que sofocaron las protestas de 2018, entre las que se incluyen ejecuciones extrajudiciales, que provocaron decenas de víctimas, incluidos niños.
Ramón Avellán
Es el subdirector de la Policía y por las violaciones a los derechos humanos que cometió el 7 de noviembre de 2019 Estados Unidos lo sancionó de conformidad con la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA, por sus siglas en inglés). A Avellán lo acusan de liderar la sangrienta represión contra los manifestantes de Masaya en los momentos más álgidos de las protestas cívicas. El departamento del Tesoro lo responsabiliza por 107 muertes y cientos de heridos.
El rol de Avellán era sostener el asedio, la represión y el control en la ciudad de Masaya, con un enfoque particular en el emblemático barrio de Monimbó.
Néstor Moncada Lau
Su nombre figura en la lista de sancionados por Estados Unidos, Suiza, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea. Incluso, Estados Unidos amplió la sanción a su círculo familiar integrado por su esposa, dos hijas y tres hijos.
Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, Moncada estuvo involucrado en “corrupción significativa” al aceptar sobornos a cambio de utilizar su control sobre las autoridades tributarias y aduaneras de Nicaragua para facilitar y mantener un esquema de fraude aduanero e importación, beneficiando económicamente a miembros del régimen Ortega Murillo. A Moncada Lau le señalan haber realizado pagos para contrarrestar a los manifestantes en 2018.
Sonia Castro
Sonia Castro fue ministra de Salud entre 2010 y 2019, Estados Unidos y Canadá la sancionaron y actualmente se desempeña como asesora presidencial en temas de salud. La acusan de haber ordenado que en los hospitales públicos no atendieran a los heridos de las protestas. Aunque ella desmintió esa versión, los familiares de las víctimas sostienen lo contrario.
La madre de Álvaro Conrado es una de las personas que lo constató. Su hijo de 15 años murió desangrado cuando le negaron la atención médica en un centro asistencial, a donde lo llevaron luego de recibir un disparo en la garganta mientras le repartía agua a los estudiantes que protestaban.
Fidel Moreno
Públicamente se le señala de dirigir actos de violencia cometidos por la Juventud Sandinista y grupos armados progubernamentales implicados en los abusos contra los derechos humanos durante las protestas de 2018, por lo que también está sancionado por la Ley Magnitsky.
Moreno también es conocido por su “extensa trayectoria” en actos de corrupción. En 2007, tras el regreso de Daniel Ortega al poder, asumió la dirección del Instituto Nicaragüense de la Juventud (Injuve). Por ejemplo, durante su gestión, impulsó el programa “Constructores del Futuro y Herederos de la Paz,” destinado a apoyar a jóvenes desempleados. Sin embargo, en 2009, una investigación de LA PRENSA reveló graves irregularidades en la administración de los fondos del programa que manejaba sin ningún tipo de control.
Ramona Rodríguez
Ramona Rodríguez es rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU).
A Rodríguez la acusan de expulsar de las universidades públicas a los estudiantes que se manifestaron contra el régimen Ortega Murillo, de ordenar la destrucción de los expedientes académicos de los expulsados y de ser cómplice de la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA), acción que el régimen concretó en agosto de 2023. Estados Unidos la incluyó en la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos, conocida como “Lista Engel”.
Alba Luz Ramos
Es la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Estados Unidos la señala de ser responsable de graves violaciones de los derechos humanos y de ser una de las fichas clave para la represión contra opositores; esto provocó que la Unión Europea y Canadá la sancionaran.
Pero su fidelidad a los Ortega Murillo no la salvó de una supuesta barrida ejecutada en el Poder Judicial desde 2023. Fuentes cercanas a la CSJ aseguraron que la desalojaron de manera abrupta de su oficina y desde ese entonces no se ha visto en ninguna actividad pública.
Luis Pérez Olivas
Hasta septiembre de 2023 Pérez Olivas fue jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), centro de detención llamado popularmente el Chipote y reconocido como centro de tortura; además, se encargó de fabricar pruebas en contra de opositores a la dictadura de Daniel Ortega.
Armar estos casos le valió en 2018 que Daniel Ortega lo ascendiera a comisionado general y por su rol en el esquema represivo recibió sanciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea
Justo Pastor Urbina
Urbina comanda la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), un cuerpo policial señalado de hostigar y agredir a opositores. En 2020 cuando lo sancionó el Departamento del Tesoro de Estados Unidos justificó la acción asegurando que participó “en actos significativos de violencia o conductas que constituyen graves abusos o violaciones de derechos humanos contra personas vinculadas con las protestas que empezaron el 18 de abril de 2018”.
Aminta Granera
Granera fue directora de la Policía desde el 5 de septiembre de 2006 hasta el 28 de abril de 2018, cuando dimitió.
El 17 de noviembre de 2022 trascendió que la justicia argentina también incluyó a Granera en las investigaciones por cometer crímenes de lesa humanidad mientras dirigía la represión policial durante las primeras protestas de 2018.
“El accionar de la Policía Nacional durante la represión de abril de 2018 requiere de la investigación de la responsabilidad de la señora Aminta Granera Sacasa y, además, justifica la responsabilidad criminal del presidente de la República de Nicaragua sobre los crímenes de lesa humanidad ejecutados por acción o por omisión a través de la Policía Nacional, de acuerdo con la denuncia oportunamente presentada”, manifiesta el documento de la ampliación de la denuncia.
Daniel Ortega y Rosario Murilo
Ortega retornó al poder en 2007 y Murillo asumió el rol oficial de vocera y con el tiempo incrementó su control sobre todos los funcionarios públicos, pero desde 2017 ostenta el cargo de vicepresidenta
En diciembre de 2018, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) determinó que Ortega y Murillo, ejecutaron “crímenes de lesa humanidad”, mediante una política de represión impulsada y avalada por la máxima autoridad del Estado.
El 2 de marzo, el Grupo de Expertos sobre Derechos Humanos en Nicaragua (GHREN) de la ONU, responsabilizó a Ortega y Murillo de la comisión de crímenes de lesa humanidad.
