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Senadores y miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, enviaron una carta a la Oficina General de Rendición de Cuentas (GAO, por sus siglas en inglés), una dependencia del Congreso que equivale a la Contraloría General de la República, en la que señalan al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de utilizar la minería ilegal para generar recursos económicos y evadir sanciones, lo que les permitiría mantenerse en el poder en Nicaragua.
Según el documento de cuatro páginas, la dictadura orteguista utilizaría el oro procedente de la minería ilegal para financiar sus operaciones y asegurar la lealtad de los altos mandos de las fuerzas militares, y de esta forma evadirían las sanciones internacionales.
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“Los gobernantes autoritarios también se han unido activamente al mercado ilegal del oro para construir poder, comprar lealtad, perpetrar a los infractores de derechos humanos y evadir a las sanciones internacionales. Nicolás Maduro de Venezuela y Daniel Ortega de Nicaragua utilizan la minería ilegal de oro para mantener su dominio dictatorial del poder y mantener la lealtad del liderazgo militar”, señala textualmente la carta.
Señalan vínculos de minería ilegal con el narcos
El documento, además, señala que esta actividad afecta a toda América Latina, ya que el crimen organizado también estaría beneficiándose de estas prácticas.
Según el documento, la explotación ilegal la minería ilegal, financian el narcotráfico y el tráfico de personas, poniendo como ejemplo el caso del grupo delincuencial “Los Lobos” de Ecuador, que están vinculados, según el texto, con el cártel de Jalisco Nueva Generación de México. Según, los congresistas, este grupo opera en por lo menos en 20 minas ilegales, en alianza con el grupo delincuencial de Venezuela, “El tren de Aragua”.
Impacto en diferentes ámbitos
El documento también presenta otras amenazas derivadas de la minería ilegal usada por esas dictaduras y las organizaciones criminales, como la destrucción de grandes extensiones de selva amazónica, el uso indiscriminado de mercurio contaminando los suelos, el aire y los cuerpos de agua y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas y rurales, que huyen de la violencia y buscan refugio en las ciudades y eventualmente la migración ilegal hacía Estados Unidos.
Los congresistas hacen un llamado a la acción, por parte de la GAO, que está presidida por el contralor Gene L. Dodaro.
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Piden a la GAO abril investigación
Entre las medidas solicitadas, están el análisis detallado sobre el alcance de la minería ilegal y las organizaciones criminales, estimar la cantidad de ingresos que dichas organizaciones obtienen con estas prácticas y buscar conexiones entre la minería ilegal y otras actividades criminales.
Aunque el documento reconoce que direferentes agencias federales están tomando nota de la amenaza de la minería ilegal, «parece que Estados Unidos no tiene una estrategia articulada que se enfoque en la minería ilegal y su rol como, probablemente, la principal fuente de financiamiento del crimen organizado y otros actores corruptos en el hemisferio occidental».
Además, solicitan que se evalúe la cantidad de asistencia extranjera brindada por Estados Unidos en los últimos cinco años para combatir la minería ilegal, así como las brechas legales que dificultan la persecución de estos delitos.
La carta está firmada por el senador demócrata Benjamín Cardin, presidente del Comite de Relaciones Exteriores del Senado; el senador demócrata Tim Kaine, presidente del subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental, y el senador republicano Bill Cassidy.
Asímismo, los miembros de la Cámara Representantes, el demócrata Gregory Meeks, miembro y ex presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara baja; el también demócrata Joaquín Castro, miembro y ex presidente del subcomité de Relaciones Exteriores para el Hemisferio Occidental de la Cámara baja y la represetante republicana María Elvira Salazar.
La Oficina General de Rendición de Cuentas (GAO) es una agencia del Congreso de los Estados Unidos que proporciona información no partidista sobre los programas y operaciones del gobierno federal a los legisladores y al público.
