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Plenario de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Foto de la Asamblea Nacional

Constitución orteguista complicará el ejercicio legal, afirman abogados dentro de Nicaragua

La aprobación de una nueva Constitución significará un reto para los abogados que tendrán que actualizarse sobre el nuevo marco jurídico

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La imposición de una nueva Constitución Política, que el régimen Ortega-Murillo promueve como una “reforma parcial”, complica aún más el trabajo de los abogados en Nicaragua. Estos profesionales, además de tener que adaptarse al nuevo marco jurídico que se desprenda de la nueva Carta Magna cuando entre en vigor tras ser aprobada en segunda legislatura el año próximo, enfrentan nuevos retos.

Abogados que ejercen la profesión dentro de Nicaragua relataron a LA PRENSA que, además de los obstáculos que enfrentan en su día a día, deben actualizarse con las nuevas leyes que aprueba la Asamblea Nacional al servicio de la dictadura.

“Juan”, a quien llamaremos así para preservar su identidad, nunca imaginó que tras 25 años de ejercicio como abogado en Nicaragua el marco jurídico de su país cambiaría por completo, representando nuevos retos para actualizarse.

“Este cambio de Constitución Política nos obliga a los abogados a tratar de preservar siempre los derechos de nuestros clientes y estar atentos a todos los cambios que se hacen en la legislación, porque al final nos debemos a los clientes y debemos estar alerta ante todo esto”, dijo el abogado.

La nueva Constitución fue aprobada en primera legislatura el pasado 22 de noviembre y publicada en La Gaceta el lunes 25 de este mismo mes. Sin embargo, entrará en vigor una vez sea aprobada en segunda legislatura el próximo año.

Abogados recién graduados se sienten frustrados

“Mónica”, luego de mucho sacrificio, se graduó hace dos años de la carrera de Derecho en la Universidad Centroamericana (UCA) y actualmente considera como “tiempo perdido” gran parte de los años que dedicó a sus estudios, puesto que ahora, de un plumazo, la dictadura borró todo lo que ella estudió.

“Tantas irregularidades y leyes nuevas vienen a botar por la borda los cuatro o cinco años que uno pasa en la carrera, para empezar de nuevo. Es un chiste ser abogado en Nicaragua, porque estudiás algo que no existe”, relató.

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“Francis” también se graduó el año pasado de la carrera de Derecho en una universidad de Nicaragua y señala que, para un abogado recién graduado, es frustrante salir al mercado laboral cuando todo lo aprendido ya no existe.

“En la universidad te dicen que hay un abismo de diferencia entre el ser y el deber ser, pero honestamente es muy triste ver el ser, que te enseñen algo y te planteen una historia muy bonita y después salgás al mundo y veás que ni siquiera las reformas a la Constitución se hacen de forma constitucional”, señala.

Obstáculos desde antes de reformas

Juan asegura que los abogados enfrentaban dificultades desde antes de las reformas que aplicó la dictadura a raíz de la crisis sociopolítica.

“El abogado tiene muchas trabas en su labor administrativa, pues en vez de agilizar los procesos, se vuelven más burocráticos. También hay inconvenientes en el ejercicio de la defensa de un detenido, al menos hasta que pasa a manos de un juez, pero así se le debe explicar a los clientes sobre la situación actual”, dijo Juan.

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No obstante, también aseguró que es un reto para los ciudadanos, puesto que no se les permite hablar con su abogado en las estaciones policiales.

Cambios totales con nueva Constitución

La dictadura Ortega-Murillo anunció a la ciudadanía la reforma de más de 100 artículos de la Constitución Política de Nicaragua, como una “reforma parcial”. Sin embargo, especialistas consultados por LA PRENSA consideran que se trata, en realidad, de una nueva Constitución Política, la fundación de un nuevo orden constitucional y la instauración de un “nuevo Estado” diseñado para servir a los intereses de la familia Ortega-Murillo y concentrar el poder.

En la propuesta de reforma enviada a la Asamblea Nacional, el régimen Ortega-Murillo define al Estado como “revolucionario”, incorpora la figura de “copresidentes” para dirigir la Presidencia y establece que esta última tendrá bajo su control a los demás poderes del Estado, ahora degradados a simples “órganos”. Además, se oficializa como bandera nacional, junto al emblema azul y blanco, la bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

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