El dictador Daniel Ortega mandó reformar más de 100 artículos de la Constitución Política de Nicaragua para aumentarse un año más el período presidencial, que ahora será de seis años, y establecer la figura de “copresidenta”, cargo que ha ejercido de facto por años su esposa, Rosario Murillo.
Toda la reforma constitucional integra las violaciones que Ortega ha cometido desde que regresó al poder en 2007, como el control total de los poderes del Estado, que hasta ahora eran independientes, al menos en papel.
Con la reforma, la Presidencia queda a cargo de los poderes legislativo, judicial y electoral como “coordinadora” de estos.
“El pueblo ejerce el poder del Estado a través de la Presidencia de la República que dirige al Gobierno y coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral y de control de la administración pública y fiscalización y los entes autónomos”, establece la reforma al artículo 8 de la Constitución.
Presidencia controla todo
El artículo 129, que establecía que “los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral son independientes entre sí y se coordinan armónicamente, subordinados únicamente a los intereses supremos de la nación y a lo establecido en la presente Constitución”, fue totalmente modificado.
“La Presidencia de la República ejerce la jefatura de Estado y de Gobierno. El poder reside en el pueblo y se ejerce a través de la democracia directa y el protagonismo de la persona, la familia y la comunidad”, establece la reforma.
Asimismo, la dictadura oficializa la práctica de remover a cualquier funcionario público que no siga sus lineamientos políticos.
Es así que establece que “los funcionarios públicos elegidos directa o indirectamente y los nombrados por la Presidencia de la República, deberán cumplir, preservar y defender los principios fundamentales de la Constitución Política. El incumplimiento de esto es causal inmediata y suficiente para su remoción”, según la enmienda al artículo 130.
Bandera del FSLN
Asimismo, establece que la bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) es un símbolo patrio a la par del Himno Nacional, la Bandera azul y blanco y el Escudo nacional.
La reforma además adiciona el dogma sobre orden multipolar, establece la vigencia de la demanda internacional contra Estados Unidos de los años ochenta, referida a la sentencia de La Haya sobre los daños y la interferencia del Gobierno norteamericano en la guerra civil de los años ochenta.
Libertad de expresión condicionada
Se condiciona el derecho a “expresar libremente el pensamiento público o en privado, siempre y cuando no trasgreda el derecho de otra persona, de la comunidad y los principios de seguridad, paz y bienestar establecidos en la Constitución” (reforma al artículo 27).
Policía voluntaria
La dictadura establece la creación de la “Policía Voluntaria”, grupo armado que en 2018 acompañó a la Policía Nacional en la represión contra las protestas civiles, lo que dejó más de 300 muertos, según organismos internacionales de defensa de derechos humanos.
“Se crea la Policía Voluntaria como cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional, integrada por ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que prestan sus servicios de forma voluntaria”.
También se oficializa que “los miembros del Ejército de Nicaragua, de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior podrán ocupar cargos temporalmente en el ámbito del Ejecutivo cuando el interés supremo de la nación así los demande. En este caso, el militar o policía estará en comisión de servicio para todos los efectos legales”.
Comisión especial
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, anunció la creación de una comisión especial para “estudiar y consultar” la iniciativa de reforma parcial a la Constitución Política.
La comisión especial esta integrada por 16 legisladores: Gustavo Porras (quien la preside), Arling Alonso Gómez, Gladys Baéz, María Haydée Osuna, Loria Raquel Dixon, Alejandro Mejía Ferreti, Wilfredo Navarro, Edwin Castro, Lester Flores, Mario Asensio Flórez, Jenny Martínez, María Auxiliadora Martínez, Irma Dávila, Wálmaro Gutiérrez y Filiberto Rodríguez.
Los miembros de la comisión especial se reunirán hoy y mañana y se espera que la ley se apruebe el viernes 22 de noviembre, dijo Porras.
La Asamblea Nacional de Nicaragua está conformada por 91 diputados, 75 de estos del partido gobernante FSLN, encabezado por el dictador Ortega, y el resto son diputados de diferentes tendencias liberales, que no discuten ni se oponen a las leyes y decretos enviados por el Ejecutivo. Debido a esto, se espera que esta reforma constitucional sea aprobada sin ningún problema el próximo viernes.
OEA repudia las reformas
Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) compartió en su cuenta de X, un comunicado de prensa donde este organismo “rechaza y repudia” las reformas planteadas por el régimen de Ortega.
“El documento de la “reforma” es ilegítimo en la forma y el contenido, constituye meramente una aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial en el país centroamericano y es una agresión definitiva al Estado de derecho Democrático”, dice el comunicado que además señala que el pueblo nicaragüense necesita el final de la dictadura y concluye pidiendo justicia y sanciones “para quienes han perpetrado este atentado”.
