Un bloque de 19 organizaciones nicaragüenses han sido la cara civil de Nicaragua durante el Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo de las Naciones Unidas (ONU) que revisa la situación de los derechos humanos y libertades públicas de los Estados miembros cada cuatro años.
El trabajo de los miembros de la sociedad civil nicaragüense, la mayoría en el exilio, ha cumplido una función de contrapeso del discurso oficial de la dictadura de Daniel Ortega ante la ONU. El trabajo de incidencia que hacen además es anónimo, porque muchos de los miembros de las organizaciones nicaragüenses ocultan su identidad por motivos de seguridad.
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Los foros de debate de la ONU son uno de los pocos espacios internacionales donde la dictadura de Daniel Ortega mantiene una representación oficial, ante la cual tiene que rendir cuentas sobre el cumplimiento de los derechos universales de la población.
Como era de esperarse, el régimen orteguista presentó un informe que se centra en temas económicos y sociales, mostrando un «paraíso de bienestar y prosperidad», uniforme con su discurso oficial.
Sociedad civil es contrapeso de la dictadura ante la ONU
Efraín Ordóñez, activista y defensor de derechos humanos y uno de los miembros de la sociedad civil nicaragüense que participó en el proceso del EPU, dijo que el trabajo de estas 19 organizaciones ha consistido en elaborar informes alternativos que contrastan la narrativa del régimen orteguista de que todo está bien en el país.
«Son los únicos espacios que tenemos, no para confrontar, pero sí para ejercer nuestro ejercicio de soberanía más allá de la frontera y seguir señalando las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, porque aquí hay un tema no solamente de documentar la memoria histórica, sino de justicia social», dijo el activista nicaragüense.
Ordónez, de 36 años, es miembro de la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia, organización que participó en el EPU con el tema de la libertad de asociación en Nicaragua.
«En nuestro caso sobre libertad de asociación, las recomendaciones que hicimos, España, Lituania y Alemania hicieron suyas estas recomendaciones y las mencionaron en su intervención en la sesión 47 de la ONU. Eso es un logro y lo celebramos, porque quienes tienen voz retoman nuestras recomendaciones y las hacen saber en otros espacios», dijo el activista.
Ordóñez enfatizó que el trabajo de la sociedad civil no se trata sólo de documentar lo que ocurre en el país, sino de empujar un cambio que les permita regresar y seguir luchando desde adentro.
«Todos los que hemos sido obligados a salir del país queremos volver a Nicaragua y eso es lo que nos mueve a seguir haciendo el mismo trabajo que hacíamos en Nicaragua: de auditoría social, de señalar las cosas que no están bien y hacer propuestas», dijo Ordóñez, quien en Nicaragua tuvo que abandonar sus estudios en la carrera de Derecho por la persecución del régimen.
El reto de «hacer en el exilio lo que no se puede hacer en el país»
El defensor de derechos humanos Salvador Lulio Marenco, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, manifestó que el mayor reto de la sociedad civil nicaragüense «es tratar de hacer en el exilio lo que no se puede hacer dentro del país», algo que ha implicado un trabajo en conjunto con la ciudadanía que esta adentro.
Marenco destacó el papel de quiénes resisten en Nicaragua, porque considera que sin ellos no pudieran hacer su trabajo de documentación.
«Quienes aún se encuentran dentro son un pilar fundamental para la documentación, esto es un trabajo en conjunto desde las organizaciones que estamos dentro del país y desde las que estamos fuera del país, para así tener a la comunidad internacional informada, para poder acceder a mecanismos de justicia como la comisión interamericana, como el comité de derechos humanos y para que las víctimas puedan seguir denunciando», dijo el defensor nicaragüense.
Además dijo que «los que están dentro del país están resistiendo desde el silencio, para salvaguardar su integridad y la poca libertad que le pueda quedar dentro del territorio nacional. «Entonces tenemos el reto de ser la voz de quienes no pueden hablar», agregó.
Marenco reconoció también que han tenido que superar la falta de acceso a una verificación directa en el territorio nicaragüense, para documentar los casos de violaciones de derechos humanos, para lo cual las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han sido una herramienta importante, lo que para Marenco explica el cierre de medios de comunicación y el control de las redes sociales.
«Con el cierre de los medios de comunicación, con el cierre de las organizaciones y con el establecimiento de una política de censura generalizada, el régimen lo que quiere es que todo lo que haga dentro de Nicaragua no se sepa: que la comunidad internacional crea que no hay crímenes de lesa humanidad, que no hay violaciones de derechos humanos que están sucediendo a diario en el país», dijo el defensor de DD. HH.
La dictadura de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, que llevan más de 17 años en el poder, se radicalizó en 2018, año en que hubo un estallido social que animó a miles a salir a las calles a demandar la salida de Ortega del poder.
Ortega respondió con una brutal represión armada que dejó más de 300 muertos, según organismos internacionales de defensa de derechos humanos. A la par de esta represión contra las protestas, las organizaciones civiles fueron saqueadas sus oficinas, canceladas ilegalmente, sus miembros perseguidos y algunos encarcelados.
Casi el 80% de las ONG canceladas
Al día de hoy, la dictadura ha cancelado la personalidad jurídica de más de 5,600 organizaciones sin fines de lucro (OSFL/ONG). Antes de 2018 había más de 7,200 organizaciones no gubernamentales legalmente constituidas, lo que representa un merma de casi el 80 por ciento.
La Relatora Especial de la ONU sobre los derechos a la Libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, manifestó que «la libertad de asociación es un derecho individual que se ejerce de forma colectiva» y «cuando se le quita la posibilidad a las personas de actuar juntas, se les quita el acceso a una necesidad básica humana que es la de compartir».
«Es una afectación muy grave que puede inclusive atentar con los derechos a la identidad, a la libertad de religión y creencia, a la libertad de expresión y acceso a la información, a elegir y ser elegidos, a la participación ciudadana, entre otros. Un país sin libertad de asociación paraliza a una gran porción de sus comunidades, las sociedades se estancan», expresó Romero.
Romero, de origen colombiano, tiene un gran conocimiento de la situación que se vive en Nicaragua. En sus informes, Romero ha valorado que la afectación a la libertad de asociación es profunda en Nicaragua, porque se trata de ataques a las iglesias, universidades, ONG, partidos políticos.
«Se ha eliminado la acción colectiva independiente en el país. El que 5,000 organizaciones de la sociedad civil hayan sido arbitrariamente cerradas implica que millones de Nicaragüenses han perdido la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida, de obtener nuevos aprendizajes, de innovar y crear nuevas cosas, de solucionar directamente sus problemas más cercanos en sus comunidades. El cierre de universidades afecta de forma gravísima el derecho a la educación, compromete el pensamiento libre, la creación de conocimiento, el avance científico, las posibilidades futuras de la juventud. La imposibilidad de crear partidos políticos de oposición, impide crear nuevas opciones de participación, impide el disenso, impide la creación de nuevos futuros», expresó Romero.
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La relatora manifestó que las gravísimas violaciones a los derechos humanos, incluida la libertad de asociación, han sido reportadas en cerca de 20 cartas de alegación enviadas por los procedimientos especiales de Naciones Unidas al gobierno en los últimos cinco años, y en múltiples reportes y comunicados de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Relatora advierte: «efecto de autocensura y desincentivo a la acción colectiva»
Para Romero, la uniformidad de las sociedades impide su desarrollo. «El que tantos derechos se estén violando, en especial los asociados a la libertad de expresión, asamblea y asociación, genera un efecto de autocensura, y de desincentivo a la acción colectiva; la pérdida del tejido social destruye el futuro de las nuevas generaciones».
