La excarcelación y destierro de otro grupo de presos políticos nicaragüenses es para algunos críticos una manera de liberar presión internacional por parte de la dictadura de Daniel Ortega, debido a que varios países y organizaciones internacionales mantienen vigente el llamado a liberar a todos los que están presos en Nicaragua por razones políticas.
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Sin embargo, para otros críticos eso no tiene mucho sentido, porque estas liberaciones se dan violentando otros derechos humanos, empujando a los presos políticos al destierro, a una situación de apatridia de facto y alejándolos de sus familias.
«El destierro no es libertad»
Para el defensor de derechos humanos Salvador Lulio Marenco, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, es intercambiar una violación por otra.
«Es cambiar el no seguir siendo torturado por otras violaciones, eso no es cumplir con su liberación total. Nosotros hemos conversado con parte de los 222, es decir, personas que fueron desterradas hace un año y siete meses, y estas personas siguen acarreando consecuencias, porque las torturas tienen consecuencias incluso a veces para toda la vida. Es básicamente seguir en una cadena continua de violaciones a estas personas», dijo Marenco.
Marenco explicó que esto no quiere decir que no es motivo de alegría la excarcelación, pero esto de ninguna manera significa que el régimen Ortega Murilo está cumpliendo con la demanda que le hacen los países democráticos e incluso organizaciones enteras como la ONU, donde todavía participa como miembro Nicaragua.
«El destierro no es libertad, el destierro es otro crimen de lesa humanidad. El destierro es una apatridia de facto, también impide la reunificación familiar, violenta los derechos sociales, económicos y culturales e impacta un sinnúmero de derechos porque te obligan a estar fuera de tu país, porque no puedes regresar a tu país», agregó el defensor de DD.HH.
Presos políticos excarcelados se convierten en testigos
El biólogo, ambientalista y también defensor de los derechos humanos, Amaru Ruiz, valoró además que los mismos excarcelados se convierten en testigos de las violaciones de derechos humanos, lo que viene a aportar sustancialmente a la actualización de los informes que recogen la situación crítica que vive Nicaragua en cuanto a derechos humanos.
«Yo creo que eso pesa en el juego político y en la incidencia internacional, porque ambos mecanismo, tanto el MESENI (Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua) como el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), igual que la CIDH y la oficina del Alto Comisionado, han señalado la situación de deterioro de las condiciones humanas que tenían las personas presos y presas político y que evidentemente luego de las liberaciones, estas personas han relatado sus vivencias y las violaciones a sus derechos fundamentales durante su encierro», dijo Ruiz.
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El ambientalista explicó que estos informes servirán para que todos los Estados se convenzan cada vez más de lo que ocurre en Nicaragua y mantengan vigentes sus demandas y que la situación de este país no sea olvidada ante los foros internacionales.
Contexto del Examen Periódico Universal
El régimen Ortega Murillo hizo estas nuevas liberaciones en el momento que se está llevando a cabo el proceso del Examen Período Universal (EPU), un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que estipula que cada Estado Miembro de la ONU se someta cada cuatro años y medio a un análisis de su ejecutoria en materia de derechos humanos.
Nicaragua será uno de los países examinados en el cumplimiento de los principios universales de los derechos humanos, además de revisar el cumplimiento de las recomendaciones que se hicieron en el período pasado (en 2019), entre estas la liberación de todos los presos políticos y el respeto a la libertad de asociación, algo que también se ha violentado cada vez más en los últimos años.
Ruiz, quien lleva un registro de las más de 5,000 ONG canceldas en Nicaragua en los últimos años, reconoció que la presión internacional ha jugado un papel fundamental en la excarcelación de los presos políticos, sin embargo, dijo que esto no puede ser visto como un cumplimiento de las demandas internacionales.
Feministas, defensores de derechos humanos, defensores de los pueblos indígenas, miembros de organizaciones en el exilio han participado en los foros de la ONU como contraparte del gobierno de Daniel Ortega, para denunciar lo que el régimen niega.
El activista defensor de derechos humanos, Efraín Ordóñez, integrante de la Articulación de Movimientos Sociales, fue uno de los participantes como representante de la sociedad civil nicaragüense en este nuevo período de evaluación del EPU. Las organizaciones civiles participan como contraparte de los Estados en las primeras sesiones donde se actualiza la información de los últimos cuatro años anteriores a evaluar.
Ordóñez destacó la importancia de informar a la mayor cantidad de Estados de lo que ocurre en Nicaragua, por lo que el mecanismos del Examen Periódico Universal (EPU) se presenta como la mejor oportunidad para ésto.
El noviembre próximo (del 4 al 14 noviembre) como parte del proceso del EPU, el Estado de Nicaragua se enfrentará a los cuestionamientos de otros Estados Miembros sobre las violaciones a los princiopios universales sobre derechos humanos que se han cometido en los últimos años en Nicaragua y el seguimiento a las recomendaciones del último EPU en 2019, entre las que estaban la liberación de todos presos políticos.
Ordóñez dijo que aunque el régimen excarceló a otro grupo de presos políticos en este mes septiembre, «hay gente que sigue presa y no sabemos por qué no la libera», pero para él es eso demuestra la falta de voluntad de Ortega de cumplir con las recomendaciones de los Estados.
Aunque evidentemente Nicaragua ha estado incumpliendo con sus obligaciones y ha ignorado las recomendaciones que han dado otros Estados Miembros, el régimen de Daniel Ortega cumplió en agosto pasado con la presentación de su informe como parte del proceso del EPU.
Todavía hay presos en Nicaragua
Entre los opositores que todavía quedan presos, hay personas de grupos marginados históricamente como indígenas, entre ellos dos diputados, mujeres y algunas de avanzada edad. Una de las mujeres presas es la comunicadora y feminista Fabiola Tercero, considerada desaparecida por que no se tiene conocimiento de su ubicación.
Anexa Alfred Cunningham, abogada nicaragüense de origen indígena y vicepresidenta del Mecanismo de Derechos de los Pueblos Indígenas de ONU, ha hecho incesantes denuncias sobre las violaciones de derechos humanos que se cometen en Nicaragua contra los pueblos indígenas en Nicaragua, el ocupamiento de sus territorios y la brutal invasión de colonos, entre una de las más crueles violaciones a los grupos más vulnerables del país.
También las organizaciones en el exilio, la mayoría en Costa Rica, tienen documentadas las más de 5,200 cancelaciones de ONG, lo que representa una violación a la libertad de asociación.
Un grupo de al menos 30 personas todavía se mantienen en las cárceles de la dictadura, además de más de 100 opositores que son obligados a firmar diariamente ante las delegaciones policiales en diferentes partes del país.
Oxígeno para Ortega
Analistas políticos y expertos en relaciones internacionales han coincidido en que la liberación de presos políticos oxigena políticamente a Ortega a nivel internacional, porque hace ver que su situación es menos grave que la de Venezuela.
«Con esta liberación de presos políticos Ortega se oxigena políticamente, sin desnacionalizarlos como la primera vez, significa un respiro en una atmósfera de credibilidad cero y de desatinos e improperios en contra de Lula (Da Silva) y (Gustavo) Petro, los principales mediadores en la crisis. Como contrapartida, los EE.UU. y el presidente (Joe) Biden pueden mostrar algunos resultados de su política, aunque evidentemente estemos lejos de entrar en una fase de diálogo y negociación para una salida a las dos crisis. Ambas crisis, Venezuela y Nicaragua, se mantienen y agudizan. La solución posible a las mismas se pospone para después de las elecciones de noviembre, una vez electo el nuevo presidente en los EE.UU., con el riesgo de que mientras tanto el problema migratorio se desborde», dijo un experto en relaciones internacionales que habló bajo condición de anonimato.
