El Examen Periódico Universal (EPU), que revisa la situación de los derechos humanos y libertades públicas entre los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU), llega en el peor momento para Nicaragua en el cumplimiento de esos derechos.
El EPU es uno de los procesos de la ONU para evaluar de manera periódica el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados Miembros sobre derechos humanos y los principios de libertad. Fue creado en marzo de 2006, pero el primer ciclo se llevó a cabo en 2008. Desde ese entonces, los 193 Estados Miembros de la ONU deben informar cada cuatro años y medio sobre su récord en derechos humanos y sus compromisos. En esta ocasión corresponde evaluar el período 2019-2024.
Lea también: Expondrán abusos del régimen contra DD. HH. en el Examen Periódico Universal
Aunque evidentemente Nicaragua ha estado incumpliendo con sus obligaciones y ha ignorado las recomendaciones que han dado otros Estados Miembros para mejorar su situación violatoria, el régimen de Daniel Ortega cumplió con la presentación de su informe como parte del proceso del EPU. Sin embargo, todavía está por verse si el Estado de Nicaragua participará con una delegación oficial en la sesión de apreciación de esta semana.
Nueva ola de cancelaciones de ONG
En las últimas semanas, la dictadura de Daniel Ortega entró en una fase de reestructuración oficial, que entre otros cambios ha implicado la cancelación de más de 1,600 organizaciones sin fines de lucro (OSFL/ONG), lo que suma más de 5,000 canceladas desde 2018. Antes de 2018 existían más de 7,200 organismos civiles en Nicaragua, lo que indicaría que quedan unas 2,000 ONG en el país.
En el marco del EPU, los Estados miembros de la ONU han hecho recomendaciones puntuales a Nicaragua sobre el tema de la cancelación de ONG, que antes que cumplirlas las ha contrariado.
Recomendaciones para Cuarto Ciclo EPU (2021-2025):
-Liberar a las personas defensoras de derechos humanos y presas políticas injustamente encarceladas. Actualmente hay más de 150.
-Restituir la nacionalidad a las personas afectadas, devolverles sus bienes, sus títulos universitarios y desbloquear sus cuentas bancarias.
-Devolver los inmuebles y equipos confiscados a las OSFL y medios de comunicación.
-Restituir la personería jurídica a las OSFL canceladas.
-Derogar la legislación, promulgada de 2018 a 2024, que tiene como fin la criminalización de la defensa de Derechos Humanos y la destrucción del espacio cívico, entre las más destacadas.
El sociólogo e investigador Silvio Prado, quien ha estado al frente de numerosos análisis y estudios sobre la esfera local de Nicaragua, manifestó que no hay duda que la situación de Nicaragua cumple con el patrón de un régimen dictatorial que está haciendo todo para desaparecer la autonomía de la sociedad civil organizada.
“Hay una máxima que dice que en regímenes dictatoriales no hay sociedad civil, porque la esfera de la sociedad civil es la esfera de los derechos y de las libertades: del derecho de asociación, de la libertad de pensamiento, de la libertad de prensa, etcétera… Él (Ortega) no quiere que haya una esfera de la sociedad que lo fiscalice”, dijo el sociólogo.
Dictadura desprecia recomendaciones
Para Prado, Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, están dejando claro que «desprecian las recomendaciones de los Estados Miembros de la ONU».
Lea también: Dictadura en la “recta final” para cancelar todas las ONG en el país
Hasta ahora, no se ha conocido el informe presentado por parte de Nicaragua. Además, el régimen orteguista no ofrece entrevistas a medios locales independientes, la mayoría actualmente funcionando desde el exilio, por lo que es difícil saber cuál es su posición frente al EPU.
Prado manifestó que sin duda, la dictadura de Nicaragua negará las violaciones a los derechos humanos y dirá que están saneando la existencia de las ONG que no estaban al día.
La grave situación de los derechos humanos en Nicaragua, ha dado pie a un gran esfuerzo de coordinación de organizaciones nicaragüenses en el exilio, precisamente para llevar una única voz y un solo mensaje definido entre tantas demandas de derechos humanos que hay en este país.
Al menos 11 organizaciones nicaragüenses participarán como “Articulación de organizaciones de Nicaragua en el marco del EPU en su cuarto ciclo”. La mayoría de los representantes de estas organizaciones fueron integrantes o dirigentes de algunas de las organizaciones hoy canceladas.
Alianza de organizaciones nicaragüense en el exilio
El activista y defensor de derechos humanos, Efraín Ordóñez, miembro de la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia, expresó que las organizaciones nicaragüense en el exilio, «a pesar del estado hostil, cerrado, represivo y aún con familiares adentro, han seguido trabajando en función de la promoción de los derechos humanos de Nicaragua» y también para documentar la nuevas violaciones que se están cometiendo en el país, lo que será presentado ante el EPU como un informe alternativo.
«Hay una alianza en el exilio, en Costa Rica principalmente, entre organizaciones internacionales y sociedad civil nicaragüense constituida en Costa Rica, donde estamos teniendo un trabajo coordinado sobre los temas de libertad de asociación, libertad de expresión, autonomía municipal, autonomía universitaria, libertad religiosa, los presos políticos, entre otros temas», dijo el activista.
La violaciones de estos derechos por parte del Estado de Nicaragua será presentado como informe alternativo, que, según Ordóñez, «servirá para poner evidencia al régimen ante los representantes del Estado, quienes van a examinar al gobierno de Nicaragua».
Ordóñez será uno de los participantes como observador en la pre-sesión del Cuarto Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Nicaragua. Esta pre-sesión se realizará el 27 de agosto de 2024 en Ginebra, Suiza.
Ordóñez recordó que en el pasado ciclo del EPU, la representación del Estado de Nicaragua aceptó algunas de las recomendaciones y otras las anotó, lo que es una forma de decir que no las va asumir.
Ya que Nicaragua entregó un informe sobre este cuarto ciclo del EPU, Ordóñez dijo que la expectativa está en saber qué expresa ese documento y, además, que dirá la representación de Nicaragua sobre el cumplimiento de las recomendaciones.
«Ese informe tiene que dar respuesta a cómo el Estado de Nicaragua ha venido mejorando esa situación y ahí nosotros estamos atentos como asociación, porque queremos saber qué informaron. Creeríamos que van a venderse de la mejor manera: van a decir que están restituyendo derecho, que con este gobierno la población nicaragüense ha tenido más derechos que otros, pero hasta que tengamos el informe podremos saber», dijo el activista.
EPU, única forma de escrutinio
Gina Romero, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, manifestó que es indispensable que la sociedad civil participe en el proceso de evaluación del EPU, sobre todo cuando se trata de países con regímenes autoritarios, porque «muchas veces esta revisión es la única forma real de interacción con estos regímenes, en especial cuando a ellos aún les interesa lo que piensa la comunidad internacional de sus acciones».
«Lo especial del EPU es que es la acción voluntaria del Estado, por lo que abre una puerta inmensa para la incidencia», dijo la relatora.
Romero también dijo que el espacio del EPU es «un buen momento de interacción con otros países que pudieran servir como agentes de cambio o de incidencia para que haya una atención mayor del régimen».
«Esto es vital porque a veces la presión entre pares, es la única forma real de que algunas regímenes o algunos gobiernos puedan actuar en favor de la democracia, el espacio cívico y los derechos», dijo Romero.
