Unas semanas después de cancelar los permisos de operación de 12 aeródromos de uso agropecuario y de confiscar otros 12, el régimen Ortega Murillo entendió el daño que eso provocaría a las plantaciones de arroz, caña y banano que dependen de la fumigación área para garantizar su producción, y dio un paso atrás en lo referido a que las avionetas sigan usando estas pistas. Pero no las devolvió a sus propietarios, pilotos y otros colaboradores ahora están sometidos a una férrea vigilancia y control permanente de parte de la Policía y el Ejército que cuidan las nuevas propiedades estatales.
Unos pocos de los 24 aeródromos confiscados o que les cancelaron los permisos de operación estaban fuera de uso, pero la mayoría son utilizados empresas agropecuarias para fumigar cultivos. Los de León y Chinandega para caña de azúcar y banano y los de Boaco, Matagalpa y Granada para arroz.
Dirigentes del sector agroindustrial califican la cancelación de los permisos de operación y la confiscación de las pistas, como un «error garrafal del paranoico» comisionado Iván José Escobar Ramírez, director general de la Empresa Administradora de Aeropuertos Nacionales e Internacionales (EAAI), que incluso habría provocado su despido.
Oficialmente Escobar no tenía ningún cargo en el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC), sin embargo, personas vinculadas a la institución aseguran que «tras bambalinas» ejercía la dirección general de esa institución, cargo que oficialmente desempeña Mario José Altamirano Díaz.
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Comisionado cerró y confiscó aeródromos
«El comisionado Escobar fue el que aconsejó lo de las pistas alegando seguridad nacional y la medida fue tan contraproducente que les estalló en la cara por todas las quejas y contratiempos que desató. Surgieron muchos problemas, se congestionó el tráfico aéreo en la zona de Malacatoya porque las pistas que quedaron activas, son de esa zona y no están diseñadas para dar salida a todas las avionetas, entonces se atrasaron los procesos de fumigación y eso expuso a las plantaciones a que desarrollaran plagas que pueden devorar los cultivos», asegura un dirigente del sector agropecuario.
Según personas vinculadas con la fumigación aérea, desde enero del año pasado cuando obligaron al Capitán Carlos Salazar Sánchez, a renunciar a la dirección del INAC, acusado de mal manejo de recursos, nombraron a Altamirano Díaz, pero en las reuniones de trabajo siempre había un hombre en un rincón que era en realidad el que mandaba, aunque llegaba sin uniforme con el paso del tiempo supieron que era el comisionado Escobar, y que sin ser piloto, se preparaba para asumir la dirección de la INAC.
Tras la cancelación de permisos de operación de un grupo de pistas, la confiscación de otras y los problemas que se derivaron de esto, supieron que el comisionado Escobar fue el promotor de la medida, la impulsó alegando que era necesaria para garantizar la seguridad nacional.
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INAC trata de arreglar el desastre
Ante las quejas generalizadas de los ingenios azucareros, empresas arroceras y exportadores de banano, por los problemas que provocó, lo trasladaron a Plaza el El Sol y Altamirano asumiendo su función de director del INAC se ha esforzado por resolver la crisis.
Luego de gestiones ante los Ortega Murillo, otorgó permisos temporales para que las avionetas fumigadoras retomaran sus actividades en todas las pistas, únicamente que ahora bajo estricta vigilancia y control de agentes de la Policía y de oficiales del Ejercito, que llevan registro de cada movimiento que realizan los pilotos y las avionetas.
Además, en reuniones que ha sostenido con los afectados prometió conseguir permisos especiales para legalizar la continuidad de la operación de las pistas a las que se los cancelaron. También expresó la posibilidad de indemnizar a los dueños de los aeródromos confiscados.
INAC no da mantenimiento a aeródromos
Otro absurdo de esta confiscación es que el INAC dice no tener recursos para darles mantenimiento a las pistas y como las empresas agropecuarias necesitan mantenerlas activas para garantizar la fumigación, siguen asumiendo este gasto. Esto podría provocar que el INAC opte por cobrar a los antiguos dueños, una tarifa por el uso de las pistas.
«Todo volvió a la normalidad, seguimos trabajando como antes, las empresas siguen asumiendo todos los gastos, solo que ahora ellos no son los dueños, sino que están invirtiendo en darle mantenimiento a propiedades del Estado y además trabajamos bajo una vigilancia súper estricta de la Policía y el Ejército», dice uno de los afectados.
Pese a la «buena intención» del director del INAC que sigue buscando opciones para corregir el error que se cometieron, como todo lo que ocurre en Nicaragua, esa institución no puede tomar ninguna decisión sin consultarla con los Ortega Murillo y finalmente serán ellos los que decidan el futuro de la fumigación agrícola aérea y de los aeródromos.
