La abogada de origen nicaragüense nacida en Estados Unidos, Astrid Montealegre, denunció a Pablo Cuevas, abogado nicaragüense y defensor de derechos humanos exiliado en ese país, por ofrecer servicios de asesoría en inmigración de manera ilegal, algo que Cuevas negó y catalogó como parte de una «guerra abierta entre abogados y preparadores de formularios» migratorios.
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Este sábado 5 de octubre, Montealegre hizo oficial su denuncia ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, alegando «que el señor Pablo Cuevas ha estado brindando información incorrecta acerca de procesos migratorios en los Estados Unidos y debido a esa información incorrecta más de 20 víctimas han resultado con órdenes de deportación».
Montealegre dijo además que desde hace meses aconsejó a Cuevas para que registrara su organización tal y como lo establecen las leyes del país, pero dijo que él no atendió sus advertencias.
Denuncia en Facebook
Originalmente Montealegre publicó esta denuncia en Facebook, donde explicó que la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos (DNDH), organismo creado y dirigido por Pablo Cuevas desde el exilio, no esta registrada en el Programa de Reconocimiento y Acreditación de la Oficina de Programas de Acceso Legal (OLAP).
«Defensoría Nicaraguense Derechos Humanos no se encuentra en la lista de organizaciones aprobadas para brindar acompañamiento y asesoría en casos de migración. Le he solicitado que por favor desactive la sección de su página web ofreciendo servicios con casos de inmigración de Defensoria Nicaraguense Derechos Humanos. Pablo Cuevas se le agradezco desista de brindar consejería legal sin los permisos y supervisión legal que requiere la ley federal de Estados Unidos», expresó Montealegre en Facebook.
La abogada estadounidense también explicó que ha conocido más de 20 personas defraudadas por DNDH, porque este organismo incumplió con presentar sus documentos ante USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) «en tiempo y forma o les brindó un servicio para algo que no califican y a todos se les cobró una ‘donación’ obligatoria que en algunos casos excede el cobro average de abogados especializados en migración y otras organizaciones ofrecen de forma gratuita».
«Tristemente, algunas víctimas resultaron deportadas y otras con órdenes de deportación», expusó Montealegre.
Cuevas dice que no realizan asesoría legal
Por su parte, Cuevas manifestó que la DNDH no realiza un trabajo legal ni de asesoría inmigratoria y aseguró que los casos que le llegan sobre ese tema son remitidos a una «firma seria de abogados», que calificó como «facilitadores migratorios, legalmente constituidos en Estados Unidos». También manifestó que la única queja particular que ha conocido es la de Astrid Montealegre y del tiktoker Kevin Mozón, pero a este último no lo tomó en serio.
«Hace una semana me llamó esta señora Astrid y me comenzó a hacer señalamientos y reclamos. Yo le di algunas explicaciones», dijo Cuevas.
El abogado nicaragüense explicó que la DNDH trabaja con un preparador de formulario para ofrecer el servicio de preparación de solicitudes de asilo y solicitud de permiso de trabajo, algo que para él es permitido, conocido y común en Estados Unidos. En ese sentido, Cuevas aclaró que no les corresponde estar autorizados por la Oficina de Programas de Acceso Legal (OLAF), porque la DNDH no hace asesoría legal.
«Lo que hacemos es preparar un formulario, pero no hacemos representación legal ni asesoría, nosotros damos asesoría, pero en materia de derechos humanos», insistió Cuevas.
Lo que sí reconoció el abogado nicaragüense es que los servicios que ofrece DNDH pueden tener un costo de hasta 2,000 dólares, que sus clientes pueden pagar en abonos.
«El servicio de preparación de formulario es variado, según el caso. Si el caso es de USCIS, el costo es menor; si el caso está ante el juez, es un poco más caro, pero eso lo tasan según el caso, porque, por ejemplo, se le prepara el paquete. Son tres paquetes, que va uno para el fiscal, otro para el juez y otro le queda al ciudadano. Y hay que pagar papelería, aquí la copia vale tres dólares, cuatro a color y si son 300 o 400 hojas, imaginate. Además del honorario del preparador del funcionario», explicó Cuevas.
«Guerra entre abogados y preparadores de formularios»
Cuevas manifestó que detrás de los reclamos de Montealegre hay una intención de sacar del juego a los preparadores de formularios y aseguró que no solo él es objetivo de abogados estadounidenses que se quejan del trabajo de los preparadores de formularios.
«Aquí hay una guerra abierta entre algunos abogados y entre preparadores de formularios», manifestó Cuevas.
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Astrid Montealegre nació en Estados Unidos, pero sus padres son nicaragüenses que emigraron a Norteamérica en los años ochenta. Actualmente ella está al frente de la Nicaraguan American Human Rights Alliance (NARHA), una organización sin fines de lucro que promueve y defiende los derechos humanos de los migrantes y refugiados nicaragüenses que tuvieron que huir de su país debido a la persecución.
En Nicaragua, Pablo Cuevas era un conocido defensor de derechos humanos de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que comenzó como promotor y luego estudió Derecho en la Unival de Managua. Hace más de un año llegó a Estados Unidos, huyendo de la persecución del régimen de Daniel Ortega que le quitó sus propiedades en Nicaragua.
