Ocho organizaciones que defienden la libertad de expresión y de prensa firmaron un comunicado en el que demandan la liberación inmediata de periodistas y comunicadores encarcelados en Venezuela, en el contexto de la escalada represiva tras las elecciones generales del 28 de julio, en las que el chavismo se autoproclamó ganador.
Según el comunicado emitido el pasado 12 de septiembre, los periodistas encarcelados en el marco de la cobertura de las elecciones y protestas son: Luis López (reportero/La Guaira), Yuosnel Alvarado (fotoperiodista/Barinas), Paúl León (camarógrafo/Trujillo), Deysi Peña (fotoperiodista/Miranda), José Gregorio Camero (productor y presentador/Guárico), Eleángel Navas (fotógrafo y community manager/Anzoátegui), Gilberto Reina (reportero/Bolívar) y Ana Carolina Guaita (reportera/La Guaira). De este grupo, se informa que Luis López sufre de hipertensión arterial, Gilberto Reina tiene problemas cardíacos y José Gregorio Camero padece un síndrome coronario agudo y una lesión coronaria oclusiva.
Según las organizaciones, los cargos que se les imputan incluyen delitos como «terrorismo», «incitación al odio», «asociación para delinquir» y «resistencia a la autoridad», cuyas penas pueden oscilar entre 12 y 20 años de cárcel.
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«Lo anterior resulta preocupante, ya que es claro que estos delitos están siendo desnaturalizados para aplicarse a periodistas con el fin de silenciarlos», señalan las organizaciones.
Las organizaciones firmantes son: Reporteros Sin Fronteras (RSF), Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Fundamedios, Free Press Unlimited (FPU), International Press Institute (IPI), IFEX-ALC, Voces del Sur y Freedom House.
Arrestos en Venezuela sin informar causas
El comunicado detalla que las detenciones presentaron múltiples irregularidades, como el arresto sin informar a los periodistas sobre los cargos que se les imputan o la celebración de audiencias sin el debido proceso, condenando a algunos a 45 días de prisión. Además, la defensa está a cargo de abogados de oficio, ya que se les ha negado la representación de abogados de confianza.
«Pedimos a los organismos multilaterales y a la comunidad internacional de países que mantienen relaciones políticas y económicas con Venezuela que se pronuncien por la liberación plena de los y las periodistas detenidos con carácter de urgencia, a riesgo de que se produzca un daño irreparable. ¡El periodismo no es un delito! ¡Libertad ya!», concluye el comunicado.
En el comunicado, las organizaciones también exponen que, tras las elecciones, los medios digitales enfrentan bloqueos de sus sitios web y la expulsión de periodistas extranjeros.
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En una entrevista brindada el pasado 31 de julio a LA PRENSA, el defensor de derechos humanos Rafael Uzcátegui advirtió que el régimen de Nicolás Maduro está dispuesto a llevar a Venezuela al cierre del espacio cívico, tal como lo hizo el régimen de Ortega Murillo en Nicaragua.
«Creemos que vamos hacia un cierre total del espacio cívico en Venezuela, y creo que Nicolás Maduro va a seguir los pasos de Daniel Ortega. Entonces, creo que aumentará la salida del país de líderes sociales y políticos, y que puede haber restricciones para las organizaciones no gubernamentales, que en este momento estamos documentando la situación», dijo Uzcátegui.
