Luego de las elecciones en Venezuela, señaladas de fraudulentas por la comunidad internacional y la oposición venezolana, el régimen de Nicolás Maduro implementa patrones de violaciones a los derechos humanos y represión similares a los que su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, implementó a partir de 2018, año en el que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua.
Mientras miles de venezolanos salen a las calles, las fuerzas armadas de Venezuela, que se mostraron a favor de los resultados, reprimen a los manifestantes.
Ayer se conocieron denuncias en redes sociales que al país sudamericano han llegado militares cubanos para participar en la represión. La organización no gubernamental Laboratorio de Paz dijo a LA PRENSA que no han corroborado si esto es así, sin embargo, durante las protestas de 2017 esta organización recabó testimonios sobre la presencia de personas con acento cubano en los centros de detención.
Cifras extraoficiales dan cuenta de al menos siete fallecidos en las alrededor de 210 manifestaciones que Laboratorio de Paz contabilizó hasta la noche del lunes. Por su parte, el fiscal general Tarek Wiliiam Saabd anunció el martes 749 detenidos en las protestas.
Además de esto, Maduro repite el patrón de Ortega de judicializar a las voces críticas y a sus rivales políticos. Este martes, el dictador venezolano responsabilizó a su principal rival, Edmundo González Urrutia, por los heridos y muertos durante las protestas.
«Lo hago responsable señor González Urrutia de todo lo que está sucediendo en Venezuela, de la violencia criminal, de los delincuentes, de los heridos, de los fallecidos, de la destrucción. Usted será el responsable directo señor González Urrutia y la señora Machado, y la justicia va a llegar», dijo Maduro este domingo.
Ante estos señalamientos y amenazas de arresto, el canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco, refirió que Costa Rica ofrece asilo político y refugio a María Corina Machado, Edmundo González y a cualquier otro perseguido político en Venezuela. Sin embargo, Machado refirió horas después que se quedará en territorio venezolano y que en este momento la prioridad es brindar protección a sus correligionarios asilados en la embajada de Argentina en Venezuela.
Mientras tanto, organizaciones reportan secuestros a líderes políticos, entre ellos Freddy Superlano, del partido Voluntad Popular.
Rafael Uzcátegui es sociólogo, defensor de derechos humanos y director de la organización no gubernamental Laboratorio de Paz. En entrevista con LA PRENSA señaló que a partir del fraude electoral del pasado 28 de julio se abrió una nueva etapa de represión y violaciones a los derechos humanos que podrían repercutir en otros países de la región.
¿Cuál es el panorama de los derechos humanos en Venezuela a tres días del fraude de las elecciones?
Lo primero que hay que decir es que estamos en presencia de un gravísimo desconocimiento de la voluntad popular expresada a través del voto del pasado 28 de julio. Hay datos irrefutables de encuestas a boca de urnas y de las actas en donde hubo una diferencia abrumadora a favor del candidato Edmundo González.
Nosotros hemos hecho un monitoreo de redes sociales oficialistas y no tenemos ningún video de algún testigo vinculado al oficialismo divulgando un acta de mesa donde Nicolás Maduro resulte ganador. Hay que insistir que el CNE no publicó sus cifras desagregadas que es el paso previo a la proclamación.
Esto nos preocupa mucho como defensores de derechos humanos porque hablamos de una salida pacífica, dialogada y no traumática para el pueblo venezolano. Cuando se cierran las vías institucionales en resolución de conflictos, las autoridades están convocando a la violencia y confrontación.
Ayer tuvimos una situación de protestas masivas y en el Laboratorio de Paz localizamos el lunes unas 210 movilizaciones. Es un subregistro, pero el corte que hicimos hasta la noche del lunes nos hablan de siete personas asesinadas por armas de fuego. El perfil de los manifestantes son personas de sectores populares.
Sobre las personas que fueron asesinadas, ¿hay información sobre a través de qué mecanismo fueron ejecutadas?
En los siete casos que pudimos verificar, todos fueron por armas de fuego. Además, los presuntos responsables son funcionarios policiales. Entonces, acá tenemos un uso abusivo y excesivo de la fuerza pública bajo una narrativa de que el Gobierno es víctima de una agresión internacional.
También hay videos en redes sociales donde algunos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana toleran las manifestaciones y se niegan a reprimir. Pero creemos que son casos aislados.
¿Hay indicios hasta el momento de represalias a esos oficiales que se niegan a reprimir?
Existe una institución que forma a los policías en Venezuela que es la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad y los estudiantes denunciaron que los estaban obligando a votar por Maduro y que se negaban a hacerlo. Hoy en día, tenemos 25 de esas personas que se reportaron como desaparecidas.
Entonces, hay represalias y estas son las que conocemos. Todavía no tenemos los elementos para seguir monitoreando represalias, pero esto refleja que sí hay consecuencias para policías y militares que se niegan a reprimir.
¿Consideras que se abre una nueva fase de represión en Venezuela?
Creemos que vamos hacia un cierre total del espacio cívico en Venezuela y creo que Nicolás Maduro va a seguir los pasos de Daniel Ortega. Entonces, creo que se va aumentar la salida del país de líderes sociales y políticos, que puede haber restricción para las organizaciones no gubernamentales que en este momento estamos documentando la situación.
Creo que este es el inicio de un episodio mucho más oscuro para la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Sobre esa comparación de los patrones de violaciones de derechos humanos en Nicaragua y Venezuela, ¿qué elementos tomas en cuenta para destacar ese camino de violaciones que recorre Ortega?
El gobierno chavista siempre fue permeable por la opinión internacional, sobre todo por sus aliados de izquierda. Esta decisión de Nicolás Maduro de implementar un fraude, significa que le va a dejar de importar lo que denuncie la comunidad internacional, a como lo hace el señor Ortega.
Hay detenciones arbitrarias de líderes políticos y se está construyendo una narrativa alrededor de quienes denuncian el fraude y puede señalárseles con delitos vinculados a temas terroristas. Por eso, es que pienso que vamos a un cierre del espacio cívico en los próximos días.
Lamentablemente, Daniel Ortega se convirtió en un referente del autoritarismo y la violación de derechos humanos en la región. Ortega puso la vara en alto de hasta donde se puede llegar. El bajo costo político que tuvo la represión en Nicaragua hace que otros mandatarios en la región vean eso como una posibilidad.
Nicolás Maduro tomó nota de lo que sucede en Nicaragua y como Daniel Ortega sigue ahí.
¿Qué representa esta nueva etapa para la situación de derechos humanos en la región?
A mí como sociólogo me preocupa mucho que este fraude lo que hace es derrotar una estrategia de lucha electoral bajo gobiernos autoritarios. Vimos con mucha esperanza esta oportunidad de lograr una transición.
Esto va a repercutir en otros países de Latinoamérica, como Nicaragua. Venezuela tomó la decisión de mantenerse aislada.
