La Asamblea Nacional al servicio de la dictadura de Daniel Ortega aprobó este martes 3 de septiembre la reforma a la Ley antilavado y parcialmente la reforma al Código Penal, como parte de un trío de leyes que apunta a mayor regulación del Sistema Financiero, aumenta el control de las remesas y legaliza la criminalización y confiscación de los opositores y las organizaciones sin fines de lucro (OSFL/ONG), estos últimos en el ojo de la represión en los últimos años.
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Como ya es habitual, la reforma a la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción (Ley 977) no tuvo oposición ni cuestionamientos y fue aprobada por unanimidad, en una Asamblea Nacional conformada por 75 diputados del partido gobernante FSLN y el resto son legisladores de diferentes tendencias liberales, considerados por los críticos como colaboradores de la dictadura.
La reforma a la Ley antilavado, entre otros cambios, incorpora mayores controles en el movimiento de las remesas en Nicaragua, operaciones de los grupos financieros y agrega nuevos reguladores en distintas áreas de las actividades económicas no financieras. La Policía Nacional se convertirá en el regulador de la venta de vehículos nuevos y usados.
Reconocen que las remesas han aumentado
Uno de los elementos que más controversias ha generado este paquete de reformas es el ajuste del artículo 24 de la Ley 977, que ordena emitir normas para fortalecer el proceso de recolección de datos acerca de quienes reciben y envían remesas.
El diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez, quien es un intenso defensor de la dictadura Ortega Murillo, rechazó las críticas sobre las reformas a la Ley antilavado. Casi con sarcasmo, Gutiérrez exclamó que las remesas han aumentado desde las primeras regulaciones a la Ley en 2018 y 2019, pero sin mencionar que en ese período comenzó un exilio masivo de nicaragüenses, debido a la represión armada de la dictadura. Precisamente las personas que han huido del país son las que envían dinero a sus familias, lo que ha aumentado las remeses en los últimos años.
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“Esas disposiciones que regulan el tema de las remesas existen desde 2018, 2019. ¿Cuál ha sido el patrón de comportamiento de Nicaragua? Ha venido subiendo enormemente, pero tenemos la garantía que es el sudor de los nicaragüenses que están en el extranjero y están mandando sus 50 dólares, sus 100 dólares, hombre cuando mandan 100 dólares toda la familia hace fiesta”, dijo Gutiérrez.
Reforma al Código Penal
El Código Penal también está en proceso de ser reformado para agregar ocho delitos al “principio de universalidad”, establecido en el artículo 16 del Código: financiamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción masiva, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, crimen organizado, delitos contra la administración pública, delito contra el Estado o sus instituciones, ciberdelitos, tráfico de armas y municiones.
Otro de los artículos reformados es el 46, referente a las penas, donde en la reforma incluye la pena de “decomiso”, que no es más que la confiscación de bienes. Hasta el momento la dictadura ha cancelado más de cinco mil organismos y su más reciente movida fue “modificar” la forma de trabajo de las que han sobrevivido a la guillotina para obligarlas a hacer “alianzas” con instituciones estatales.
La tercera reforma es la Ley de unidad de análisis financiero (Ley 976) y al Código Penal (Ley 641), como complemento a las otras reformas.
La Asamblea Nacional continuará este miércoles aprobando el trío de reformas.
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Estas nuevas regulaciones se suman a otra serie de cambios del marco legal de Nicaragua desde 2019, que han significado la criminalización de las protestas, expresiones de opositores y críticas, y la libertad de asociación.
Desde el levantamiento civil de 2018, el régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo, agilizó las reformas que han transformado el marco legal del país, para criminalizar las expresiones opositoras y controlar el Sistema Financiero, limitando a la empresa privada.