Según informa LA PRENSA, el presidente autocrático de Rusia, Vladímir Putin, ha viajado a Mongolia, su vecino asiático con el que tiene importantes acuerdos de cooperación en materia económica, seguridad y defensa mutua. El motivo o pretexto de la visita es la conmemoración del 85º aniversario de la victoria militar conjunta de Mongolia y Rusia contra Japón, en 1939. Pero sobre todo es para realizar importantes acuerdos energéticos.
Mongolia es parte del Tratado de Roma, constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI) que en marzo de 2023 dictó orden de arresto contra Putin bajo la acusación de cometer crímenes de guerra contra Ucrania.
Desde entonces Putin no había viajado a ningún país que sea parte de la CPI. Quiso hacerlo a Sudáfrica, en agosto del año pasado, para participar en la Cumbre de los países miembros del grupo intergubernamental Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), pero el gobierno sudafricano lo convenció de que no llegara. No quería otro escándalo internacional como el de 2015, cuando permitió la visita del dictador genocida de Sudán, Omar Al-Bashir, sobre quien había orden internacional de captura por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El viernes de la semana pasada, la CPI le pidió al gobierno mongol que ordene el arresto de Putin en cumplimiento de su obligación internacional. Mongolia firmó el Tratado de Roma en el año 2000 y lo ratificó en 2002, de manera que está obligado a cumplir sus disposiciones.
La CPI les recordó a las autoridades de Mongolia que deben de ejecutar la orden de arresto contra Putin de acuerdo con el Capítulo IX del Tratado de Roma. En casos como este solo los Estados que no son parte de la CPI pueden decidir voluntariamente si atienden o no sus disposiciones.
Por supuesto que, si Putin ha viajado a Mongolia por invitación de su presidente, Ukhnaa Khurelsukh, es porque estaba seguro de que este no cumpliría la orden de arresto de la CPI. Mongolia fue un país comunista subordinado a la extinta Unión Soviética desde que se independizó de China en 1921. Cuando se desintegró la Unión Soviética, Mongolia se abrió a la democracia y la economía de libre mercado. Desde entonces estableció y reforzó lazos con Estados Unidos, pero también con sus vecinos Rusia y China. El presidente mongol es un viejo amigo personal de Putin y, además, Mongolia depende hasta en un 95 por ciento de los recursos energéticos que le vende Rusia.
La CPI le hizo saber al gobierno de Mongolia que “en caso de falta de cooperación”, o sea de que no ejecute la orden de arresto de Putin, se informará a la asamblea de los Estados Parte que “adoptaría las medidas que considere apropiadas”. Pero la verdad es que en la práctica eso no significa nada para Putin, quien no solo está desafiando a la CPI sino también burlándose de ella, pues el penal internacional no tiene capacidad para hacer cumplir sus decisiones.
Al respecto la prestigiosa revista The Diplomat especializada en la política internacional de Asia-Pacífico, señala que “en un mundo ideal, los países miembros de la CPI están obligados a detener a un sospechoso en virtud del Estatuto de Roma; sin embargo, la Corte en sí no tiene ningún mecanismo de ejecución sobre los Estados soberanos. Depende de ellos decidir si desean cooperar con la CPI”. Y recuerda la célebre sentencia de Tucídides, el insigne historiador y militar ateniense que en su obra clásica Historia de la guerra del Peloponeso, sentenció que en el mundo “los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben”.
De manera que nada pasará a Mongolia por no arrestar a Putin y más bien recibirlo y atenderlo con honores como si fuera el gobernante más ejemplar y respetable del mundo.