El pasado miércoles 28 de agosto, la cancillería de Nicaragua lamentó en un comunicado que los cancilleres de los demás países centroamericanos volvieron a rechazar ese día la propuesta de que se designe al funcionario orteguista Valdrack Jaentschke como secretario general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
En el comunicado no se menciona el nombre de este personaje, que fue propuesto por el régimen sandinista para ocupar ese alto cargo centroamericano desde noviembre de 2023, después de que el también nicaragüense Werner Vargas renunció a la secretaría general del SICA sin haber terminado su período. Los demás gobiernos centroamericanos no dicen por qué rechazan a Jaentschke, quien no debería ser objetado, puesto que las normas del SICA establecen que la secretaría general es rotatoria y en el actual período le corresponde ocuparla a un representante de Nicaragua.
Opositores exiliados y medios de comunicación independientes han especulado sobre las razones que podrían tener los demás gobernantes centroamericanos para rechazar al personaje propuesto por su par nicaragüense. Las especulaciones van desde que no lo aceptan porque fue miembro de la seguridad del Estado en la primera dictadura sandinista, hasta que se debe a que en organismos internacionales ha justificado la represión y violaciones a los derechos humanos del régimen orteguista.
Pero agentes de la seguridad del Estado sandinista han sido miles de nicaragüenses y por otro lado es lógico que cualquier funcionario del régimen justifique y defienda sus acciones. De manera que algo más tiene que haber detrás de la no aceptación de Jaentschke, pero no lo dicen los gobiernos que lo rechazan.
Realmente, aparte de la opacidad diplomática lo que demuestra el hecho de que durante ocho meses el SICA no tenga secretario general, es que ese organismo no cumple o no sirve para cumplir las funciones para las cuales fue creado en diciembre de 1991, mediante un Protocolo con rango de tratado internacional.
Algunos observadores de fuera del área centroamericana opinan que el problema consiste en la falta de cohesión política de los gobiernos centroamericanos, en dificultades de la gobernanza en los países asociados en el SICA, pero también la influencia perturbadora de intereses ajenos. Este sería el caso del empeño del Gobierno de Nicaragua en introducir en ese organismo a las grandes potencias expansionistas, Rusia, China, con las que comulga ideológicamente.
Ciertamente, si los objetivos y principios del SICA son entre otros el fortalecimiento y la consolidación de la democracia y los derechos humanos, ¿qué tienen que hacer allí Rusia y China que son potencias autoritarias y violadoras contumaces de esos derechos?
Es más, si la democracia y los derechos humanos son los objetivos y principios fundamentales del SICA, ¿por qué acepta la participación del régimen de Nicaragua que es denunciado como antidemocrático y violador sistemático de los derechos humanos por los organismos competentes interamericanos y de la ONU?
Para ser consecuente con sus propios objetivos y principios el SICA debería suspender a cualquier país cuyo gobierno no sea o deje de ser democrático e irrespete los derechos humanos como política de Estado; y readmitirlo hasta que restablezcan la democracia y garanticen los derechos fundamentales de las personas.
Eso no necesariamente afectaría el comercio centroamericano, pues como lo ha demostrado la experiencia de Chile y Bolivia, los gobiernos de estos dos países rompieron relaciones diplomáticas en 1978, pero mantuvieron sus vínculos comerciales.
Sin embargo, es obvio que los organismos intergubernamentales de Centroamérica se preocupan más por las conveniencias de los gobiernos que por los intereses de la gente.
