LA PRENSA informó este jueves 29 de agosto, que a pesar del riguroso secretismo gubernamental se ha podido saber que 10 instituciones estatales han sido clausuradas, a otras más se les cerraron dependencias y alrededor de diez mil personas han sido lanzadas al desempleo.
Por supuesto que mucho más desempleo ha provocado el régimen con el exterminio masivo de las ONG, pues también según información de LA PRENSA, al menos veinticinco mil nicaragüenses han quedado sin trabajo, aparte de que unos 3.4 millones de beneficiarios de las organizaciones civiles y religiosas de apoyo social y caridad y quedaron desamparados.
En lo que se refiere al empleo público, este creció desmedidamente desde que Daniel Ortega recuperó el poder en 2007, según estimaciones de expertos hasta en un setenta por ciento en comparación con la planilla que tenía el gobierno democrático liberal de don Enrique Bolaños Geyer.
El desmesurado crecimiento del empleo público durante el nuevo régimen sandinista de Ortega se debió a la creación de nuevas entidades gubernamentales y dependencias presidenciales, así como por la ampliación de las que ya existían y el desproporcionado aumento de los cuerpos de seguridad, espionaje y represión política. Y además, por la “necesidad” política de dar empleo y salario a muchos simpatizantes y militantes del partido de gobierno, a expensas de las arcas del Estado.
Pero el empleo público creció tanto en los últimos años también por una razón ideológica, pues de acuerdo con la doctrina socialista el desempleo se debe combatir fundamentalmente por medio de la ampliación del empleo estatal y de las inversiones en obras públicas.
Sin embargo, en todos los Estados comunistas o socialistas de tendencia marxista donde se puso en práctica esa doctrina, se llegó a una situación en la que los ingresos estatales no fueron suficientes. Aparte de que la economía no creció sino que disminuyó como consecuencia de las políticas públicas contra la empresa privada. Y así llegó el momento en que fue imposible sostener los costosos aparatos burocráticos desmesurados y se tuvo que compactar.
Pero la compactación del empleo público significa mandar a miles de personas al desempleo, que en la mayoría de los casos no tienen posibilidad real de encontrar uno nuevo. Lo cual significa condenarlos —a ellos, sus hijos y demás familiares— a una mayor pobreza, al desamparo e inclusive al hambre.
Además, a los empleados públicos despedidos les regatean el pago de las liquidaciones que establece la ley, o se los demoran por mucho tiempo y muchas veces ni se las pagan. El Estado, sobre todo, cuando es autoritario como el de Nicaragua, es un ente todopoderoso e insensible, frente al cual la gente está en total indefensión.
Los especialistas en diversas disciplinas profesionales explican las múltiples y graves consecuencias económicas, sociales que el desempleo tiene para las personas y sus familias. Sobre todo consecuencias humanas, que son las más sensibles porque se refieren a problemas de salud mental, reducción de la autoestima, deterioro de la salud física y pérdida de la capacidad para el crecimiento y desarrollo profesional.
Y lo peor es que el Gobierno sigue dictando medidas políticas y administrativas que reducen más la seguridad jurídica y la confianza de la clase empresarial privada, que es la única que tiene capacidad para crear empleos productivos y sostenibles.
