El periódico venezolano El Nacional dijo en su editorial de este viernes 23 de agosto, que a nadie sorprendió la resolución dictada el día anterior por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que pretende validar el fraude electoral perpetrado por el régimen de Nicolás Maduro el 28 de julio pasado para atornillarse en el poder al menos por seis años más.
Ciertamente, todos los venezolanos —y cualquier persona informada en otro país— saben que en Venezuela no hay independencia de poderes y que el órgano judicial no existe para hacer justicia, sino para satisfacer los intereses del régimen socialista autoritario.
El régimen de Maduro se ha negado a publicar las actas de votación del 28 de julio, como lo sigue demandando con insistencia la comunidad democrática internacional. Tiene las actas, pero no las muestra como manda su misma ley, porque prueban el triunfo del candidato opositor Edmundo González Urrutia.
Maduro, en vez de mostrar las actas de votación sometió el caso electoral a la consideración de su poder judicial, que de acuerdo con la misma Constitución chavista no tiene facultad legal para hacer tal cosa, y mucho menos autoridad política y moral para que se puedan creer sus decisiones. Obviamente, el propósito de Maduro era que su tribunal validara el fraude y lo declarara cosa juzgada, de obligatorio acatamiento.
Pero eso es imposible, pues como se dice en el editorial de El Nacional de este viernes: “La presidenta del TSJ y el presidente del CNE (Consejo Nacional Electoral) son miembros dóciles del partido de gobierno, igual que el fiscal general. La Asamblea Nacional, expresión de la soberanía popular, carece desde hace años de la más mínima legitimidad. Y los mandos militares, corrompidos y politizados, ordenan apuntar los fusiles contra quienes deben defender”.
Lo cierto es que en Venezuela no existe la institucionalidad, entendida como el ejercicio de los poderes públicos despojado de “la dominación y la influencia de lo personal, caprichoso, incierto y accidental”, como es característico de los regímenes autoritarios en todas sus modalidades.
En Venezuela —como en Nicaragua— no hay justicia en el sentido auténtico de la palabra. No hay un poder judicial del Estado como sociedad organizada, según existe y funciona en los países civilizados y democráticos. Lo que hay y funciona en Venezuela es un poder judicial politizado y sectario del régimen de Maduro, que también tiene a su servicio un poder legislativo, un poder fiscal y un poder armado policial y militar, todos los cuales se coordinan para sostenerlo contra viento y marea, mediante la fuerza y el terror.
Sin embargo, entender y decir que en Venezuela no hay justicia ni una institucionalidad digna de ser creída y respetada, no resuelve la crisis socioeconómica, política y humanitaria que sufre esa nación, provocada por la revolución socialista bolivariana y agravada últimamente por el fraude del 28 de julio, que parece haber lapidado las esperanzas del pueblo venezolano.
Al respecto se dice también en el editorial de El Nacional que comentamos, que los venezolanos tienen que “persistir en el sueño de liberar a Venezuela de este poder indolente y criminal. (Y que) La comunidad internacional debe presionar con más vehemencia y eficiencia en favor de la recuperación democrática de Venezuela”.
Pero la verdad es que la gente no puede estar permanentemente en las calles, sufriendo la represión criminal de un régimen feroz y antihumano. Y está claro que la comunidad democrática internacional no puede —o no quiere— hacer por Venezuela nada más que declaraciones y sanciones al régimen, que lo afectan pero no lo obligan a ceder.
Como dicen los expertos y enseña la experiencia internacional, mientras las poderosas fuerzas armadas venezolanas no se le volteen a Maduro, la dictadura seguirá navegando hacia el totalitarismo. O en el menor de los casos a la confirmación del “legalismo autocrático”, según la expresión de científico político Javier Corrales, del Amherst College, de Massachusetts, para describir e ilustrar “cómo el retroceso democrático en Venezuela fue impulsado por el uso, abuso y desuso de la ley”.
Y explica el profesor Corrales que precisamente “el Tribunal Supremo de Justicia de la nación (TSJ) ha sido la herramienta preferida para ocultar los abusos. En lugar de proteger la Constitución a través de la revisión judicial, el TSJ ha adoptado interpretaciones retorcidas para destruir los cimientos de una democracia constitucional otrora saludable”.
