El sociólogo y miembro de la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia Red Local, Silvio Prado, manifestó que la dictadura Ortega Murillo ve a las organizaciones civiles como responsables del origen del estallido social de 2018, por eso está tratando de exterminar a las organizaciones no gubernamentales u organizaciones sin fines de lucro (ONG/OSFL).
“El Gobierno quiere acabar con toda expresión de organización de la sociedad civil, para evitar que por ahí le nazca una protesta o inconformidades, no quiere que la gente se asocie para agrupar sus demandas. Quisieran que no nos comuniquemos unos con otros”, dijo Prado.
Ortega y Murillo no aceptan que la mayoría los rechaza
Prado además ve en esto una negación del dictador y su esposa a aceptar que las manifestaciones civiles de 2018 fueron una reacción espontánea de cada uno de sus participantes, que encontraron valor en una consciencia compartida de querer un cambio para el país. Aceptar eso significa admitir que la mayoría de la población nicaragüense no los quiere, estimó.
“Como el Frente (Sandinista) y el Gobierno le echan la culpa a la sociedad civil de la autoconvocatoria y no puede culpar a nadie en particular, porque no hubo una organización que convocara las protestas, le pasa la factura a toda la sociedad civil en su distintas formas”, explicó Prado.
Esta semana, el régimen de Daniel Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, arrasaron con la personalidad jurídica de 1,500 ONG, sumando ahora más de 5,000 organismos cancelados y confiscados desde 2018. Antes de 2018, habían por lo menos 7,200 ONG, según datos oficiales. Con las cancelaciones solo quedan alrededor de 2,200, según el conteo de organizaciones nicaragüenses en el exilio.
También este martes 20 de agosto, la Asamblea Nacional, bajo el control del régimen orteguismo, aprobó un paquete de reformas que obligan a las ONG a trabajar en alianzas con las instituciones del Estado y también les quita las exoneraciones.
La relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Gina Romero, se refirió este martes a la eliminación de las 5,000 ONG en Nicaragua, expresando su preocupación por esta situación.
Me sumo a la preocupación de @UNHumanRights sobre el nuevo cierre masivo de OSC en #Nicaragua. Ya serían más de 5.000 organizaciones cerradas de forma arbitraria, incluyendo asociaciones religiosas, medios de comunicación, universidades. El cierre incluye el control de sus…
— Gina Romero (@Ginitastar) August 20, 2024
La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Liz Throssell, también se pronunció sobre el tema, destacando “el grave impacto de estas medidas en los derechos a la libertad de asociación y expresión, así como en la libertad religiosa”.
Más dificultad para defender DD. HH. en Nicaragua
Según la funcionaria internacional, este cierre de espacios “hace que la defensa de los derechos humanos sea cada vez más difícil en Nicaragua. De las organizaciones de la sociedad civil que siguen funcionando, muchas han optado por la autocensura o la disolución en medio de leyes restrictivas que restringen sus actividades”, expresó Throssell.
El afán por eliminar las ONG es algo que el régimen orteguista tenía en su agenda desde que retornó al poder en 2007. El sociólogo Prado apuntó que el 86 por ciento de las asociaciones que habían antes que Ortega regresara al poder se crearon después de 1990, cuando fue el comienzo de un contexto de democracia en el que ya no había obligación de seguir lineamientos políticos, como ocurría con el anterior régimen del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
“Cuando Ortega volvió al gobierno se encontró con una sociedad civil sumamente densa y bien organizada y no necesariamente respondían a la lealtad del FSLN, que estaban acostumbrados en los años ochenta: los CDS, Anden, la Juventud Sandinista”, recordó Prado.
Resurgimiento de reuniones de catacumbas
Sin embargo, el sociólogo valoró que el régimen orteguista no está tomando en cuenta que las asociaciones son parte de la naturaleza humana y no necesitan una personalidad jurídica para establecerse. Prado incluso está seguro que muchas de las organizaciones eliminadas no tenían fines económicos, solo el simple interés de sentirse parte de un grupo.
“El que te quiten la personalidad jurídica no impide que te asociés”, dijo el sociólogo.
Un nuevo descontento social tampoco podrá ser evitado por la dictadura, según Prado, quien señaló que incluso en actividades que podrían parecer banales, como las asociaciones de hípicas, las personas que están organizadas para estos eventos cuestionarán todo lo que les afecta en relación con sus intereses.
“La gente se va a seguir reuniendo, lo hará a escondidas o de manera que no llame la atención. Todo esto a largo plazo podría ser que encuentre nuevas formas de expresión, porque la gente ya aprendió a luchar de manera organizada. Habrá otras formas de reunirse, de protestar, de gestionar, incluso pueden surgir reuniones de catacumbas”, consideró Prado.