La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, aprobó este martes incluir en un proyecto de ley para fiscalizar la actuación y financiamiento de las ONG, la disolución judicial de toda organización que viole las disposiciones establecidas en esta normativa.
Durante la sesión, el Legislativo acordó que sean los tribunales de primera instancia en materia civil los «competentes para acordar la disolución de una organización no gubernamental u organización social sin fines de lucro», a la que «deberá garantizarse el derecho a la defensa y al debido proceso».
El documento advierte que será disuelta la organización que, entre otras causas, incurra «en las prohibiciones establecidas en la ley, declarado por decisión judicial», o en «la falta de pago por cualquier multa impuesta».
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Las ONG, según el proyecto de ley, tienen prohibido recibir o hacer aportes económicos destinados a organizaciones políticas y llevar a cabo «actividades propias de los partidos políticos», así como «promover el fascismo, la intolerancia o el odio».
Asimismo, deben notificar «el financiamiento o donaciones» que reciban, a fin de «asegurar la licitud de los fondos», además de declarar las «donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes».
Por otra parte, según el texto, corresponde al Ejecutivo el «seguimiento y control del cumplimiento» de los «deberes y prohibiciones» establecidos en el proyecto de ley, para lo que, entre otras medidas, implementará y evaluará mecanismos que sirvan para estos fines.
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La AN retoma este proyecto de ley tres meses después de su última discusión, el pasado mayo, pese a las advertencias de numerosas ONG, que alertan de una «supresión del espacio cívico y del derecho de asociación».
A juicio de organizaciones no gubernamentales, ha sido «pública y notoria la intención de hostigar, criminalizar e inhabilitar a la sociedad civil» con este texto que -recalcan- «viola derechos humanos».
La creación de esta ley fue aprobada por el Legislativo en enero de 2023 en vista, según señaló entonces el chavismo, de que casi todas estas agrupaciones tienen fines políticos y de desestabilización.
