Dos semanas después de que Nicolás Maduro se robó la elección presidencial, que perdió ante el candidato de la oposición Edmundo González Urrutia, Venezuela sigue sumida en una profunda crisis política y ante la encrucijada de seguir por el camino de la revolución bolivariana y un mayor desastre nacional, político, económico, social y humanitario, o tomar el rumbo de una transición hacia la democracia.
En esta situación, la intermediación de los presidentes izquierdistas Lula da Silva, López Obrador y Gustavo Petro, de Brasil, México y Colombia respectivamente, que las dos partes en pugna aceptaron de hecho, creó la esperanza en que el grave conflicto venezolano se podría resolver de manera satisfactoria.
Sin embargo, la intermediación oficiosa de los mencionados presidentes izquierdistas también suscitó en el sector democrático el temor de que su verdadero propósito sea ayudar al régimen de Maduro a ganar tiempo; a que la efervescencia popular se apague o disminuya por efecto del cansancio popular y el temor a la brutalidad extrema de la represión.
La desconfianza es comprensible, porque los presidentes izquierdistas intermediarios son afines ideológicamente a Maduro, han sido buenos amigos y en algunos casos hasta cómplices de la dictadura bolivariana o chavista de Venezuela.
Pero también hay gente democrática que confía en la buena fe de Lula, López Obrador y Petro en este caso; creen en su sinceridad porque sus propuestas para resolver la crisis venezolana se basan en el respeto a la regla básica de la democracia de que el poder político legítimo es el que nace de elecciones transparentes y se ejerce mediante la práctica de la alternabilidad en el poder.
Lo que pasa es que la izquierda gobernante en Latinoamérica no es monolítica, una parte de ella —como la que gobierna en Brasil, México, Colombia y Chile— reconoce y respeta las reglas democráticas de las elecciones competitivas y el cambio de gobierno de conformidad con la voluntad popular. La otra parte, en cambio, es autoritaria, incluso totalitaria y después de que ha tomado el poder por cualquier medio legal o ilícito, pone fin a la libertad y la competencia política y no permite más elecciones libres. Obviamente, estos son los casos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Los gobernantes izquierdistas autoritarios entienden el diálogo y la negociación como instrumentos para someter a los opositores, y solo ceden el poder cuando son obligados por una fuerza superior a la de ellos. De manera que la lógica indica que la dictadura izquierdista autoritaria de Venezuela no va a entregar el poder voluntariamente, por muchas garantías nacionales e internacionales que se le ofrezcan.
Roberto Álvarez Quiñónez, un veterano periodista político cubano exiliado en Estados Unidos y muy buen conocedor de la realidad de Venezuela, advierte que el mayor problema es que “para restaurar la democracia, el pueblo venezolano no solo debe enfrentarse a Maduro y sus matones, sino también a la maquinaria represiva, logística, política y de contrainteligencia de la tiranía castrista”. A lo cual hay que agregar sus vínculos estrechos con el narcotráfico y otras formas del crimen internacional.
La dictadura venezolana no cederá el poder por las buenas, señala Álvarez Quiñónez. Y agrega que lo único que podría producir el cambio sería una ruptura en las fuerzas armadas. Solo “los militares con mando directo de tropas y no vinculados al narcotráfico podrían obligar a Maduro aceptar la derrota”.
Ojalá que tal cosa pudiera ocurrir. Pero siendo realistas, debemos decir que si acaso la aguda crisis política de Venezuela desembocara en una transición, esta no sería hacia la democracia sino a una dictadura más cerrada, como las de Cuba y Nicaragua.
