La crisis política de Venezuela continúa y se agrava después de diez días del gran fraude electoral del domingo 28 de julio, mediante el cual Nicolás Maduro se autoproclamó presidente reelecto de Venezuela y luego desató una criminal represión contra la población que salió a las calles para protestar.
Justamente preocupada, la comunidad internacional de países democráticos hace intensos esfuerzos diplomáticos para ayudar a que la crisis venezolana se resuelva de manera satisfactoria para las partes en conflicto.
Pero una salida pacífica mediante un acuerdo entre las partes, como sugiere la diplomacia internacional, solo sería posible si Nicolás Maduro reconociera el triunfo de la oposición y negociara las condiciones para su salida del poder. Algo que por su ideología y talante totalitario es muy difícil que lo acepte.
La otra salida sería que la oposición se rindiera y pusiera fin a las protestas populares a cambio de que el régimen cese la represión. Pero también esto es imposible, porque como reiteró ayer María Corina Machado la oposición ha demostrado que ganó ampliamente la elección y en la defensa de su victoria “no hay marcha atrás”.
Ante lo que pareciera un callejón sin salida, y ante el penoso fracaso de la OEA que no pudo ni siquiera aprobar una tibia resolución pidiendo que el régimen de Maduro mostrara las actas de las votaciones, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, informó ayer que está promoviendo una cumbre regional de jefes de Estado para buscar y tratar de encontrar una solución.
Se conoce que también los presidentes izquierdistas Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia y Andrés Manuel López Obrador de México, impulsan su propia iniciativa para lograr un acuerdo del derrotado gobierno de Maduro con la victoriosa oposición. No explican su plan, pero los observadores intuyen que se trata de una propuesta para que se declare nula la votación del 28 de julio y se convoque a una nueva elección con garantías para la participación opositora.
Al respecto, el expresidente democrático de Colombia, Iván Duque, opinó el lunes de esta semana en un programa de CNN en Español que la única negociación posible es la salida de Nicolás Maduro del poder con garantías para él y sus secuaces. Se trata de una opinión absolutamente correcta, sin duda, pero imposible de lograr, a menos que una presión externa irresistible obligue al régimen chavista a aceptar su derrota y entregar el gobierno.
Unos veinte países de las Américas y Europa, incluyendo a Estados Unidos (EE. UU.), rechazaron el fraude de Maduro y reconocieron la victoria de la oposición, exigiendo al régimen venezolano que muestre todas las actas de las votaciones para que sean escrutadas internacionalmente de manera transparente e imparcial.
Sin embargo, EE. UU. se desmarcó un poco al aclarar que su reconocimiento de la victoria electoral opositora no significa reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, igual que sí lo han hecho otros gobiernos de la región. Para algunos observadores esta aclaración podría ser una señal de que EE. UU. está en sintonía con los gobiernos de Brasil, Colombia y México para forzar una salida intermedia de la crisis como la ya mencionada anulación de las votaciones del 28 de octubre y convocatoria a una nueva elección.
Como sea, la verdad es que “no hay transición sin transacciones”, según lo explicó a la revista académica estadounidense American Quarterly el experto Ángel Alvarado, investigador principal del Departamento de Economía de la Universidad de Pensilvania.
La opinión de Alvarado fue citada por la periodista Mie Hoejris Dahl, enviada especial de dicha revista a Caracas. Quien agrega su propia reflexión acerca de que “Maduro y su círculo más cercano podrían utilizar el reconocimiento de los resultados electorales como herramienta de negociación, como cuando Daniel Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, cedió el poder a Violeta Chamorro, de la Unión Nacional Opositora, en Nicaragua en 1990, en parte a cambio de dejar que su hermano Humberto Ortega mantuviera el control del ejército”.
Por supuesto que fue mucho más que eso lo que debieron ceder doña Violeta y el sector de la UNO que la apoyaba, para que los sandinistas reconocieran su derrota y entregaran el gobierno a quienes habían ganado las elecciones.
Pero, en cualquier caso, la experiencia de Nicaragua se debiera tener en cuenta en la negociación de nuevas transiciones a la democracia. Por supuesto que no para copiarla ni repetir los errores que se cometieron, sino precisamente para evitarlos.
