Mientras esperaba viendo por televisión los resultados oficiales de las últimas elecciones en Venezuela, los comentaristas de CNN en Español mantenían un fragoso debate sobre las características del régimen de Nicolás Maduro y sobre cómo habría que calificarlo. Las opciones semánticas eran múltiples: gobierno autoritario, dictadura, totalitarismo… Y cuando alguien proponía una denominación excesivamente rotunda, salía a relucir, por comparación, el caso de Nicaragua: no podían exagerar el apelativo porque al menos en Venezuela se estaban celebrando unas elecciones, a diferencia de otros países de la región en los que esa posibilidad no pasa de ser una burda puesta en escena sin las mínimas garantías. ¡Todo podía ser siempre peor!
Y es que estas elecciones habían sembrado la esperanza en la oposición y en la comunidad internacional de que iban a ser celebradas en un marco de respeto democrático suficiente, con mecanismos de control adecuados y la posibilidad de contar con testigos de diferentes partidos en cada mesa de votación. No hay duda, empero, de que los dados iban cargados, pues se negó el acceso a la observación electoral de la UE o la OEA, y se impidió a la principal candidata de oposición la posibilidad de postularse a la presidencia, entre otros factores previos que ponían muchas dudas sobre el proceso. Pero era, a priori, la mejor oportunidad desde hace muchos años para preguntarle a los venezolanos libremente sobre su futuro inmediato.
Las expectativas creadas, aun así, no dejaron de sorprenderme. Por principio, una dictadura (o como quiera llamarse a este tipo de régimen) nunca convoca elecciones para perderlas. La posibilidad de someter a juicio popular la continuidad en el poder de Maduro implicaba no solo un cambio de presidencia, sino el desmantelamiento de un Estado corrupto y abusivo, el fin del sometimiento a los designios de una cúpula aferrada al poder y la posibilidad de abrir una transición democrática negociada, pues así se dijo por escrito por parte de Edmundo González y María Corina Machado, quienes siempre han llamado a la reconciliación. También suponía desarticular un aparataje público exacerbado basado en prebendas y nepotismo y aplacar la posible ira de las fuerzas de choque, que podían ver en peligro su estatus privilegiado.
En un escenario abierto y transparente, las encuestas apuntaban a una derrota aplastante del régimen, pero nada de eso valdría si no se demostrara en las urnas. Y para demostrarlo es necesario contar con todos los instrumentos que permitan poner sobre la mesa las pruebas: actas de votación, principalmente. La legitimidad de las elecciones, asumida tanto por los principales países del mundo como por la propia oposición, que participó en ellas e hizo campaña en las calles como pudo, es paradójicamente el principal escollo que tiene la MUD para rechazar ahora los resultados emitidos por el CNE. Por eso Maduro insistió tanto en reconocer al árbitro: lo vemos ahora, retrospectivamente, como una hoja de ruta muy bien planificada para seguir seis años más en Miraflores habiendo organizado un supuesto proceso electoral.
Hay opciones para confrontar los hechos: bastaría que el CNE publicara todas las actas y se pudieran cotejar con las que tienen los partidos, pero a estas horas aún no es claro que estos dispongan de toda la documentación. También la comunidad internacional puede tomar varias medidas, desde la presión para realizar un conteo observado acta por acta hasta el desconocimiento de los resultados. Y queda la calle, que ya desde el día después se ha calentado en distintos lugares del país y puede aguantar unos días a costa de poner vidas en riesgo. Pero nada de esto augura un cambio real en la correlación de fuerzas, que seguirá dependiendo de quien tenga el monopolio de la violencia.
Aunque Nicaragua fue un buen alumno inicial del chavismo, ahora ya ha superado a Maduro en fórmulas que pueden ser exportadas a otros países: fraudes electorales, persecución de opositores, exilios forzados, represión armada y otras variantes que están permitiendo consolidar modelos de autoritarismo en América disfrazados de una supuesta lucha social. Pura charlatanería: la nula posibilidad de alternar el poder impide contrastar modelos políticos distintos desde el convencimiento y el debate, y el modelo de partido único arrastra a los pueblos hasta el fango del subdesarrollo. Y peor aún: se envuelven en el ropaje del progresismo social, convirtiendo esta pugna entre dictadura y democracia en una supuesta lucha entre izquierda y derecha. Así llevan a su terreno ideológico (que también es vana palabrería) lo que solo es un combate de la ciudadanía a favor de la libertad.
Y bien saben los nicaragüenses que la salida de este túnel no es fácil ni rápida, y en todo caso no va a depender de pronunciamientos externos. Los regímenes autoritarios han aprendido a vivir en este siglo XXI con el repudio de otras naciones, incluso con las sanciones o los bloqueos. La solución solo puede venir de la presión interna sistemática y de la organización constante y decidida entre todos los demócratas, adentro y afuera del país. La lección venezolana es un reflejo casi exacto de lo que podría ocurrir en noviembre de 2026, si acaso llegamos indemnes a esa fecha. ¿Alguien puede afirmar seriamente que se van a convocar elecciones libres en Nicaragua bajo esta pareja presidencial? ¿Todavía hay algún ingenuo que sigue vendiendo el humo de poder lanzarse como candidato después de lo ocurrido este domingo?
Al menos, y no es poco, ya han caído todas las máscaras desde el 28 de julio: el dictador venezolano ha asumido su papel sin asomo de vergüenza, para que desde cualquier parte le puedan llamar abiertamente como lo que ha decidido ser. La izquierda mundial ha tenido que pronunciarse y ya sabemos quién es quién en cada país, desde la dignidad sincera de Boric, el funambulismo inmoral de AMLO y la blandengue rectificación del actual Lula. Y en la Nicaragua bendita y siempre libre, la compañera derrama sus acarameladas felicitaciones a Nicolás Maduro para mayor gloria de sus regencias perpetuas. No es tiempo de esconderse: este panorama pide coraje y claridad, y el silencio cómplice ya no es una opción.
El autor es cooperante español en Centroamérica.
